El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez anunció este jueves la movilización de un batallón de paracaidistas al estado occidental de Táchira, fronterizo con Colombia, donde las protestas de los últimos días han sido particularmente violentas, mientras que los manifestantes se preparan para una oleada de marchas convocada para el sábado para protestar por la detención del líder opositor Leopoldo López.
Así, la detención de López, que fue ratificada por un juzgado, se suma a la lista de reclamos de miles de manifestantes que en los últimos días han protestado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro por la escasez de bienes y servicios básicos, una galopante inflación y altos índices de criminalidad.
El ministro justificó el envío de miembros del Ejército a las carreteras cercanas a San Cristóbal alegando que "sabemos que por esas vías están trayendo ciudadanos colombianos que sin ninguna duda aquí está metida la mano de (ex presidente) Álvaro Uribe. En principio vamos a abordar la ciudad de San Cristóbal y luego nos vamos a extender a poblaciones aledañas".
The Associated Press se intentó comunicar con Uribe, pero no respondió.
El alto funcionario aseguró que los "focos de violencia" del Táchira y otras ciudades "se han ido reduciendo".
Las protestas callejeras ya llevan nueves días en Caracas en la que constituye la primera crisis política que enfrenta Maduro, de 51 años, desde que asumió el gobierno en abril de 2013.
Hasta el momento, las protestas han dejado seis muertos, unos 70 heridos, y más de dos centenares de detenidos.
La ciudad suroccidental de San Cristóbal, capital del estado Táchira, ha sido epicentro de violentas protestas callejeras en las últimas dos semanas, lo que obligó a Maduro a anunciar en la víspera la posible declaratoria de un estado de excepción para el estado fronterizo y ordenar la suspensión del porte de armas.
"Esas unidades van a permitir que la logística de la ciudad funcione, que lleguen alimentos, que la gente pueda circular y normalizar la vida", dijo el ministro Rodríguez Torres el jueves a la prensa desde San Cristóbal. "No se trata de una militarización, simplemente se trata de recuperar el orden. Si seguimos así en pocos días no habrá en el Táchira comida ni combustible".
En alocución televisada el gobernador del estado central de Miranda y dos veces candidato presidencial por una coalición opositora, Henrique Capriles, dijo que "la situación en el Táchira no se resuelve con tanques de guerra" , al cuestionar la decisión que tomó el gobierno de reforzar la presencia militar en el estado fronterizo.
Capriles opinó el jueves que es un "grave error" tanto la decisión de trasladar tropas al Táchira y que provocara que la situación de tensión en el país se escale.
"A punta de plomo (Maduro quiere) callar la voz de la gente", dijo Capriles mientras lo instó directamente a desarmar a supuestos "grupos paramilitares armados" que estarían saliendo a la calle a atacar a manifestantes, según han denunciado opositores y organizaciones de derechos humanos.
Capriles también denunció operativos realizados para reprimir al movimiento de protesta y que han implicado, según él, el ingreso a viviendas de estudiantes a quienes acusan de protagonizar un golpe de estado mientras acusó a las autoridades de estar "reprimiendo salvajemente" las manifestaciones.
Dijo que esas acciones no calmarán el malestar general que hay entre los venezolanos por la inflación, el desabastecimiento y la creciente delincuencia e hizo un llamado a las fuerzas armadas a cumplir la Constitución y a no incurrir en excesos y violaciones de derechos humanos.
"¿Cómo se siente el militar patriota al ver alguno de sus compañeros cometiendo violaciones a los derechos humanos? ¿Es que acaso que ustedes están de acuerdo con las cosas que están pasando?", inquirió Capriles.
Otro opositor, Leopoldo López, de 42 años, sigue aguardando el inicio de su proceso penal luego de ser acusado de promover manifestaciones violentas y de que se ratificara su detención.
Su defensa anunció el jueves que apelará la decisión de mantenerlo preso, cuyo encarcelamiento ha generado protestas en Caracas y otras ciudades del interior. El dirigente permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, adonde fue llevado el martes 18 de febrero tras entregarse a las autoridades.
Uno de sus abogados, Juan Carlos Gutiérrez, cuestionó la decisión que tomó la jueza del caso de realizar el miércoles en la noche la primera audiencia en el caso de López dentro de Ramo Verde y confirmó a la emisora local, Unión Radio, que el viernes presentarán la apelación.
Gutiérrez dijo que las autoridades judiciales "eliminaron los cargos de terrorismo y homicidio" contra López, y solo le dejaron las imputaciones por de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública, y asociación para delinquir.
San Cristóbal amaneció el jueves en tensa calma. El secretario general de la alcaldía, Sergio Vergara, dijo a la AP en diálogo telefónico que persistían algunos brotes de violencia y que desde hace dos días y hasta la madrugada del jueves han llegado refuerzos de la guardia nacional enviados por el gobierno desde localidades cercanas.
Aunque no se han producido víctimas fatales, la ciudad está sin transporte público, presenta fallas en el servicio de internet y que la noche del miércoles sufrió apagones y cortes en el servicio telefónico, dijo Vergara.
El funcionario calculó que en San Cristóbal se encuentran al menos 3.000 uniformados y que aunque no existe un decreto de militarización o estado de excepción que cobije a esta ciudad de 600.000 habitantes, la presencia de la fuerza pública se nota en todas partes.
El servicio de internet fue cortado el jueves en buena parte del oeste de San Cristóbal tras una noche de violencia en las calles, dijo Beatriz Font, periodista local con la red regional de televisión TRT.
"Encima, hay lugares sin servicio telefónico", dijo la periodista al asegurar que "el servicio de datos en mi teléfono celular es muy limitado".
El gobierno ejerce un cuasi monopolio sobre los medios de comunicación del país. Por eso, las redes sociales se han convertido en los últimos días en medios cruciales para que los activistas opositores convoquen a las manifestaciones e informen sobre muertes, lesiones y detenciones.
Caracas, la capital del país, amaneció el jueves en calma con algunos establecimientos comerciales cerrados al este de la ciudad y con desechos de materiales quemados y arrumados en las orillas de las calles.
Los accesos al municipio capitalino de El Hatillo, al sureste, fueron bloqueados el jueves por algunos manifestantes que colocaron barricadas con basura, troncos de árboles y alambrados, lo que obligó a centenares de personas, que habitan y laboran en la zona, a caminar varios kilómetros para ingresar o salir del lugar.
Varios grupos pro oficialistas, que operan en el oeste de la capital, conocidos como "colectivos", salieron el jueves a recorrer en motocicletas algunos lugares del centro de la capital mientras lanzaban al aire fuegos artificiales para llamar la atención de los transeúntes.
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