Gobierno entrampado Por Pedro A. Palma
Lunes, 25 de abril de 2011
Veremos el relanzamiento de las misiones con el fin de que proliferen las dádivas con fines electorales. Ello implicará un incremento notable del gasto público
El gobierno ha enredado todo de tal manera que ahora se encuentra atrapado por una maraña que él mismo creó. Estataliza empresas a diestra y siniestra e irrespeta derechos fundamentales, como el de la propiedad, para ahora verse cada vez más impedido de producir los bienes que requiere la economía.
Impone un enjambre de controles y obligaciones a las empresas privadas hasta condenarlas a trabajar a pérdida, creando problemas de desabastecimiento y dependencia de suministro externo cada vez más agudos. Ha incrementado notablemente el número de empleados del Estado, para ahora verse impedido de manejar la enorme carga financiera que ello le ha implicado, condenando a las personas que trabajan en el sector público a recibir remuneraciones de hambre, pues la capacidad de compra de sus ingresos nominales se contrae día a día por la voraz inflación que padecemos.
Los trabajadores que en el pasado tenían la esperanza de mejorar su condición de vida al pasar a trabajar para el Estado, son los que ahora protestan vehementemente con el fin de forzar al gobierno a tomar acciones para mejorar sus condiciones de trabajo. Hizo despidos masivos en PDVSA y revirtió el proceso de apertura petrolera, violando contratos y atropellando derechos de los trabajadores y de los socios extranjeros, para ahora ver mermada la capacidad de producción y exportación de hidrocarburos, de la que dependemos más que nunca.
Sin duda, el gobierno está en un atolladero. Pero, ¿cómo manejará el problema? Creo que entrampando aún más la situación. El DRAE le da varias acepciones a la palabra entrampar. Dice que además de significar meterse en un trampal o atolladero, que es lo que sin duda ha sucedido, también es enredar y confundir un negocio, de modo que no se pueda aclara o resolver; hacer que un animal [o una población] caiga en la trampa; engañar artificiosamente; y, finalmente, contraer deudas o endeudarse. Pienso que todo eso es lo que hará la actual administración.
Si en algo es bueno el equipo que nos gobierna es en enredar las cosas y en tergiversar las realidades, achacándole la culpa de todos los males que padecemos a cualquiera, menos al gobierno. Sólo basta mencionar la insólita desfachatez de los voceros gubernamentales al decir que después de doce años en el poder los problemas nacionales fundamentales, tales como la inflación, la inseguridad, el caos eléctrico y tantos otros, son culpa de las anteriores administraciones.
Adicionalmente, ya nos tienen acostumbrados a las reiteradas prácticas propagandísticas de corte fascista de decir mil veces una mentira hasta convertirla en verdad, siendo ejemplo palpable de ello la acusación de golpistas a todos los opositores al régimen, y la justificación de las sangrientas acciones militares de 1992 como una necesaria insurrección contra el oprobioso e ilegítimo régimen de entonces.
Ante la realidad de las próximas elecciones presidenciales, no me cabe duda de que se hará todo lo que haya que hacer, sin importar las consecuencias, para asegurar el triunfo. A tales fines, los jerarcas gubernamentales saben que lo importante es crear una ilusión de mejora en la condición de vida de la masa poblacional de más bajos ingresos, en vez de buscar la verdadera solución al problema de la pobreza, a través del abatimiento de la inflación y del estímulo a la inversión, con el fin de crear abundantes oportunidades de trabajo permanentes y bien remuneradas.
Por eso creo que lo que veremos será el relanzamiento de las misiones con el fin de que proliferen las dádivas que tantos dividendos electorales generan en sociedades como la nuestra. Ello implicará un incremento notable del gasto público, que será cubierto con los ingresos adicionales del petróleo, con financiamiento del BCV y con nuevo y abundante endeudamiento. En otras palabras, volveremos a ser testigos de las prácticas de entrampamiento a las que ya nos tiene acostumbrados este entrampado gobierno.
jueves, abril 28, 2011
CHINA
¿Está China superando a los Estados Unidos?
por Joseph S. Nye en Prodavinci
27-04-2011
China superó a Japón para convertirse en la segunda economía más grande del mundo. ¿Superará a los Estados Unidos de América?
El siglo XXI es testigo del retorno de Asia a lo que podrían considerarse sus proporciones históricas en cuanto a población y economía del mundo. En 1800, Asia representaba más de la mitad de la población y la producción global. Para 1900, representaba apenas el 20% de la producción mundial –no porque a Asia le hubiera sucedido algo malo, sino más bien porque la Revolución Industrial había transformado a Europa y Norteamérica en el taller del mundo.
La recuperación de Asia comenzó con Japón, luego se trasladó a Corea del Sur y al sudeste asiático, empezando por Singapur y Malasia. Ahora la recuperación está centrada en China, y cada vez más involucra a la India, mientras en el proceso permite que cientos de millones de personas salgan de la pobreza.
Este cambio, sin embargo, también crea ansiedades respecto de las relaciones de poder cambiantes entre los estados. En 2010, China superó a Japón para convertirse en la segunda economía más grande del mundo. De hecho, el banco de inversión Goldman Sachs espera que el tamaño total de la economía china supere al de Estados Unidos para 2027.
Aún si el PIB chino general alcanza una paridad con el de Estados Unidos para 2020, las dos economías no serán iguales en composición. China seguirá teniendo un amplio sector rural subdesarrollado. Suponiendo un crecimiento del PBI chino del 6% y un crecimiento de Estados Unidos del 2% después de 2030, China no sería igual a Estados Unidos en términos de ingresos per capita –una medición mejor de la sofisticación de una economía- hasta algún momento cercano a la segunda mitad del siglo.
Es más, las proyecciones lineales de las tendencias de crecimiento económico pueden ser engañosas. Los países emergentes tienden a beneficiarse de las tecnologías importadas en las primeras etapas del despegue económico, pero sus tasas de crecimiento generalmente se ralentizan conforme alcanzan niveles más elevados de desarrollo. Y la economía china enfrenta serios obstáculos para un crecimiento rápido sostenible, debido a sus empresas estatales ineficientes, una creciente desigualdad, una profusa migración interna, una red de seguridad social inadecuada, corrupción e instituciones inapropiadas, todo lo cual podría fomentar la inestabilidad política.
El norte y el este de China han superado al sur y al oeste. China -casi el único caso entre los países en desarrollo- está envejeciendo extraordinariamente rápido. Para 2030, China tendrá más personas mayores a su cargo que niños. Algunos demógrafos chinos temen que el país se vuelva viejo antes de volverse rico.
Durante la pasada década, China pasó de ser el noveno exportador en importancia del mundo a ser el líder, desplazando a Alemania del puesto número uno. Pero el modelo de desarrollo liderado por las exportaciones de China necesitará ajustarse a medida que los equilibrios comerciales y financieros globales se vuelvan más contenciosos. Por cierto, el duodécimo Plan Quinquenal de China apunta a reducir la dependencia de las exportaciones y estimular la demanda doméstica. ¿Funcionará?
El sistema político autoritario de China hasta ahora demostró una capacidad sorprendente para alcanzar objetivos específicos -por ejemplo, montar unos Juegos Olímpicos exitosos, construir proyectos ferroviarios de alta velocidad o incluso estimular la economía para recuperarse de la crisis financiera global-. Que China pueda o no mantener esta capacidad en el largo plazo es un misterio para los de afuera y hasta para los propios líderes chinos.
A diferencia de la India, que nació con una constitución democrática, China todavía no ha encontrado una manera de canalizar las demandas de participación política (si no democracia) que tienden a acompañar un creciente ingreso per capita.
La ideología comunista desapareció hace tiempo, de manera que la legitimidad del partido gobernante depende del crecimiento económico y del nacionalismo étnico han. Si China puede desarrollar o no una fórmula para manejar una clase media urbana en expansión, una desigualdad regional y un resentimiento entre las minorías étnicas todavía está por verse. El punto básico es que nadie, ni siquiera los chinos, saben de qué manera el futuro político de China afectará su crecimiento económico.
Algunos analistas sostienen que China apunta a desafiar la posición de Estados Unidos como la potencia dominante del mundo. Aún si ésta fuera una evaluación precisa de las intenciones de China (y ni los chinos pueden saber las opiniones de las generaciones futuras), es improbable que China tenga la capacidad militar para lograrlo. Sin duda, los gastos militares chinos, que subieron más del 12% este año, han venido creciendo aún más rápido que su economía. Pero los líderes de China tendrán que lidiar con las reacciones de otros países, así como con las limitaciones que trae aparejada la necesidad de mercados y recursos externos para satisfacer sus objetivos de crecimiento económico.
Una postura militar china que sea demasiado agresiva podría producir una coalición de contrapartida entre sus vecinos, debilitando así el poder duro y blando de China. En 2010, por ejemplo, cuando China se volvió más enérgica en su política exterior hacia sus vecinos, sus relaciones con la India, Japón y Corea del Sur se vieron afectadas. En consecuencia, a China le resultará más difícil excluir a Estados Unidos de los acuerdos de seguridad de Asia.
El tamaño y la alta tasa de crecimiento económico de China casi con certeza aumentarán su fortaleza relativa frente a Estados Unidos en las próximas décadas. Esto seguramente acercará a los chinos a Estados Unidos en términos de recursos de poder, pero China no necesariamente superará a Estados Unidos como el país más poderoso.
Aún si China no sufre ningún revés político doméstico importante, muchas proyecciones actuales basadas exclusivamente en el crecimiento del PBI son demasiado unidimensionales: ignoran al ejército estadounidense y las ventajas del poder blando, así como las desventajas geopolíticas de China en el equilibrio de poder al interior de Asia. Mi propia estimación es que entre el rango de posibles futuros, los escenarios más factibles son aquellos en los que China le planteará un fuerte desafío a Estados Unidos, pero no lo superará en cuanto a poder general en la primera mitad de este siglo.
Más importante aún, Estados Unidos y China deberían evitar desarrollar miedos exagerados de las capacidades e intenciones del otro. La expectativa de conflicto puede en sí misma convertirse en causa de conflicto. En realidad, China y Estados Unidos no tienen intereses en conflicto que estén profundamente arraigados. Ambos países, junto con otros, tienen mucho más para ganar en un contexto de cooperación.
por Joseph S. Nye en Prodavinci
27-04-2011
China superó a Japón para convertirse en la segunda economía más grande del mundo. ¿Superará a los Estados Unidos de América?
El siglo XXI es testigo del retorno de Asia a lo que podrían considerarse sus proporciones históricas en cuanto a población y economía del mundo. En 1800, Asia representaba más de la mitad de la población y la producción global. Para 1900, representaba apenas el 20% de la producción mundial –no porque a Asia le hubiera sucedido algo malo, sino más bien porque la Revolución Industrial había transformado a Europa y Norteamérica en el taller del mundo.
La recuperación de Asia comenzó con Japón, luego se trasladó a Corea del Sur y al sudeste asiático, empezando por Singapur y Malasia. Ahora la recuperación está centrada en China, y cada vez más involucra a la India, mientras en el proceso permite que cientos de millones de personas salgan de la pobreza.
Este cambio, sin embargo, también crea ansiedades respecto de las relaciones de poder cambiantes entre los estados. En 2010, China superó a Japón para convertirse en la segunda economía más grande del mundo. De hecho, el banco de inversión Goldman Sachs espera que el tamaño total de la economía china supere al de Estados Unidos para 2027.
Aún si el PIB chino general alcanza una paridad con el de Estados Unidos para 2020, las dos economías no serán iguales en composición. China seguirá teniendo un amplio sector rural subdesarrollado. Suponiendo un crecimiento del PBI chino del 6% y un crecimiento de Estados Unidos del 2% después de 2030, China no sería igual a Estados Unidos en términos de ingresos per capita –una medición mejor de la sofisticación de una economía- hasta algún momento cercano a la segunda mitad del siglo.
Es más, las proyecciones lineales de las tendencias de crecimiento económico pueden ser engañosas. Los países emergentes tienden a beneficiarse de las tecnologías importadas en las primeras etapas del despegue económico, pero sus tasas de crecimiento generalmente se ralentizan conforme alcanzan niveles más elevados de desarrollo. Y la economía china enfrenta serios obstáculos para un crecimiento rápido sostenible, debido a sus empresas estatales ineficientes, una creciente desigualdad, una profusa migración interna, una red de seguridad social inadecuada, corrupción e instituciones inapropiadas, todo lo cual podría fomentar la inestabilidad política.
El norte y el este de China han superado al sur y al oeste. China -casi el único caso entre los países en desarrollo- está envejeciendo extraordinariamente rápido. Para 2030, China tendrá más personas mayores a su cargo que niños. Algunos demógrafos chinos temen que el país se vuelva viejo antes de volverse rico.
Durante la pasada década, China pasó de ser el noveno exportador en importancia del mundo a ser el líder, desplazando a Alemania del puesto número uno. Pero el modelo de desarrollo liderado por las exportaciones de China necesitará ajustarse a medida que los equilibrios comerciales y financieros globales se vuelvan más contenciosos. Por cierto, el duodécimo Plan Quinquenal de China apunta a reducir la dependencia de las exportaciones y estimular la demanda doméstica. ¿Funcionará?
El sistema político autoritario de China hasta ahora demostró una capacidad sorprendente para alcanzar objetivos específicos -por ejemplo, montar unos Juegos Olímpicos exitosos, construir proyectos ferroviarios de alta velocidad o incluso estimular la economía para recuperarse de la crisis financiera global-. Que China pueda o no mantener esta capacidad en el largo plazo es un misterio para los de afuera y hasta para los propios líderes chinos.
A diferencia de la India, que nació con una constitución democrática, China todavía no ha encontrado una manera de canalizar las demandas de participación política (si no democracia) que tienden a acompañar un creciente ingreso per capita.
La ideología comunista desapareció hace tiempo, de manera que la legitimidad del partido gobernante depende del crecimiento económico y del nacionalismo étnico han. Si China puede desarrollar o no una fórmula para manejar una clase media urbana en expansión, una desigualdad regional y un resentimiento entre las minorías étnicas todavía está por verse. El punto básico es que nadie, ni siquiera los chinos, saben de qué manera el futuro político de China afectará su crecimiento económico.
Algunos analistas sostienen que China apunta a desafiar la posición de Estados Unidos como la potencia dominante del mundo. Aún si ésta fuera una evaluación precisa de las intenciones de China (y ni los chinos pueden saber las opiniones de las generaciones futuras), es improbable que China tenga la capacidad militar para lograrlo. Sin duda, los gastos militares chinos, que subieron más del 12% este año, han venido creciendo aún más rápido que su economía. Pero los líderes de China tendrán que lidiar con las reacciones de otros países, así como con las limitaciones que trae aparejada la necesidad de mercados y recursos externos para satisfacer sus objetivos de crecimiento económico.
Una postura militar china que sea demasiado agresiva podría producir una coalición de contrapartida entre sus vecinos, debilitando así el poder duro y blando de China. En 2010, por ejemplo, cuando China se volvió más enérgica en su política exterior hacia sus vecinos, sus relaciones con la India, Japón y Corea del Sur se vieron afectadas. En consecuencia, a China le resultará más difícil excluir a Estados Unidos de los acuerdos de seguridad de Asia.
El tamaño y la alta tasa de crecimiento económico de China casi con certeza aumentarán su fortaleza relativa frente a Estados Unidos en las próximas décadas. Esto seguramente acercará a los chinos a Estados Unidos en términos de recursos de poder, pero China no necesariamente superará a Estados Unidos como el país más poderoso.
Aún si China no sufre ningún revés político doméstico importante, muchas proyecciones actuales basadas exclusivamente en el crecimiento del PBI son demasiado unidimensionales: ignoran al ejército estadounidense y las ventajas del poder blando, así como las desventajas geopolíticas de China en el equilibrio de poder al interior de Asia. Mi propia estimación es que entre el rango de posibles futuros, los escenarios más factibles son aquellos en los que China le planteará un fuerte desafío a Estados Unidos, pero no lo superará en cuanto a poder general en la primera mitad de este siglo.
Más importante aún, Estados Unidos y China deberían evitar desarrollar miedos exagerados de las capacidades e intenciones del otro. La expectativa de conflicto puede en sí misma convertirse en causa de conflicto. En realidad, China y Estados Unidos no tienen intereses en conflicto que estén profundamente arraigados. Ambos países, junto con otros, tienen mucho más para ganar en un contexto de cooperación.
lunes, abril 25, 2011
PELICULAS
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Colombia
Nuestra colaboradora Virginia Contreras se ha especializado en cubrir todos los aspectos de las relaciones entre Colombia y Venezuela mas allá de aquellas cercanías y discrepancias entre Hugo Chavez y Alvaro Uribe y, por estos días, de las intimidades en la relación de los “nuevos mejores amigos Juan Manuel Santos y el mismo comandante presidente venezolano” tan sorpresivas hoy como sorprendente podrían ser en el futuro.
Considero importante este amplio análisis que ella hace sobre las declaraciones del mandatario colombiano en torno a la presencia o no de la guerrilla de la FARC en territorio venezolano. La primera diciendo que los campamentos guerrilleros habían desparecido de Venezuela.
Luego una en la que dejaba de nuevo las dudas. Otra asegurando que no podía con certeza saberse de su existencia de ese lado de la frontera. Pero la que llevó a colocar contra la pared al presidente colombiano fue una del jefe de la guerrilla, Alfonzo Cano, desde algún lugar de la tierra, pidiendo a uno de sus lugartenientes “Grannobles” que dejara su refugio en el lado venezolano y volviera al combate en Colombia.
Es aquí donde la ex embajadora Conteras señala que “el único confundido respecto al paradero de la guerrilla colombiana es el presidente Santos”.
Reproduzco su articulo completo para darle todos los elementos al lector. Ella ahonda en las razones del acercamiento de Zelaya y Lobo, el interés del presidente Obama y lo que todo esto significa para la OEA y America Latina.
El Extraño Caso de la Desaparición de las FARC de Venezuela
por Virginia Contreras
Muchos se preguntan qué habrá por detrás de los pasos que recientemente han unido a mandatarios tan disímiles como Juan Manuel Santos, de Colombia; Hugo Chávez, de Venezuela; y Porfirio Lobo, de Honduras. La respuesta es muy sencilla: Barack Hussein Obama.
Aún cuando ha sido imperceptible para algunos, los hechos han venido desarrollándose desde meses atrás, en donde han convergido tanto los intereses del mandatario colombiano, por mejorar su política exterior con la vecina Venezuela, como la necesidad del presidente norteamericano de impedir cualquier atisbo de crisis en Latino América.
Si bien resulta difícil señalar desde cuándo el presidente Obama ha tenido entre sus planes presentarse para la reelección presidencial, es obvio que esa posibilidad ha debido rondar por su cabeza desde hace tiempo. Y es que cuatro años pasan volando, más aún cuando el mandatario no las ha tenido todas consigo.
Casos como la reforma del sistema de salud, propiciada por él, hoy en día están en el banquillo de las Cortes norteamericanas en más de veinte estados, y ya ha sido anulada por inconstitucional en Virginia (parcialmente) y en Florida (en su totalidad).
La reforma migratoria, anzuelo para atraer el voto latino, en vez de beneficiar a este esperanzado sector de la población, se ha convertido en un boomerang. Tanto así, que “sólo en los nueve primeros meses de su gobierno se produjeron casi el doble de deportaciones que hace cinco años”, según lo ha ratificado la “Transactional Records Access Clearinghouse” (Trac), de acuerdo a los datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Esto, sin contar las graves diferencias que se han producido en relación con aspectos vinculados a la política exterior del actual gobierno estadounidense en materia de defensa, como la situación en Afganistán, hecho que además de haber causado serias diferencias con importantes autoridades de las fuerzas armadas de los Estados Unidos -por la manera cómo se ha implementado la estrategia- en la práctica pareciera no avizorar un futuro mejor.
Lo evidencian tanto las listas de soldados norteamericanos muertos en acción, como la amenaza que significa el que el conflicto se trasladara hacia países vecinos de aquél, como Pakistán.
La mala suerte ha sido tal para el presidente Obama, que ni siquiera hechos de menor envergadura, como la oferta de eliminación de la cárcel de Guantánamo, o la sustitución de los procesos militares, por juicios civiles a los allí detenidos, han podido materializarse.
Políticas éstas, sin incluir otras de mucho mayor interés para el grueso de la población estadounidense, como la crisis económica, y todos los aspectos vinculados con ésta, como el desempleo, el recorte o no de los impuestos, la situación inmobiliaria, la disminución del gasto público, entre otras, lo cual ha llevado al jefe de Estado a una considerable disminución de su popularidad.
Si a esto le incluimos la pérdida de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, en las pasadas elecciones parlamentarias, el reto que tiene entre manos el mandatario, si quiere continuar viviendo en la Casa Blanca, no es poca cosa. Comprenderemos entonces el interés de eliminar toda huella de crisis, o tensión política -al menos a simple vista- en el continente.
De todos los jefes de Estado considerados para colaborar con Obama, no hubo mejor candidato que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Este, recién estrenado como gobernante, necesita, de todas-todas, estar de buenas con su homólogo estadounidense, si de verdad quiere echar a andar su política de “prosperidad democrática”.
La necesidad de profundizar su relación con los Estados Unidos, representa no sólo la materialización del tan esperado Tratado de Libre Comercio (TLC) con dicho país, sino la continuación de la colaboración que desde hace décadas ha facilitado el gobierno norteamericano, en la lucha contra el narcotráfico y ahora contra el terrorismo. De allí, que el argumento que el gobierno colombiano ha dejado colar, respecto a que “de no ser tratados como un socio igualitario por los Estados Unidos, Colombia buscará nuevos destinos”, resulte poco menos que creíble.
Lobbies van y lobbies vienen, presencia en los medios de comunicación de los Estados Unidos a cada rato de personalidades justificando la necesidad de la ratificación del TLC, preparación de documentos a los cuales se ha comprometido el presidente Santos remitir a la Casa Blanca, visitas del vicepresidente y del presidente de Colombia a los Estados Unidos, y ahora incluso la solicitud del gobernante colombiano para que sus antecesores en la Casa de Nariño, se lancen al ataque en pro de dicho Tratado, evidencian que una cosa es lo que se dice al tratar de no demostrar desesperación, y otra muy distinta son las acciones tomadas a fin de amarrar el negocio.
Dos han sido los asuntos qué tratar respecto a la situación latinoamericana:
1.-Venezuela, de cuyo presidente, Obama no quiere escuchar ni un silbido; y 2.- La crisis de Honduras, mancha oscura en la historia de nuestras democracias, toda vez que, aparte de Cuba, su origen democrático ha sido cuestionado por ciertos gobiernos del hemisferio. En base a esto, el gobierno de Colombia empezaría su tarea.
Quiso la fatalidad para el narcotraficante Walid Makled aparecer en territorio colombiano en momentos tan propicios para los intereses colombo-venezolanos. Esto explicaría el que en noviembre pasado, el presidente Santos, aún sin esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia al respecto, se arriesgara a comprometerse a extraditar a dicho criminal a Venezuela, una vez terminaran los trámites legales.
Para los conocedores de la personalidad del mandatario, este hecho, de adelantar opinión frente a una institución como la Corte Suprema de Justicia, que produjo tantos dolores de cabeza a su antecesor, no podía obedecer sino a un acto deliberado. De hecho, si comparamos tal actitud con la asumida por él dos meses después, durante su viaje a Europa, veremos que la diferencia fue notable.
En esta oportunidad, ante las interrogantes surgidas por las llamadas “escuchas ilegales” en Colombia (chuzadas), en donde se pretende involucrar al ex mandatario Álvaro Uribe, Santos actuaba con profusa prudencia durante el programa de televisión “Hard Talk”, de la cadena “BBC” de Londres, respondiendo que “estaría, muy, muy triste, si eso ocurriera, pero lo aceptaría, por supuesto” (sic).
El problema no radica en analizar, por enésima vez, si fue USA o Venezuela quien solicitó primero la extradición del delincuente Makled. La situación estuvo muy clara desde un principio para el gobernante colombiano; y es que si quería ganarse el favor de su homólogo venezolano, a fin de mejorar las relaciones comerciales, y a su vez tranquilizar al jefe de Estado norteamericano, la extradición comprometida era más que necesaria. Como dirían por allí: con Makled, Santos mataba a dos pájaros con una misma piedra.
Es cierto que en el país del norte ha habido descontento con la medida en cuestión, tanto así que hasta aquellos congresistas que han venido confirmando su deseo de votar a favor del TLC, han manifestado su disgusto con dicha extradición. Pero lo que es una realidad, es que la decisión de extraditar al narcotraficante no estaba dirigida a satisfacer más que a una sola persona: el inquilino de la Casa Blanca. Ya éste verá cómo cumple sus promesas para con su colega colombiano.
El otro caso vinculado a Venezuela, y mucho más difícil de digerir, se refiere al conflicto surgido entre ambos gobiernos, como consecuencia de la denuncia que el pasado año, el gobierno colombiano interpusiera ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), respecto a la presencia, casi convicta y confesa, de aproximadamente 1.200 guerrilleros colombianos, establecidos estratégicamente en 87 campamentos a lo ancho de la frontera venezolana. Recordemos incluso, que pocas horas después de publicitada dicha denuncia, al gobierno de Venezuela no le quedó más remedio que romper relaciones diplomáticas con aquél. Por lo menos con esto trataba de enderezar el entuerto que significaba la evidencia presentada frente a la comunidad internacional.
Como dirían en España, lugar aprovechado por el jefe de Estado colombiano para deslastrarse de tan dramática denuncia: “la oportunidad la pintan calva”; y es así que, en plena visita ante la Madre Patria, el pasado 12 de abril, frente a la “Televisora Española”, el presidente Santos declaraba: “Tenemos constancia de que los campamentos que nosotros teníamos ubicados ya no están ahí (en Venezuela)” (sic).
Lógico es suponer que las palabras del actual mandatario no alegraran el espíritu del pueblo colombiano, y muy especialmente el de los casi 500 mil efectivos que conforman una de las fuerzas militares mejor preparadas del continente, quienes han visto desaparecer impunemente a dichos criminales hacia territorio venezolano. Tanto fue el efecto, que el propio ex presidente Álvaro Uribe manifestó públicamente su inconformidad con tamaña aseveración.
Lo cierto del caso es que el gobernante reculó ante sus declaraciones iniciales. Aprovechando el inicio de la Semana Mayor, en entrevista exclusiva para la emisora de radio “la FM”, advertía: “Nunca dije que ya no hay presencia de las FARC en Venezuela, sino que los campamentos que teníamos localizados ya no están en el sitio donde sabíamos que estaban”. Continuando más adelante: “No dije ni que esos campamentos se trasladaron a Colombia, ni que se mantuvieron en Venezuela, porque no lo sabemos. Infortunadamente la labor de inteligencia que se acumuló durante mucho tiempo se perdió porque ellos (las FARC) se dieron cuenta de que los estábamos vigilando y tomaron precauciones”. Insistiendo, por último, que “hoy por hoy el Gobierno no sabe si esos campamentos están en Venezuela o en Colombia(sic).
Olvidaba el mandatario en esta nueva intervención, sus declaraciones durante el almuerzo-conferencia organizado por el “Foro de la Nueva Economía”, en el Hotel Ritz de Madrid, durante el mismo viaje a España, en donde ante las insistentes preguntas de los periodistas invitados, desdecía anticipadamente de la aclaratoria antes referida, afirmando categóricamente: “Hemos visto actividad de guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), cada vez más activa en la frontera. Es decir, los hemos visto trasladándose a Colombia.
Quiso la casualidad, este 19 de abril, que los medios de comunicación internacionales recogieran una reciente solicitud, que supuestamente realizara el máximo líder de las FARC, alías “Alfonso Cano”, ordenándole al comandante guerrillero, “Grannobles”, (hermano del fallecido jefe guerrillero “Mono Jojoy”), que “deje el refugio que tiene en la frontera con Venezuela y vuelva al combate”. Como se ve, al parecer el único confundido respecto al paradero de la guerrilla colombiana, es el mismo presidente Santos.
El segundo caso que el gobierno norteamericano requiere finiquitar antes de la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio, en El Salvador, se refiere a la reincorporación de Honduras al organismo hemisférico, a cuyo efecto necesita del concurso de sus Estados miembros. Siendo por todos conocido que la piedra de tranca para tal situación, lo ha sido el gobernante venezolano, era obvio suponer la necesidad de “solicitar su buena pro” para tan delicada misión. Nuevamente resultaría de una incuestionable utilidad la intervención divina del gobernante Santos.
Y así, como quien saca un conejo de un sombrero, aparece el presidente hondureño, Porfirio Lobo, en la tan esperada reunión Santos-Chávez en Cartagena de Indias, el 9 de abril pasado.
El resultado del cónclave no se hizo esperar, hasta el punto de que a la salida del mismo, Lobo adelantara información sobre su próxima reunión, la cual pretende celebrar en compañía de sus mismos anfitriones, y del otrora indiciado, y ahora libre de culpa, el ex presidente Manuel Zelaya.
La situación de Honduras amerita una consideración especial, por el hecho de hacernos recapacitar respecto a antiguas prácticas que los demócratas del mundo supusimos superadas.
A raíz de la violación de principios constitucionales, definidos como delictivos por la propia Constitución hondureña, el para entonces presidente Zelaya, fue destituido de su cargo, y ordenada la apertura de varios procesos judiciales en su contra. Paralelamente, Honduras fue suspendida de la OEA, por considerarse irregular la manera como Zelaya fue destituido de su cargo.
Para nadie es un secreto que el gobierno que lideró esta suspensión, así como el establecimiento de una serie de sanciones políticas y económicas, fue Venezuela.
El caso es que, sin que hubiera mediado un proceso judicial de por medio, y a sabiendas de que en dicho país no procede el juicio en ausencia por los delitos imputados al ex gobernante, la Corte Suprema de Justicia de Honduras “suspendió”, el pasado 25 de marzo, las tres órdenes de captura que operaban en contra del ex mandatario -entre ellas dos por procesos en los que era acusado por corrupción.
Esta situación, de desmantelamiento de las instituciones del Estado hondureño, resulta altamente preocupante. De hecho, en el mes de enero de este año, la Presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, en comunicación enviada al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, advertía que “Los Estados Unidos debe cesar de presionar a Honduras para que absuelva al ex presidente Manuel Zelaya” (sic).
Incluso, el propio Arturo Valenzuela, meses atrás, en una conferencia en el “Brooklyn Institute, en Washington DC, señalaba que “el presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha hecho sus deberes y ha preparado el terreno para que Honduras sea readmitida en la OEA”(sic).
La interrogante que se presenta a raíz de esta manera anti jurídica de resolver la causa del ex mandatario hondureño, nos obliga a preguntarnos si serían esos, “los deberes”, a los cuales hacía referencia el representante de la diplomacia norteamericana. De ser así, el hecho no puede ser más alarmante, al verificar que esos valores, de respeto absoluto a las instituciones del Estado, y de independencia de los poderes públicos, tan estrictos dentro del territorio norteamericano, no se compaginan con los parámetros exigidos por las mismas autoridades estadounidenses, cuando de otros gobiernos se trata.
La intervención de otros Estados en los asuntos internos de Honduras ha llegado a un extremo tal, que nuevamente la congresista Ros–Lehtinen, el 19 de abril pasado, hace pública su preocupación al señalar “que la presión internacional, para forzar el retorno del ex Presidente hondureño Manuel Zelaya usurpa la soberanía de Honduras porque Zelaya fue removido de su cargo por violar la Constitución hondureña”. Urgiendo a todos los países miembros de la OEA a “desistir de esas tácticas de presión”; así como pidiéndoles que “reinstalen a Honduras durante su próxima reunión del mes de junio.”
Tales circunstancias deben hacernos recapacitar respecto a lo frágiles que resultan nuestras democracias, al depender las unas de las otras de acciones u omisiones de nuestros mandatarios, los cuales en muchos casos ni siquiera se han puesto a pensar las consecuencias que puedan generar sus actos. El caso actual de Colombia es un ejemplo de ello.
Colombia, un país con unos antecedentes tan complejos, pasó de considerarse prácticamente un Estado fallido, a un ejemplo de perseverancia en la lucha por la democracia.
Seguramente existen decenas de historias respecto a los grandes sacrificios que esto ha ameritado. Uno de esos ejemplos que se nos vienen a la memoria se refiere al capitán Camilo González, oficial de inteligencia, adscrito a la regional de Inteligencia de la Primera División del Ejército (RIME), en Santa Marta, Colombia, y el cabo Gregorio Martínez, también dedicado a labores de inteligencia.
Ambos militares no tuvieron la suerte de escuchar las palabras de su presidente respecto a la pretendida desocupación, desaparición, mudanza, o como se le quiera llamar, de las FARC, del territorio venezolano. Los cuerpos sin vida de estos dos militares aparecieron con señales de haber recibido terribles torturas, en territorio fronterizo de Venezuela, en el 2007.
Es cierto que ya han pasado cuatro años de este terrible suceso, pero lo grave de la situación no es únicamente la irreparable muerte, y terrible sufrimiento que han debido padecer estas personas. El hecho es que la historia completa no deja de ser más asombrosa aún, al conocerse que supuestamente dichos militares fueron descubiertos por miembros de la guerrilla, y por oficiales, dentro de territorio venezolano, quienes al parecer los habrían trasladado a la sede del “Destacamento de Apoyo Aéreo # 1 de la Guardia Nacional”, en el estado Zulia. Lo demás es historia: los cuerpos fueron encontrados en las circunstancias descritas.
Por si esto fuera poco, la información apunta a la participación de un altísimo funcionario de la inteligencia militar venezolana, el cual habría dado la orden de proceder como en efecto sucedió.
Todos estos eventos nos llevan a considerar la difícil situación en la cual se encuentra el gobernante colombiano, quien, “por razones de Estado”, actúa con amigable consideración, mientras los indicadores demuestran que con nuevos amigos como los suyos, no necesita enemigos.
Si a esto le agregamos la inmensa responsabilidad que dicho funcionario ha heredado de su antecesor, en el sentido de haber convertido éste a Colombia no sólo en un ejemplo a seguir, sino en el muro de contención del socialismo del siglo XXI y/o la revolución bolivariana, el peso que tiene sobre sus hombros el mandatario no es nada envidiable.
El caso del presidente Obama resulta menos comprensible. Este, desconociendo las realidades de este lado del hemisferio, pareciera dirigir su política exterior como quien pretende completar un rompecabezas, con piezas extrañas y a empujones.
No estamos aquí para juzgar a nadie, pero en el caso de estos dos gobernantes, es innegable que todos seremos beneficiarios, o víctimas, de sus aciertos o desaciertos. El tiempo dirá si dichos mandatarios pensaban para la próxima generación, o si simplemente lo hacían para la próxima elección.
Considero importante este amplio análisis que ella hace sobre las declaraciones del mandatario colombiano en torno a la presencia o no de la guerrilla de la FARC en territorio venezolano. La primera diciendo que los campamentos guerrilleros habían desparecido de Venezuela.
Luego una en la que dejaba de nuevo las dudas. Otra asegurando que no podía con certeza saberse de su existencia de ese lado de la frontera. Pero la que llevó a colocar contra la pared al presidente colombiano fue una del jefe de la guerrilla, Alfonzo Cano, desde algún lugar de la tierra, pidiendo a uno de sus lugartenientes “Grannobles” que dejara su refugio en el lado venezolano y volviera al combate en Colombia.
Es aquí donde la ex embajadora Conteras señala que “el único confundido respecto al paradero de la guerrilla colombiana es el presidente Santos”.
Reproduzco su articulo completo para darle todos los elementos al lector. Ella ahonda en las razones del acercamiento de Zelaya y Lobo, el interés del presidente Obama y lo que todo esto significa para la OEA y America Latina.
El Extraño Caso de la Desaparición de las FARC de Venezuela
por Virginia Contreras
Muchos se preguntan qué habrá por detrás de los pasos que recientemente han unido a mandatarios tan disímiles como Juan Manuel Santos, de Colombia; Hugo Chávez, de Venezuela; y Porfirio Lobo, de Honduras. La respuesta es muy sencilla: Barack Hussein Obama.
Aún cuando ha sido imperceptible para algunos, los hechos han venido desarrollándose desde meses atrás, en donde han convergido tanto los intereses del mandatario colombiano, por mejorar su política exterior con la vecina Venezuela, como la necesidad del presidente norteamericano de impedir cualquier atisbo de crisis en Latino América.
Si bien resulta difícil señalar desde cuándo el presidente Obama ha tenido entre sus planes presentarse para la reelección presidencial, es obvio que esa posibilidad ha debido rondar por su cabeza desde hace tiempo. Y es que cuatro años pasan volando, más aún cuando el mandatario no las ha tenido todas consigo.
Casos como la reforma del sistema de salud, propiciada por él, hoy en día están en el banquillo de las Cortes norteamericanas en más de veinte estados, y ya ha sido anulada por inconstitucional en Virginia (parcialmente) y en Florida (en su totalidad).
La reforma migratoria, anzuelo para atraer el voto latino, en vez de beneficiar a este esperanzado sector de la población, se ha convertido en un boomerang. Tanto así, que “sólo en los nueve primeros meses de su gobierno se produjeron casi el doble de deportaciones que hace cinco años”, según lo ha ratificado la “Transactional Records Access Clearinghouse” (Trac), de acuerdo a los datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Esto, sin contar las graves diferencias que se han producido en relación con aspectos vinculados a la política exterior del actual gobierno estadounidense en materia de defensa, como la situación en Afganistán, hecho que además de haber causado serias diferencias con importantes autoridades de las fuerzas armadas de los Estados Unidos -por la manera cómo se ha implementado la estrategia- en la práctica pareciera no avizorar un futuro mejor.
Lo evidencian tanto las listas de soldados norteamericanos muertos en acción, como la amenaza que significa el que el conflicto se trasladara hacia países vecinos de aquél, como Pakistán.
La mala suerte ha sido tal para el presidente Obama, que ni siquiera hechos de menor envergadura, como la oferta de eliminación de la cárcel de Guantánamo, o la sustitución de los procesos militares, por juicios civiles a los allí detenidos, han podido materializarse.
Políticas éstas, sin incluir otras de mucho mayor interés para el grueso de la población estadounidense, como la crisis económica, y todos los aspectos vinculados con ésta, como el desempleo, el recorte o no de los impuestos, la situación inmobiliaria, la disminución del gasto público, entre otras, lo cual ha llevado al jefe de Estado a una considerable disminución de su popularidad.
Si a esto le incluimos la pérdida de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, en las pasadas elecciones parlamentarias, el reto que tiene entre manos el mandatario, si quiere continuar viviendo en la Casa Blanca, no es poca cosa. Comprenderemos entonces el interés de eliminar toda huella de crisis, o tensión política -al menos a simple vista- en el continente.
De todos los jefes de Estado considerados para colaborar con Obama, no hubo mejor candidato que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Este, recién estrenado como gobernante, necesita, de todas-todas, estar de buenas con su homólogo estadounidense, si de verdad quiere echar a andar su política de “prosperidad democrática”.
La necesidad de profundizar su relación con los Estados Unidos, representa no sólo la materialización del tan esperado Tratado de Libre Comercio (TLC) con dicho país, sino la continuación de la colaboración que desde hace décadas ha facilitado el gobierno norteamericano, en la lucha contra el narcotráfico y ahora contra el terrorismo. De allí, que el argumento que el gobierno colombiano ha dejado colar, respecto a que “de no ser tratados como un socio igualitario por los Estados Unidos, Colombia buscará nuevos destinos”, resulte poco menos que creíble.
Lobbies van y lobbies vienen, presencia en los medios de comunicación de los Estados Unidos a cada rato de personalidades justificando la necesidad de la ratificación del TLC, preparación de documentos a los cuales se ha comprometido el presidente Santos remitir a la Casa Blanca, visitas del vicepresidente y del presidente de Colombia a los Estados Unidos, y ahora incluso la solicitud del gobernante colombiano para que sus antecesores en la Casa de Nariño, se lancen al ataque en pro de dicho Tratado, evidencian que una cosa es lo que se dice al tratar de no demostrar desesperación, y otra muy distinta son las acciones tomadas a fin de amarrar el negocio.
Dos han sido los asuntos qué tratar respecto a la situación latinoamericana:
1.-Venezuela, de cuyo presidente, Obama no quiere escuchar ni un silbido; y 2.- La crisis de Honduras, mancha oscura en la historia de nuestras democracias, toda vez que, aparte de Cuba, su origen democrático ha sido cuestionado por ciertos gobiernos del hemisferio. En base a esto, el gobierno de Colombia empezaría su tarea.
Quiso la fatalidad para el narcotraficante Walid Makled aparecer en territorio colombiano en momentos tan propicios para los intereses colombo-venezolanos. Esto explicaría el que en noviembre pasado, el presidente Santos, aún sin esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia al respecto, se arriesgara a comprometerse a extraditar a dicho criminal a Venezuela, una vez terminaran los trámites legales.
Para los conocedores de la personalidad del mandatario, este hecho, de adelantar opinión frente a una institución como la Corte Suprema de Justicia, que produjo tantos dolores de cabeza a su antecesor, no podía obedecer sino a un acto deliberado. De hecho, si comparamos tal actitud con la asumida por él dos meses después, durante su viaje a Europa, veremos que la diferencia fue notable.
En esta oportunidad, ante las interrogantes surgidas por las llamadas “escuchas ilegales” en Colombia (chuzadas), en donde se pretende involucrar al ex mandatario Álvaro Uribe, Santos actuaba con profusa prudencia durante el programa de televisión “Hard Talk”, de la cadena “BBC” de Londres, respondiendo que “estaría, muy, muy triste, si eso ocurriera, pero lo aceptaría, por supuesto” (sic).
El problema no radica en analizar, por enésima vez, si fue USA o Venezuela quien solicitó primero la extradición del delincuente Makled. La situación estuvo muy clara desde un principio para el gobernante colombiano; y es que si quería ganarse el favor de su homólogo venezolano, a fin de mejorar las relaciones comerciales, y a su vez tranquilizar al jefe de Estado norteamericano, la extradición comprometida era más que necesaria. Como dirían por allí: con Makled, Santos mataba a dos pájaros con una misma piedra.
Es cierto que en el país del norte ha habido descontento con la medida en cuestión, tanto así que hasta aquellos congresistas que han venido confirmando su deseo de votar a favor del TLC, han manifestado su disgusto con dicha extradición. Pero lo que es una realidad, es que la decisión de extraditar al narcotraficante no estaba dirigida a satisfacer más que a una sola persona: el inquilino de la Casa Blanca. Ya éste verá cómo cumple sus promesas para con su colega colombiano.
El otro caso vinculado a Venezuela, y mucho más difícil de digerir, se refiere al conflicto surgido entre ambos gobiernos, como consecuencia de la denuncia que el pasado año, el gobierno colombiano interpusiera ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), respecto a la presencia, casi convicta y confesa, de aproximadamente 1.200 guerrilleros colombianos, establecidos estratégicamente en 87 campamentos a lo ancho de la frontera venezolana. Recordemos incluso, que pocas horas después de publicitada dicha denuncia, al gobierno de Venezuela no le quedó más remedio que romper relaciones diplomáticas con aquél. Por lo menos con esto trataba de enderezar el entuerto que significaba la evidencia presentada frente a la comunidad internacional.
Como dirían en España, lugar aprovechado por el jefe de Estado colombiano para deslastrarse de tan dramática denuncia: “la oportunidad la pintan calva”; y es así que, en plena visita ante la Madre Patria, el pasado 12 de abril, frente a la “Televisora Española”, el presidente Santos declaraba: “Tenemos constancia de que los campamentos que nosotros teníamos ubicados ya no están ahí (en Venezuela)” (sic).
Lógico es suponer que las palabras del actual mandatario no alegraran el espíritu del pueblo colombiano, y muy especialmente el de los casi 500 mil efectivos que conforman una de las fuerzas militares mejor preparadas del continente, quienes han visto desaparecer impunemente a dichos criminales hacia territorio venezolano. Tanto fue el efecto, que el propio ex presidente Álvaro Uribe manifestó públicamente su inconformidad con tamaña aseveración.
Lo cierto del caso es que el gobernante reculó ante sus declaraciones iniciales. Aprovechando el inicio de la Semana Mayor, en entrevista exclusiva para la emisora de radio “la FM”, advertía: “Nunca dije que ya no hay presencia de las FARC en Venezuela, sino que los campamentos que teníamos localizados ya no están en el sitio donde sabíamos que estaban”. Continuando más adelante: “No dije ni que esos campamentos se trasladaron a Colombia, ni que se mantuvieron en Venezuela, porque no lo sabemos. Infortunadamente la labor de inteligencia que se acumuló durante mucho tiempo se perdió porque ellos (las FARC) se dieron cuenta de que los estábamos vigilando y tomaron precauciones”. Insistiendo, por último, que “hoy por hoy el Gobierno no sabe si esos campamentos están en Venezuela o en Colombia(sic).
Olvidaba el mandatario en esta nueva intervención, sus declaraciones durante el almuerzo-conferencia organizado por el “Foro de la Nueva Economía”, en el Hotel Ritz de Madrid, durante el mismo viaje a España, en donde ante las insistentes preguntas de los periodistas invitados, desdecía anticipadamente de la aclaratoria antes referida, afirmando categóricamente: “Hemos visto actividad de guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), cada vez más activa en la frontera. Es decir, los hemos visto trasladándose a Colombia.
Quiso la casualidad, este 19 de abril, que los medios de comunicación internacionales recogieran una reciente solicitud, que supuestamente realizara el máximo líder de las FARC, alías “Alfonso Cano”, ordenándole al comandante guerrillero, “Grannobles”, (hermano del fallecido jefe guerrillero “Mono Jojoy”), que “deje el refugio que tiene en la frontera con Venezuela y vuelva al combate”. Como se ve, al parecer el único confundido respecto al paradero de la guerrilla colombiana, es el mismo presidente Santos.
El segundo caso que el gobierno norteamericano requiere finiquitar antes de la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio, en El Salvador, se refiere a la reincorporación de Honduras al organismo hemisférico, a cuyo efecto necesita del concurso de sus Estados miembros. Siendo por todos conocido que la piedra de tranca para tal situación, lo ha sido el gobernante venezolano, era obvio suponer la necesidad de “solicitar su buena pro” para tan delicada misión. Nuevamente resultaría de una incuestionable utilidad la intervención divina del gobernante Santos.
Y así, como quien saca un conejo de un sombrero, aparece el presidente hondureño, Porfirio Lobo, en la tan esperada reunión Santos-Chávez en Cartagena de Indias, el 9 de abril pasado.
El resultado del cónclave no se hizo esperar, hasta el punto de que a la salida del mismo, Lobo adelantara información sobre su próxima reunión, la cual pretende celebrar en compañía de sus mismos anfitriones, y del otrora indiciado, y ahora libre de culpa, el ex presidente Manuel Zelaya.
La situación de Honduras amerita una consideración especial, por el hecho de hacernos recapacitar respecto a antiguas prácticas que los demócratas del mundo supusimos superadas.
A raíz de la violación de principios constitucionales, definidos como delictivos por la propia Constitución hondureña, el para entonces presidente Zelaya, fue destituido de su cargo, y ordenada la apertura de varios procesos judiciales en su contra. Paralelamente, Honduras fue suspendida de la OEA, por considerarse irregular la manera como Zelaya fue destituido de su cargo.
Para nadie es un secreto que el gobierno que lideró esta suspensión, así como el establecimiento de una serie de sanciones políticas y económicas, fue Venezuela.
El caso es que, sin que hubiera mediado un proceso judicial de por medio, y a sabiendas de que en dicho país no procede el juicio en ausencia por los delitos imputados al ex gobernante, la Corte Suprema de Justicia de Honduras “suspendió”, el pasado 25 de marzo, las tres órdenes de captura que operaban en contra del ex mandatario -entre ellas dos por procesos en los que era acusado por corrupción.
Esta situación, de desmantelamiento de las instituciones del Estado hondureño, resulta altamente preocupante. De hecho, en el mes de enero de este año, la Presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, en comunicación enviada al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, advertía que “Los Estados Unidos debe cesar de presionar a Honduras para que absuelva al ex presidente Manuel Zelaya” (sic).
Incluso, el propio Arturo Valenzuela, meses atrás, en una conferencia en el “Brooklyn Institute, en Washington DC, señalaba que “el presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha hecho sus deberes y ha preparado el terreno para que Honduras sea readmitida en la OEA”(sic).
La interrogante que se presenta a raíz de esta manera anti jurídica de resolver la causa del ex mandatario hondureño, nos obliga a preguntarnos si serían esos, “los deberes”, a los cuales hacía referencia el representante de la diplomacia norteamericana. De ser así, el hecho no puede ser más alarmante, al verificar que esos valores, de respeto absoluto a las instituciones del Estado, y de independencia de los poderes públicos, tan estrictos dentro del territorio norteamericano, no se compaginan con los parámetros exigidos por las mismas autoridades estadounidenses, cuando de otros gobiernos se trata.
La intervención de otros Estados en los asuntos internos de Honduras ha llegado a un extremo tal, que nuevamente la congresista Ros–Lehtinen, el 19 de abril pasado, hace pública su preocupación al señalar “que la presión internacional, para forzar el retorno del ex Presidente hondureño Manuel Zelaya usurpa la soberanía de Honduras porque Zelaya fue removido de su cargo por violar la Constitución hondureña”. Urgiendo a todos los países miembros de la OEA a “desistir de esas tácticas de presión”; así como pidiéndoles que “reinstalen a Honduras durante su próxima reunión del mes de junio.”
Tales circunstancias deben hacernos recapacitar respecto a lo frágiles que resultan nuestras democracias, al depender las unas de las otras de acciones u omisiones de nuestros mandatarios, los cuales en muchos casos ni siquiera se han puesto a pensar las consecuencias que puedan generar sus actos. El caso actual de Colombia es un ejemplo de ello.
Colombia, un país con unos antecedentes tan complejos, pasó de considerarse prácticamente un Estado fallido, a un ejemplo de perseverancia en la lucha por la democracia.
Seguramente existen decenas de historias respecto a los grandes sacrificios que esto ha ameritado. Uno de esos ejemplos que se nos vienen a la memoria se refiere al capitán Camilo González, oficial de inteligencia, adscrito a la regional de Inteligencia de la Primera División del Ejército (RIME), en Santa Marta, Colombia, y el cabo Gregorio Martínez, también dedicado a labores de inteligencia.
Ambos militares no tuvieron la suerte de escuchar las palabras de su presidente respecto a la pretendida desocupación, desaparición, mudanza, o como se le quiera llamar, de las FARC, del territorio venezolano. Los cuerpos sin vida de estos dos militares aparecieron con señales de haber recibido terribles torturas, en territorio fronterizo de Venezuela, en el 2007.
Es cierto que ya han pasado cuatro años de este terrible suceso, pero lo grave de la situación no es únicamente la irreparable muerte, y terrible sufrimiento que han debido padecer estas personas. El hecho es que la historia completa no deja de ser más asombrosa aún, al conocerse que supuestamente dichos militares fueron descubiertos por miembros de la guerrilla, y por oficiales, dentro de territorio venezolano, quienes al parecer los habrían trasladado a la sede del “Destacamento de Apoyo Aéreo # 1 de la Guardia Nacional”, en el estado Zulia. Lo demás es historia: los cuerpos fueron encontrados en las circunstancias descritas.
Por si esto fuera poco, la información apunta a la participación de un altísimo funcionario de la inteligencia militar venezolana, el cual habría dado la orden de proceder como en efecto sucedió.
Todos estos eventos nos llevan a considerar la difícil situación en la cual se encuentra el gobernante colombiano, quien, “por razones de Estado”, actúa con amigable consideración, mientras los indicadores demuestran que con nuevos amigos como los suyos, no necesita enemigos.
Si a esto le agregamos la inmensa responsabilidad que dicho funcionario ha heredado de su antecesor, en el sentido de haber convertido éste a Colombia no sólo en un ejemplo a seguir, sino en el muro de contención del socialismo del siglo XXI y/o la revolución bolivariana, el peso que tiene sobre sus hombros el mandatario no es nada envidiable.
El caso del presidente Obama resulta menos comprensible. Este, desconociendo las realidades de este lado del hemisferio, pareciera dirigir su política exterior como quien pretende completar un rompecabezas, con piezas extrañas y a empujones.
No estamos aquí para juzgar a nadie, pero en el caso de estos dos gobernantes, es innegable que todos seremos beneficiarios, o víctimas, de sus aciertos o desaciertos. El tiempo dirá si dichos mandatarios pensaban para la próxima generación, o si simplemente lo hacían para la próxima elección.
domingo, abril 24, 2011
Jorge Giordani
Con el agua al cuello, el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, comienza a declarar públicamente las grandes verdades de la economía que cualquiera de sus alumnos del primer semestre sabe.
Pero parece que el respetado académico se dio cuenta apenas ayer, entre apagones, desabastecimiento y bolívar “fuerte” pulverizado. Y, vaya sorpresa, estamos de acuerdo con el señor Giordani. Vamos a ver: "Es importante que crezca la construcción, porque arrastra diferentes sectores: industria, madera, cemento, cabilla, aluminio". Tiene toda la razón.
El sector construcción, cuando funciona, es el gran motor de la economía de un país. Inunda a la sociedad de bienestar y progreso. Miremos por ejemplo el milagro panameño, que tiene mucho que ver con la gran oferta de nuevos inmuebles en su capital. Pero será Panamá el país al cual se refiere el señor ministro. Porque lo que es en Venezuela, no pasamos de la hipótesis.
La realidad es opuesta, amarga y oscura. Cuando la construcción decrece, también “arrastra” al país con ella. Aquí se nacionalizaron el cemento y la cabilla a la brava, como les gusta hacer a los autodenominados revolucionarios. Y ahora escasean, debido a la ineptitud para producir estos insumos que han demostrado. Y si no hay cabillas ni cemento no hay decreto que valga. Eso es papel mojado. Así, la “Gran Misión Vivienda” no pasa de ser una declaración de buenas intenciones, un desiderátum tan probable como el hecho de que la vida en Marte haya sido destruida por el capitalismo.
150 mil viviendas este año, 2 millones en siete, serían una meta muy cuesta arriba aún con las industrias de materias primas funcionando como acostumbraban hacerlo antes que el oficialismo arremetiera contra ellas. Como si esto fuera poco, se habla de aliados internacionales como Cuba, China y Rusia, conocidos unos por su pobreza y otros por la escasa calidad de sus productos, motivo de chistes gruesos en el mundo entero. Pero eso sí: incondicionales en la ideología política. Y si no lo son, pueden serlo por una suma nada módica.
Volviendo a Giordani, todos estaremos pendientes de los resultados de la inflación para este mes, ya que el titular de Planificación y Finanzas nos dijo: "Creo que con los resultados de abril podremos ver una significativa disminución". Y dice el funcionario –también con razón- que mantener a raya la inflación no es sólo asunto del gobierno: involucra a productores y consumidores.
Pero sucede que el gobierno no ha hecho nada por estimular a los productores. Lejos de ello, los confisca y expropia, los persigue, los somete al calvario de Cadivi, no les brinda condiciones de seguridad. Y en cuanto a los consumidores, poco pueden hacer ante un mercado desabastecido, excepto llevarse lo poco que queda en el mejor estilo de las compras nerviosas, ante el temor de que lo poco que queda desaparezca definitivamente. Duras en realidad las responsabilidades gubernamentales.
Poco lo que pueden hacer los otros sectores de la vida nacional cuando el árbitro, el encargado de hacer las reglas, juega al caos. La teoría se estrella aparatosamente contra el muro de la cruda realidad, profesor Giordani.
Pero parece que el respetado académico se dio cuenta apenas ayer, entre apagones, desabastecimiento y bolívar “fuerte” pulverizado. Y, vaya sorpresa, estamos de acuerdo con el señor Giordani. Vamos a ver: "Es importante que crezca la construcción, porque arrastra diferentes sectores: industria, madera, cemento, cabilla, aluminio". Tiene toda la razón.
El sector construcción, cuando funciona, es el gran motor de la economía de un país. Inunda a la sociedad de bienestar y progreso. Miremos por ejemplo el milagro panameño, que tiene mucho que ver con la gran oferta de nuevos inmuebles en su capital. Pero será Panamá el país al cual se refiere el señor ministro. Porque lo que es en Venezuela, no pasamos de la hipótesis.
La realidad es opuesta, amarga y oscura. Cuando la construcción decrece, también “arrastra” al país con ella. Aquí se nacionalizaron el cemento y la cabilla a la brava, como les gusta hacer a los autodenominados revolucionarios. Y ahora escasean, debido a la ineptitud para producir estos insumos que han demostrado. Y si no hay cabillas ni cemento no hay decreto que valga. Eso es papel mojado. Así, la “Gran Misión Vivienda” no pasa de ser una declaración de buenas intenciones, un desiderátum tan probable como el hecho de que la vida en Marte haya sido destruida por el capitalismo.
150 mil viviendas este año, 2 millones en siete, serían una meta muy cuesta arriba aún con las industrias de materias primas funcionando como acostumbraban hacerlo antes que el oficialismo arremetiera contra ellas. Como si esto fuera poco, se habla de aliados internacionales como Cuba, China y Rusia, conocidos unos por su pobreza y otros por la escasa calidad de sus productos, motivo de chistes gruesos en el mundo entero. Pero eso sí: incondicionales en la ideología política. Y si no lo son, pueden serlo por una suma nada módica.
Volviendo a Giordani, todos estaremos pendientes de los resultados de la inflación para este mes, ya que el titular de Planificación y Finanzas nos dijo: "Creo que con los resultados de abril podremos ver una significativa disminución". Y dice el funcionario –también con razón- que mantener a raya la inflación no es sólo asunto del gobierno: involucra a productores y consumidores.
Pero sucede que el gobierno no ha hecho nada por estimular a los productores. Lejos de ello, los confisca y expropia, los persigue, los somete al calvario de Cadivi, no les brinda condiciones de seguridad. Y en cuanto a los consumidores, poco pueden hacer ante un mercado desabastecido, excepto llevarse lo poco que queda en el mejor estilo de las compras nerviosas, ante el temor de que lo poco que queda desaparezca definitivamente. Duras en realidad las responsabilidades gubernamentales.
Poco lo que pueden hacer los otros sectores de la vida nacional cuando el árbitro, el encargado de hacer las reglas, juega al caos. La teoría se estrella aparatosamente contra el muro de la cruda realidad, profesor Giordani.
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