Chávez y el Cristo Crucificado

DEMOCRACIA O COMUNISMO

DEMOCRACIA O COMUNISMO 

Mons. Ovidio Pérez invita a tomar posición entre democracia y totalitarismo "no cabe indecisión, indiferencia, ni-ni"

 

 

La Iglesia ante el 14 de abril

 

 

Estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Éstas no serán una elección más, sino un momento de gravísima definición para el país, por cuanto la alternativa a resolver es: democracia o totalitarismo.

 

Como miembro de la Iglesia, sin pretender asumir aquí su vocería oficial –función que toca a la Conferencia Episcopal Venezolana-, quiero sí, con toda seriedad y responsabilidad, hacer pública mi interpretación creyente sobre lo que entiendo es y ha de ser la posición de la Iglesia con respecto al 14-A. Me circunscribo aquí, como es de suponer, a la Iglesia católica, aunque la validez de los argumentos  se extienda más allá.

 

Ante la alternativa puesta para el 14-A a la Iglesia no le pueden caber dudas. No se justifica un ni-ni.

 

El 14-A no plantea simplemente una opción ante modelos políticos diferentes por las soluciones que proponen para determinados problemas importantes y muy importantes del país, como la seguridad y la producción, el empleo y la educación, el petróleo y los servicios. No se trata de escoger, en definitiva, tampoco, entre diferentes posiciones en cuanto a descentralización y  política exterior, a controles en materia de medios de comunicación social y de manejos financieros.

 

Éstos y otros elementos han de tenerse en cuenta. Ciertamente y dan motivos suficientes para buscar otra dirección política del país. Pero no los más de fondo.

 

¡Lo que se decidirá el 14-A es algo mucho más que problemas parciales o sectoriales! Es algo clave, trascendental, referente a la orientación global del país, desde sus raíces y cimientos. Algo que toca la identidad nacional misma. El alma de Venezuela, pudiera decirse, y, por tanto, su definición, no sólo económico-política fundamental, sino primaria y principalmente, cultural. Y al decir esto se implica también, por supuesto, lo ético-religioso.  Por consiguiente, para la Iglesia el 14-A, no cabe indefinición, indecisión, indiferencia, ni-ni. La opción coherente de los católicos el 14-A tiene que ser en favor de la democracia pluralista y, por lo tanto, en contra del socialismo totalitario de índole marxista y castro-cubano, que propugna el oficialismo.

 

Tradicionalmente la Iglesia, en cuanto comunidad de creyentes, ha expresado, a través de su representación institucional, su neutralidad (la cual no es lo mismo que indiferencia) en los procesos electorales; no ha querido asumir lo que entiende por alineamiento político-partidista.  Esta vez, sin embargo, no puede haber neutralidad, pues ahora, el necesario alineamiento no es propiamente político-partidista, sino nacional, humano-cristiano. Lo que está de por medio, en efecto, son bienes no negociables pertenecientes a los Derechos Humanos, a un genuino humanismo cristiano. Porque el Estado (Gobierno-Partido-Líder) no es el dueño de la libertad humana, de las propiedades y las convicciones morales y religiosas de los ciudadanos; no puede erigirse en Poder Absoluto. Sólo Dios es adorable.

 

Para la Iglesia no es moralmente decidible el que un sistema ideológico-político arrebate  o no la libertad religiosa y todas las libertades y derechos de los ciudadanos. Lo que sucede en Cuba y busca imponerlo en Venezuela el Socialismo del Siglo XXI, no es algo éticamente abierto a libre escogencia.

 

Al votar por la democracia, la Iglesia no se cuadra con un candidato, con un partido, con una Mesa o con la oposición. Se cuadra con la Nación.

 

 

Ovidio Pérez Morales

 

Obispo Emérito de Los Teques

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Estimados amigos, esta posición de Monseñor Ovidio Pérez Morales me recuerda muy bien la que asumió el entonces Arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias Blanco, cuando el 1 de mayo de 1957 hizo que en todas las Iglesias del  país leyeran su Carta Pastoral, la cual fue la gran detonante de la gran lucha que se emprendió desde ese momento para derrotar a la dictadura de Pérez Jiménez.
http://gantillano.blogspot.com/2011/09/carta-pastoral-del-arzobispo-rafael.html

Se les agradece circularla.

Saludos cordiales,
Beatriz Gerbasi

LAS REFORMAS PARA EL CNE

A la sociedad democrática venezolana 

Ante el llamado a Elecciones el 14 de Abril de 2013

El candidato Henrique Capriles, en su declaración de fecha 10 de marzo, envió claramente el mensaje de estar dispuesto a escuchar a la sociedad civil y hacerla partícipe de las decisiones que se tomen en razón del futuro de nuestro país. En la citada declaración el candidato advirtió a viva voz que nos estamos enfrentando al poder del Estado, mostrándose como un luchador, como el hombre fuerte que necesitamos para confrontar a los más viles detractores de la democracia y la libertad que haya conocido Venezuela.

Pero hasta el momento, ni nuestro candidato Henrique Capriles, ni el Comando Simón Bolívar han exigido con vehemencia condiciones a este CNE, absoluta y visiblemente parcializado con el régimen, a pesar de que el propio candidato señaló, ante una pregunta de una periodista, que sería su Comando de Campaña quien hablaría acerca de ese tema. Solamente el digno movimiento estudiantil venezolano ha dado muestras concretas y públicas de luchar por condiciones justas y equitativas para ir a unas elecciones.

En nuestro criterio, el Comando Simón Bolívar debe  dejar en evidencia que nuestras elecciones no son libres, ni  transparentes y tampoco equitativas, como recientemente afirmó la Presidente del CNE, Tibisay Lucena. Esta nueva batalla debe hacer hincapié en que la institucionalidad fue demolida, que nuestra Constitución ha sido deshonrada, en fin que hemos perdido la democracia  con prácticas de persecución, abuso, intimidación, mentiras,  discriminación y violaciones a los Derechos Humanos.

En tal sentido, exigimos que el CNE cumpla con las exigencias que siguen – sin las cuales no tendremos elecciones auténticas: libres, transparentes y justas-  y exhortamos al candidato Henrique Capriles Radonski, a los partidos políticos que lo apoyan, y a los ciudadanos comprometidos con la libertad y la democracia que conforman nuestra sociedad civil, a que si no se cumplen dichas exigencias, no reconozcan, como no reconoceremos quienes firmamos el presente comunicado, los resultados electorales fruto de los comicios del 14 de Abril de 2013.

No permitiremos bajo ningún pretexto, que este llamado a la protesta civil, pacífica y No Violenta, sea interpretado como un llamado a la abstención. Al contrario, creemos firmemente que el ejercicio del voto es el arma más poderosa que posee el ciudadano a la hora de enfrentarse contra el abuso de poder por parte de cualquier gobierno.

I. LA LIBERTAD DEL VOTO

Para que el voto sea libre, el ciudadano necesita entender por sus propios medios que su voto es secreto.  Por tal motivo, se exige:

1.     Eliminación de la máquina capta huella: Este elemento intimida al elector y lesiona su derecho a una votación libre. Los mismos técnicos de la MUD (en particular el Ingeniero Mario Torre,  gran defensor del sistema) confiesan que el sistema de captahuellas-con-máquinas de votación SAI (Sistema de Autenticación Integrada) no funciona, es decir no garantiza el principio de «una persona un voto», y solo sirve para amedrentar al votante y retrasar las colas. Ver: http://bitakoraeva.blogspot.com/2012/07/video-sobre-el-sai-mario-torre-21-julio.html. y La «Captahuella» como Falacia del CNE (Psuv), y Pecado de las Élites Electoreras.

1.     Respeto a las condiciones legales para el uso del voto asistido:

La ley permite el voto asistido por razones de salud o incapacidad física. Es público y notorio que la asistencia al votante se usa para intimidar y violar el secreto del voto.  Ver: http://www.youtube.com/watch?v=Txq9str1x3Q

3. Limitación al cumplimiento de rol legal del llamado “Plan República”:     Los procesos electorales son actos esencialmente civiles. El rol de la Fuerza Armada Nacional está legalmente limitado a: Resguardar el orden público y el material electoral (“Plan Republica”). Sin embargo, la FAN se han manifestado consistentemente a favor del proyecto político del Presidente Chávez, en abierta violación al Artículo 328 de la CRBV. En pasados procesos electorales,  ha sido evidente la participación del plan República en actos de carácter político que no les corresponde, adoptando conductas permisivas frente a los grupos de choque y motorizados armados que se identifican con el  gobierno, los cuales  rodean los centros de votación, generando zozobra,  angustia y temor  a los electores.

Ver:  http://www.youtube.com/watch?v=OkFPueIz43o (minutos 3:20 (FAN al servicio de los Poderes Constituidos) y minuto 3:55 (FAN al servicio de Chávez y la Revolución)-http://www.youtube.com/watch?v=NuCtYkXMaVM (minuto 3:47). Ver:http://tiempolibre.eluniversal.com/nacional-y-politica/hugo-chavez-1954-2013/130306/ministro-molero-llamo-a-votar-por-maduro-para-dar-en-la-madre-a-fascistas;Ver:http://www.youtube.com/watch?v=Y4MXK0rwkVQ&feature=youtu.be

4. Eliminación de la participación de las “Milicias” en el proceso electoral: Las milicias no son constitucionalmente parte de la FAN y han demostrado su parcialidad política con el régimen.

5. Eliminación de la llamada “Estación de Identificación del Elector” (“estación No.1” o “laptop” en la entrada del centro, conectada permanentemente a la red de telefonía móvil):

Este elemento no está en la ley electoral, causa retardo en el proceso, intimida al elector, es un requisito adicional de identificación. Para votar, la ley sólo exige la cédula de identidad laminada.

6. Eliminación de la codificación del voto. En el año 2004, con la aparición del voto electrónico,  el Consejo Nacional Electoral (“CNE”) estableció la codificación de la papeleta de votación. Es ampliamente conocida la práctica fraudulenta denominada “el carrusel electoral” o “cadena de votos”, facilitada al quedar el voto identificado con un código. Eso permite la coacción o compra de votos, de la siguiente forma: El primero que entra a votar pone otra papeleta (no la que emite la máquina, sino una cualquiera). El votante se lleva consigo la papeletea válida y la entrega en un “punto de encuentro” (“punto rojo”), con eso comienza la cadena, sabiéndose así por quién votó el elector. Se organiza así una cadena de votos, asegurándose que son a favor de una opción determinada. Esto vulnera el carácter secreto del voto. Ver:http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_electoral

II. LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO ELECTORAL.

La transparencia en el proceso electoral, permite que los ciudadanos  tengan la plena certeza de que su voto elije, será contado y además  tener pleno acceso a la información.

Garantizar que la tinta sea VERDADERAMENTE indeleble: Para identificar a los electores que ya ejercieron su derecho al voto se utiliza la tinta indeleble, que debe contener nitrato de plata.  Con ella se evita el votante múltiple.  Es público y notorio que la tinta que se usa actualmente en Venezuela no cumple con esta condición, pese las auditorias que se le practican muchos días antes de la fecha de la elección. Por lo tanto, la auditoria de la tinta debe realizarse en cada mesa electoral, previa su apertura.

Realizar una auditoría independiente del Registro Electoral:

El RE no ha sido auditado de manera independiente desde el año 2005. La auditoría realizada en ese año por Centro de Asesoría y Promoción Electoral  del Instituto de Derechos Humanos de la OEA (“CAPEL”) indicó, que de una muestra de 12.280 inscritos en el RE, el CNE sólo pudo entregar 5.571 partidas de nacimiento. Se puede concluir que casi un 50% de los inscritos no cuentan con documento que soporte su cualidad de elector (partida de nacimiento o Gaceta de nacionalización). Adicionalmente, en esta auditoría  los técnicos del CNE sólo entregaron 6.477.900 huellas digitales con código AFIS, para un RE de 14.404779 inscritos. A partir de esa fecha, el RE ha experimentado un crecimiento anormal pues la población creció, en los últimos 10 años, un 14%, mientras que el RE creció un 58%, entre el 2003 y el 2012.

Por otro lado, de acuerdo a la “auditoría” realizada por el mismo organismo electoral en presencia de los representantes de la oposición, antes de las Elecciones Presidenciales del 7-O, se encontró que para la cantidad de 1.513.564 electores falta un “dato esencial”, definido como tal por el artículo 30 de la LOPRE en su numeral 5: la huella digital. El Diccionario de la Real Academia Española define Esencial como derivado de Esencia (Del lat. essent?a, y este calco del gr. ?????) como 1. f. Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. 2. f. Lo más importante y característico de una cosa.

De acuerdo a lo anterior, en esta “auditoría” del Registro Electoral utilizado para las Elecciones del 7-O hay 1.513.564 electores cuyo registro está incompleto pues carece de algo que “constituye su naturaleza, algo permanente e invariable” y ” no tiene lo más importante y característico” de un elector según la LEY y por lo tanto, no pueden votar, no se puede aplicar el SAI, y no pueden estar en el Registro Electoral.

Esta irregularidad debe ser corregida porque si bien no puede cargarse a esos electores ninguna consecuencia de la ineficiencia gubernamental, permitir que esos electores voten, produce la nulidad de los resultados, pues una de las causales de nulidad es que el Registro Electoral esté conformado en fraude a la Ley. (ver Auditoria del CNE enhttp://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presidenciales/documentos/auditorias/20120924_Evaluacion_Registro_Huellas.pdf.

Eliminación de la figura del “Coordinador de Centros”: Se trata de un funcionario designado por el CNE que no cumple ninguna labor específica ni tiene sustentación legal. Al contrario, asume las funciones que le corresponden a los miembros de mesa, únicas autoridades que  la ley reconoce en el centro electoral. En las últimas elecciones se ha detectado que su participación es la de un “comisario político” que, entre otras cosas, incide negativamente al imponer la selección temprana de las urnas a ser auditadas, en contravención a la ley ya que esta selección debe hacerse una vez que se cierren todas las mesas (“auditoria de cierre o “Verificación Ciudadana”).

La verificación de todas las papeletas de votación:

Dado el carácter de democracia participativa y protagónica que garantiza la Constitución, el resultado arrojado por una máquina no puede estar por encima de la voluntad del elector, expresada en la boleta de votación.  En consecuencia, todos los electores tienen derecho a verificar su voto físico, ya que es el único elemento al alcance de sus sentidos. Esto únicamente se logra contando cada una de las papeletas.

Eliminación de los centros de votación  cuya existencia no evidencie que cumplen con el principio legal de la cercanía del voto y simplificar el acto de votar:   La ley electoral fue cambiada en el año 2010 y se prohibió que los partidos políticos conozca la residencia de los votantes, lo que impide que se pueda constatar si se cumple el principio de la cercanía del elector al voto (Artículo   de la Ley electoral), lo cual desvirtuada el pretexto que utiliza el CNE para crear estos nuevos centros. A esa falta de transparencia se le añade que en esos centros están presentes otras irregularidades, como las señaladas en el estudio FEBRES-MARQUEZ, el cual demuestra, entre otros,  que los centros de una sola mesa tienen comportamiento inconsistente con la información electoral de las parroquias a las cuales pertenecen.  Estos últimos centros  representan el 40% de todos los centros electorales  del país y el 9% de la población electoral. Ver:  http://esdata.info/2012

No emitir el primer boletín del resultado electoral, hasta tanto no se haya concluido el proceso de verificación ciudadana: La auditoría de cierre o verificación ciudadana es un elemento esencial del proceso electoral venezolano, sin cuya realización no puede darse por concluido el proceso. En sus recientes declaraciones a la prensa, Tibisay Lucena justificó la solidez del sistema electoral venezolano justamente en que este sistema es auditado en todas sus fases. Sin embargo, la realidad demuestra que esa auditoría no se hace pues las fuerzas de choque y el Plan República interfieren, para sabotearlo y el CNE contribuye a que este paso esencial no se cumpla, porque emite los resultados electorales oficiales, sin que haya concluido el proceso electoral, el cual termina una vez realizado el acto de verificación ciudadana y el posterior cierre de la mesa.

Esta información  genera el abandono por parte de los miembros de mesa, sin que se hayan concluido los pasos de verificación ciudadana y cierre, privando a los electores de su derecho a  verificar si el resultado emitido por la máquina se corresponde con su  voluntad.

III.  LA EQUIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL:

La Equidad en el proceso electoral tiene como misión compensar las desventajas circunstanciales que surjan en una contienda electoral entre los que participan en ella, esto apuntando en dirección a la igualdad con aquellos que poseen mayor capital político, que en nuestro caso es el Gobierno. En las anteriores elecciones, han quedado evidenciadas las grandes diferencias entre el Gobierno y la oposición, al punto que podemos afirmar que como opositores no tenemos posibilidad alguna de competir en mínimas condiciones de igualdad frente al gobierno. El hecho de que los Rectores del CNE fueron nombrados en fraude a la Constitución (Socorro Hernández, Tania D’Amelio, Tania Onorez y Héctor Rodríguez), porque fueron incluidos en el CNE siendo militantes del PSUV, partido del régimen, crea gran desconfianza. Ver: http://www.guia.com.ve/noti/53221/sumate-demanda-rectores-sin-militancia. Y http://noticierolegal.com/justicia/tribunal-supremo-de-justicia/958-sumate-introduce-recurso-ante-tsj-contra-aspirantes-a-rectores-del-cne.html).

1.     Imparcialidad en la campaña electoral: Se debe exigir con  firmeza que no sea utilizado el aparato del Estado, sus recursos, equipos y funcionarios públicos, para favorecer la campaña del candidato-Presidente encargado.

1.     Prohibición de la llamada “publicidad institucional”: La masiva propaganda del Estado en todo el sistema Nacional de medios públicos, refleja un ventajismo inaceptable  del gobierno sobre la otra opción. Ésta  en realidad esconde propaganda electoral.

1.     Ordenar el cierre de los Centros de Votación a las 6 PM.: Se ha observado en procesos  anteriores las movilizaciones irregulares de electores afectos al proceso hacia centros de votación que deberían ser cerrados por no tener personas en la cola con la finalidad de votar  luego de las 6:00 PM.

1.     Facilitar y promover la participación y el voto de los venezolanos en el extranjero: En el proceso electoral del 7 de octubre de 2012, el Gobierno  Nacional, en abierta violación del Derecho a Elegir, cerró por razones netamente políticas el Consulado de Venezuela en  la ciudad de Miami, donde residen  mayoritariamente los venezolanos en los Estados Unidos, violando el espíritu manifestado por el Gobierno de acercar los electores a sus centros de votación naturales.  En aras del principio de equidad entre los venezolanos,  exigimos la apertura del Consulado  para las elecciones convocadas para el 14 de Abril de 2013. Téngase en cuenta que durante los 14 meses que ha permanecido cerrado, se siguen pagando los sueldos de sus empleados y el alquiler del local donde funcionaba.

1.     Igualdad en el acceso a los medios de comunicación. Los medios de comunicación públicos y pro-gobierno tienen que permitir un trato igualitario a los diferentes actores en el proceso electoral, no sólo su participación si no también al trato, que debe ser respetuoso y no intimidante. Exigimos que por cada minuto de cobertura que se le dé a la promoción del candidato oficial se compense con el mismo tiempo al candidato opositor.

6. Participación auténtica y equilibrada de observadores nacionales e internacionales: Según recientes declaraciones de la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, el sistema electoral venezolano es de los más abiertos, porque en los últimos 17 procesos han visitado Venezuela más de 3.000 observadores internacionales. Sin embrago, esta supuesta “observación” ha dejado de ser tal por el hecho de que el CNE ha establecido, en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que las personas u organizaciones que acepten la invitación para presenciar elecciones presidenciales tendrán prohibición de efectuar pronunciamientos, sin la autorización de los rectores.  Ver: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120718/cne-extendio-invitacion-al-centro-carter-como-observador-para-el-7-0. Además, en los últimos procesos electorales el CNE sólo invita a quienes consideraaliados ideológicos del régimen o son invitados a última hora, lo que no les permite auténtica preparación para una labor seria. 

Ver:http://primicia.com.ve/index.php/mundo/item/31276-el-centro-carter-rechaza-invitaci%C3%B3n-del-cne-para-ser-observador-de-elecciones     En cuanto a observadores nacionales, tienen idénticas limitaciones y sólo subsiste un ente, denominado “Observadores Electorales de Venezuela”, dirigida por el ex rector del CNE, Ignacio Avalos y el académico Luis Lander, quienes, junto a Carlos Genatios, Roberto Picón y el padre José Virtuoso, dirigieron otro organismo (que se disolvió en el año 2004),  denominado “Ojo Electoral”.

La clara violación del gobierno a la Ley es abierta cuando el candidato del régimen se niega a separarse del cargo que ostenta violando los artículos 55, 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales-LOPE. La Ley indica que “Salvo en el previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los funcionarios y funcionarias de la administración pública que se postulen en un proceso electoral, deberán separarse de manera temporal de sus cargos, desde el día en que comienza la campaña electoral hasta el día de la elección”. Esto nos da una idea que el régimen no se parará en la violación de nuestros derechos para perpetuarse en el poder.

De no ser respetados estos derechos vulnerados en el próximo proceso electoral presidencial, exigimos a nuestro candidato Henrique Capriles Radonski no reconocer los resultados electorales ya que se realizarían dentro de un marco ilegal y fraudulento. Asimismo a instar a los partidos políticos y a la sociedad civil, a igualmente desconocer tales resultados. Estas exigencias, que en cualquier país del mundo serían vistas como básicas, elementales, inobjetables, en Venezuela son vistas como “radicales” y fuera de lugar, lo que nos hace pensar que sufrimos de una especie de “Síndrome de Estocolmo” generalizado, en el que nos da miedo exigirle a quienes les compete, que cumplan con lo que les corresponde de acuerdo a la Ley.

Basándonos de nuevo en el principio de democracia participativa y protagónica que garantiza la Constitución, el resultado arrojado por un sistema automatizado como el que nos impone el CNE no puede estar por encima de la voluntad de los venezolanos. Todos los electores tenemos el derecho a comprender el sistema de votación con el que elegimos a nuestros gobernantes, debiendo estar al alcance de los sentidos y ser entendido por todos. La única manera de asegurar que un sistema de votación sea transparente y que sea visto y comprendido por toda la ciudadanía es volviendo al voto y escrutinio manual, sin perder las ventajas que nos da la automatización. De esta manera muchas de las desviaciones asociadas al hecho tecnológico pueden ser corregidas.

Aducir lo ajustado del cronograma electoral para las próximas elecciones del 14A con el fin de no producir los cambios necesarios, no puede ser una excusa. La mayoría de las exigencias planteadas en este documento son de Derecho, de carácter administrativo y de inmediata implementación. Tanto la  corrección de los registros que resultaron irregulares en la auditoría ya realizada, como la realización de una auditoría “express” del Registro 

Electoral, son posibles si así se lo propusiera el CNE.

Tomamos al pie de la letra las declaraciones dadas por Henrique Capriles a El Nacional (Cuerpo Nación Pag. 4, El Nacional Domingo 17 de Marzo 2013): “Me preguntan qué voy a hacer ante las condiciones; quiero que se pregunten que van a hacer ustedes por esas condiciones”. La respuesta a esa pregunta es clara: exigimos una respuesta firme del candidato ante el atropello de nuestro derecho a elegir libre, transparente y equitativamente. 

Si el candidato asume la responsabilidad histórica en la defensa de nuestros derechos, los venezolanos haremos lo que siempre hemos hecho: defender la democracia. De nada sirve pedir, solicitar, exigir, si no existe una muestra del candidato acerca de la acción que tomaría en caso de que no se cumpla la exigencia al CNE de respetar nuestros derechos. No exigir condiciones, equivale a convalidar un sistema electoral fraudulento, y por ende, legitimar al Presidente fruto de una sentencia inconstitucional y una elección controlada.

Para finalizar, queremos dejar claro que ha llegado el momento de las definiciones, y que por tanto, la primera exigencia está dirigida al candidato y a la MUD. Exigimos una declaración firme en relación a este tema, ya que de seguir en la lógica de no poner condiciones para la participación en el proceso electoral, el país necesitará tomar una posición definitiva de cara al evento del 14 de abril.

Suscriben:

Luis Manuel Aguana, Lic. en Computación, Miembro de Por la Conciencia, y Coordinador General AC Familia Metro

Theresly Malavé W, Abogado, Miembro de la  ONG Justicia y Proceso Venezuela (JUYPROVEN)

Adriana Vigilanza García, Abogado. Miembro de la Dirección Nacional de  Copei

Guillermo Salas, Lic. En Física y Miembro de ESDATA

Ludwig Moreno, Médico Radiólogo, miembro de ESDATA y de VOTOLIMPIO

Marisol Sarria Pietri,  Abogado.

Eric Ekvall, Miembro Co-Fundador de Por la Conciencia

Iñaki Gainzarain, Lic. Matemáticas

Luisa Elena Vidaurre, Miembro Co-Fundador de la AC Por la Conciencia

Pablo Brito Altamira, Miembro Co-Fundador de la AC Por la Conciencia

Gral (r) Carlos Julio Peñaloza

Kika Bisogno, Miembro de VOTOLIMPIO

Ana Mercedes Díaz – Ex directora del CNE

TRIPLE CRISIS (UN BLOG)

http://triplecrisis.com/

The Group of 20 (G20) has declared itself the “premier global economic forum” and was created to tackle the most pressing challenges confronting the world economy today, including reducing instability and preventing future financial crises. The G20 has committed itself to a goal of shared and inclusive growth. Given this commitment, it is striking how little attention has been paid to issues of gender equality in its policy frameworks, summits, and declarations.

Maduro: método alternativo para asignar divisas

El presidente encargado, Nicolás Maduro, anunció la creación de un método alternativo para la asignación de divisas a través del Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario. Indicó que a partir del próximo lunes se espera entregar divisas a través de este "sistema complementario del sistema de Cadivi", cuyos detalles de funcionamiento se darán a conocer este martes. Añadió que esta medida busca "tumbar el dólar paralelo".

Sostuvo que las nuevas medidas económicas buscan "mantener un crecimiento económico de calidad", como parte de "nuevo ciclo de la revolución bolivariana".

La primera medida anunciada fue la de "ampliar el alcance del Fondo Bicentenario", que pasa a llamarse Fondo Bicentenario Alba-Mercosur y fomentará el aumento de las relaciones económicas "de desarrollo conjunto hacia Centroamérica y el Caribe".

Indicó que fueron "inyectados" a dicho fondo mil millones de dólares en divisas "para invertir en tecnología y en crecimiento de la capacidad productiva".

Tras anunciar la asignación de otros mil millones de bolívares para el fondo de financiamiento, Maduro resaltó que  "el gobierno bolivariano administra chavistamente los recursos".

Explicó que las nuevas medidas se adoptarán ante la "necesidad de que los recursos que la República tiene se direccionen correctamente hacia los sectores para cumplir con las necesidades internas".

Sostuvo que todo ello busca "sustituir las importaciones y convertir a nuestro país en un país exportador".

En la reunión, además del Presidente encargado, participaron el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza; el canciller Elías Jaua; el ministro de planificación y finanzas, Jorge Giordani; el presidente del Banco Central de Venezuela Nelson Merentes; y el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez.

Durante el encuentro, se efectuó la décimotercera entrega de financiamiento del Fondo Bicentenario, cuando se cumplen tres años de su creación.