martes, octubre 14, 2014

LOS COLECTIVOS, ORGANIZACION DEL TERROR

Los colectivos: orden y terror chavista en Venezuela

Antonio María Delgado, El Nuevo Herald
Javier Ignacio Mayorca, Crímenes sin Castigo
Para el chavista, son la expresión urbana del Che Guevara, revolucionarios que luchan por “el proceso” desde trincheras excavadas en las barriadas. Para el opositor, esbozan el rostro violento de la Revolución Bolivariana, pandilleros mantenidos por el régimen para intimidar a la sociedad civil y, en ocasiones, hacer su trabajo sucio.
Pero nadie en Venezuela duda que están armados.
“Los colectivos son el rostro violento de la revolución, pandilleros mantenidos por el régimen para hacer trabajo sucio”
Los colectivos, como se autodenominan las unidades paramilitares al servicio del chavismo, personifican la Espada de Damocles que cuelga sobre la civilidad de la política venezolana.
Son la amenaza latente de que la Revolución Socialista emprendida por el fallecido presidente Hugo Chávez cuenta con armas para su defensa que no están necesariamente en manos de sus soldados y policías.
Natalia Brandler
Y son agrupaciones que se encuentran en plena expansión, ahora que Nicolás Maduro está al timón, con los colectivos pasando de Caracas a otras ciudades del país, comentó Natalia Brandler, Directora del Groupe d’Études sur l’Amérique Latine (GEPAL), quien ha estado estudiando el fenómeno.
En algunos de los barrios pobres del país estas organizaciones han tomado tanta fuerza que son ahora vistos como la única autoridad en ejercicio, agregó.
“No están todavía en todo el país, pero han ido creciendo. Se están expandiendo. Se han convertido en ‘la ley’ en muchas zonas, donde son ellos los que deciden lo que es delito, y cuál debe ser el castigo”, explicó Brandler.
En estos lugares, tradicionalmente zonas de Caracas donde la policía no se atreve a ingresar, se desempeñan como fiscales, jueces y jurado, agregó.
“Los colectivos son unidades paramilitares al servicio del chavismo” Foto: Pbs.twimg.com
“Se toma la ley en sus manos, y dentro de sus zonas, ellos son los que deciden, quiénes entran y quiénes salen, quienes viven y quienes mueren. Han convertido estos barrios en pequeños feudos, donde mandan ellos, incluso por encima de lo que pueda decidir el gobierno central”, señaló.
Feudos desde donde operan una amplia red de extorsión.
“Es el negocio extorsión tradicional de las mafias, donde te dicen: nosotros te cuidamos, y tú a cambio nos das una ‘boleta’, o sea una ‘vacuna’, comentó Brandler.
El control de estos grupos es casi total en zonas populares, incluyendo sectores del 23 de Enero, Catia y de Petare, donde agentes de la policía no pueden ingresar sin la autorización de colectivos como La Piedrita, Montaraz, Simón Bolívar, Los Tupamaros y Alexis Vive.
“Los colectivos operan con autonomía y son protegidos por el chavismo que les da financiamiento, equipos y armas”
La Piedrita es el más famoso de ellos y su reinado en las calles del 23 de Enero es legendario.
“Los colectivos han convertido estos barrios en pequeños feudos, donde mandan por encima del gobierno”
En el sector, conformada por docenas de bloques 150 departamentos cada uno que fueron construidos durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958), abundan las paredes pintadas con imágenes del grupo, que incluyen uno mostrando a Jesús sosteniendo la Constitución al lado de la Virgen de Coromoto, la patrona del país, portando un rifle AK47.
Pero si bien estos grupos operan con cierto grado de autonomía, al mismo tiempo son respaldados y protegidos por altos personeros del chavismo, que les brindan financiamiento, equipos y armas.
Incluso el propio Chávez estuvo entre los primeros en reconocer los beneficios de incorporar a las filas de la revolución estas agrupaciones con inclinaciones de izquierda que habían emergido orgánicamente dentro de algunos de los barrios más pobres de Caracas como organizaciones de autodefensa frente a la delincuencia.
Anthony Daquín
Chávez tenía grandes planes para los colectivos, comentó Anthony Daquín, ex asesor de seguridad del Ministerio de Interior y Justicia.
El [Chávez] llegó a llamar a los colectivos como el Brazo Armado de la Revolución y es una designación que sigue siendo utilizada dentro del chavismo”.
En esencia son grupos paramilitares integrados por elementos que han recibido formación en ideología e instrucción en operaciones de guerrilla urbana, dijo Daquín, quien ejerció como asesor en los primeros años del gobierno de Chávez.
El chavismo ha invertido holgadamente en la formación del liderazgo de estos movimientos.
Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita.
“Los líderes de los colectivos han pasado por un proceso de formación ideológica socialista y han viajado a la isla de Cuba, donde se les ha preparado en áreas que van desde el combate cuerpo a cuerpo, hasta el combate armado”, relató.
Además del adiestramiento, los colectivos reciben fondos directos del gobierno.
“Son recursos que vienen disfrazados a través de ayuda.
Algunos de ellos provienen del denominado Frente Francisco de Miranda [agrupación de militantes chavistas], pero también provienen de alcaldías bajo control del régimen, e incluso de la propia PDVSA”, comentó Daquín.
La ayuda también incluye la dotación de armamento, en ocasiones de guerra, por parte del gobierno.
“Los colectivos son la amenaza latente de que la revolución cuenta con armas”
“Son armas decomisadas a los presos. Las autoridades les entregan aquellas armas decomisadas que ‘no están cochinas’ [solicitadas por las autoridades con relación a algún crimen]”, dijo Brandler.
“También les han entregado motocicletas, en al menos un caso utilizando el argumento de que estaban siendo entregadas a una cooperativa de mototaxis. Y esa cooperativa terminó convirtiéndose en un colectivo, armado y con moto”, agregó.
A cambio de esta ayuda, los colectivos son requeridos a prestar sus servicios al régimen en diversas labores. Han participado por ejemplo en jornadas de cedulación.
Y han jugado papeles centrales en la estrategia chavista durante las elecciones, patrullando armados y en motocicletas para intimidar al elector opositor, comentó Daquín.
“En algunos barrios pobres los colectivos son la única autoridad en ejercicio”
En más de una ocasión, la actuación de los colectivos durante los eventos electorales ha sido violenta, como sucedió en noviembre cuando un grupo de ellos trató de incendiar el pequeño autobús en que se desplazaba el líder de la oposición Henrique Capriles, o como cuando dispararon contra el vehículo de la también dirigente de la oposición María Corina Machado.
“A Capriles no le dejaron entrar en alguna zona durante la campaña. Cuando trataba de visitar las zonas populares donde ellos operan, se encontraba con que los motorizados estaban allí con el rostro cubierto. Esos que le impedían el paso, eran miembros armados de los colectivos”, dijo Brandler.
Las agrupaciones utilizan pañuelos para taparse la cara y se desplazan en motocicletas como si se tratasen de una versión moderna de las viejas películas de vaqueros.
“En esos lugares los colectivos se desempeñan como fiscales, jueces y jurado”
El color de los pañuelos porta un gran significado, como sucede con las las pandillas de los barrios en Estados Unidos, que utilizan el rojo o el azul para marcar territorio.
Y los colores son importantes en las operaciones de extorsión.
Camisetas con esos colores son colgadas en las puertas de los pequeños negocios en que operan, para dar a conocer quien les protege, dijo Brandler.
“Estos colectivos se han convertido en cobradores de peaje [extorsión], exigiendo el pago de protección a los comerciantes que viven en la zona”, dijo Daquín.
“Y los comerciantes tiene que pagar, si no lo hace rápidamente se convierten en víctimas”, agregó.
Si bien acciones como esta pueden ayudar a traer orden en lugares azotados por el hampa, los colectivos no son bien vistos por los moradores de las zonas donde operan, añadió Brandler.
La violencia buena y la mala violencia
La realidad demostró que los colectivos eran cada vez menos pacíficos y más armados. Fotos:Maduradas.com
Los escándalos que involucran a miembros de los colectivos están obligando al Ejecutivo a cambiar su discurso hacia estas agrupaciones.
Luego de la operación policial que dejó cinco muertos en la avenida Sur 4, el gobierno se ha visto obligado a matizar su discurso con respecto a los colectivos, es decir, las agrupaciones civiles que operan en Caracas y en el resto del país como cuerpos paramilitares y a las que se les ha asignado la defensa armada de la revolución.
El episodio fue demasiado evidente. De un lado estaban las unidades de la policía judicial. Del otro, militantes del colectivo autodenominado Escudo de la Revolución, con apoyo del Frente 5 de Marzo, una plataforma liderada por el sargento jubilado de la Policía Metropolitana José Miguel Odreman Dávila, que pretendía constituirse en punto de fusión de otros tantos colectivos.
El sargento Odreman, cuando estaba con el “proceso”. Foto: 1.bp.blogspot.com
Desde CICPC se filtró la información de que la organización liderada por Odreman, de 43 años de edad, estaba vinculada con el homicidio del oficial de la Policía Nacional Francisco Antonio Viloria, de 24 años, reportado en el barrio José Gregorio Hernández de Cotiza el 9 de enero.
En ese mismo hecho murieron Yohanny Wilfredo Rojas y Luar Rafael Pérez, de 22 y 23 años de edad, respectivamente. Igualmente, la sindican de participar en los asesinatos de dos hombres que fueron hallados en las riberas del rio Guaire, envueltos en bolsas para basura, así como también en la muerte de Yohan José Alaya Pérez, de 33 años, luego de que supuestamente fue torturado en el sótano del edificio Manfredir, principal objetivo del allanamiento.
Comisario José Sierralta, director del CICPC. Foto: Nuevaprensa.com.ve
Nada de esto fue precisado por el actual director de ese organismo José Gregorio Sierralta, quien ese día se limitó a emitir mensajes vía twitter desde Valencia así como una breve rueda de prensa para aclarar que la acción que prácticamente mantenía paralizado al centro de Caracas no obedecía a las pesquisas sobre el asesinato del diputado Robert Serra.
En medio de la confusión, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, así como el propio Sierralta, intentaron hacer una distinción entre colectivos y bandas delictivas. En ese imaginario, los primeros se dedicarían al trabajo social en sus comunidades, mientras que los otros a delinquir.
Este discurso se fue refinando con el pasar de los días. Rodríguez Torres hizo esta caracterización:
Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Foto: Gentedehoy.com
“Un colectivo es expresión de la organización del poder popular. Los colectivos en Venezuela tienen años de constituidos, años de trabajo, son para la paz y por la paz, la cultura, el deporte y la organización popular. Vimos en los twitter de muchos colectivos cómo se deslindan de la violencia para ejercer la participación política”.
¿Este Rodríguez Torres es el mismo oficial que, cuando era comandante con oficina en la Vicepresidencia, contribuyó a orquestar los círculos bolivarianos? Desde entonces, él ha podido presenciar la evolución de los colectivos. La imagen idílica que expresó en el acto de la Plaza Caracas no obedece a la realidad actual sino a la etapa previa a la crisis política de 2002-2003.
Desde entonces, los colectivos han seguido el principio expresado en su momento por el propio Hugo Chávez, según el cual el proceso político que él lideró era “pacífico, pero armado”. La realidad demostró que era cada vez menos pacífico y más armado.
Los colectivos tienen patrones de organización similares a los terroristas. Foto: Maduradas.com
Entiéndase bien: los colectivos, especialmente los más evolucionados como La Piedrita, Tupamaros o Alexis Vive, tienen patrones de organización similares a los que poseen agrupaciones consideradas terroristas, tales como ETA en el País Vasco o Hamas en Palestina. Antaño también la tuvo el Ejército Republicano Irlandés.
Por una parte, tienen un ala militar, dedicada de las acciones de choque. Por la otra, una rama política, encargada de las negociaciones con otros sectores, la vocería pública y la “acción social”, que les hace ganar adeptos especialmente en los sectores más desposeídos.
Un reportaje publicado por El Nacional el 14 de septiembre (http://www.el-nacional.com/sucesos/Cotiza-centro-operaciones-colectivos-Caracas_0_482351846.html) refleja claramente que el Frente 5 de Marzo intentaba seguir este modelo. Es decir, detrás de la manzana va el garrote.
El sargento Odremán pretendíió constituirse en punto de fusión de otros tantos colectivos. Foto:Maduradas.com
El discurso esgrimido por los miembros del Ejecutivo tiene pies de barro, especialmente cuando se escuchan los testimonios de los familiares del sargento Odreman y los demás fallecidos en el edificio Manfredir, quienes recordaron que para el Gobierno ellos sí podían llamarse colectivos cuando defendieron a todo trance al presidente Maduro durante las manifestaciones de febrero. Cuando siguieron aquella orden impartida en cadena nacional:“Candelita que se prenda, candelita que se apaga”. Ahora, desde luego, repudian que los llamen bandas criminales.
La conducta mostrada desde el régimen hacia los colectivos sugiere la noción de que hay una violencia buena y otra reprochable. La primera, encaminada a sostener el estatus político. Allí todo es posible. Se asegura la impunidad, por ejemplo, cuando miembros de estos grupos irrumpen en urbanizaciones de Mérida para arremeter contra los residentes que participan en las protestas antigubernamentales. O ante el robo continuado de motocicletas de la Alcaldía Metropolitana, a cargo del opositor Antonio Ledezma.
Lo que no se puede hacer es atentar contra el régimen, sus actores y sus intereses. Esa línea no se puede cruzar.
“Son temidos, no queridos”, comentó la profesora. “Querido no es ninguno de ellos, la gente les tiene terror”.

viernes, septiembre 26, 2014

EL ESPECTADOR de COLOMBIA

POLITICA "CRIMINAL"






Policy “Crimes”




STANFORD – When the Berlin Wall fell a quarter-century ago this November, pundits led by Francis Fukuyama proclaimed the end of history – the triumph of democratic capitalism over all rival systems. America’s economic success and the collapse of communism fed the narrative. The long political, intellectual, and, at times, military confrontation that we knew as the Cold War was over.
Indeed, at a meeting in Warsaw in the winter of 1990, General Wojciech Jaruzelski, Poland’s President and communist party boss, declared to me and my cabinet colleagues that “The forces of history have inevitably led us to capitalism.” He could not free himself of the Hegelian dialectic, but he admitted that communism had gotten history’s end point entirely wrong.
A couple of decades later, various forms of capitalism have worked wonders for some former communist and socialist countries. Poland is an excellent example of a successful economic and political transition.
But capitalism is far from flourishing everywhere. North Korea, which never had a transition and maintains heavy-handed central planning, is an economic basket case. And soft socialism combined with subsidized “national champions” is decaying in France.
Moreover, in many countries, capitalism arrived without democracy. China is an obvious example of capitalist success and lagging political reform. For these countries, honest competition at the ballot box, free and open debate, and respect for minority rights – the foundation of liberal democracy – are not currently on the agenda. The champagne corks were popped prematurely in 1989. 
Indeed, precisely because liberal democracy did not triumph worldwide, many pressing crises now require attention and action. But we must also focus – in the media and in the classroom – on the less dramatic but nonetheless dangerous attacks on democracy and democratic values, including in the Americas, where statist regimes and others have been attacking freedom of speech and of the press.
As a result, policy disputes can become criminal. In a pernicious recent example, Venezuela’s President Nicolás Maduro, in a nationally televised speech, ordered the country’s attorney-general and public prosecutor to take “action” against the Harvard economist Ricardo Hausmann for daring to ask, “Should Venezuela Default?”
Hausmann was right to ask that question. Research overwhelmingly shows that successful economic development requires inclusive property rights, the enforcement of contracts, and even-handed rule of law. Venezuela currently has none of these ingredients.
So it is not surprising that massive government deficits financed by explosive monetary growth have caused the currency to collapse, with multinationals writing down the value of their Venezuelan subsidiaries each time the official exchange rate is lowered. Nor is it surprising that, with inadequate foreign exchange, the country is having difficulty paying its bills, or that price controls and police-state regulation have severely worsened food shortages. Finally, amid widespread speculation that Venezuela may indeed default on up to $80 billion of foreign debt, it is not surprising that yields on its sovereign debt have hit 15%.
Venezuela, with some of the world’s largest hydrocarbon reserves, should be enjoying an era of prosperity amid high oil prices. But corruption, political control of the national oil company, and nationalization of foreign-owned oil assets have caused exactly the opposite. (Disclosure: I serve on the board of one such company, ExxonMobil, which is awaiting the results of arbitration in international court.)
The combination of authoritarian rule, extreme populism, socialist ideology, and incompetence under former President Hugo Chávez and Maduro has wreaked havoc on Venezuela. But when Hausmann, a Venezuelan citizen and former government minister, discusses an important question that is being asked by investors around the world, he is not merely chastised, but threatened. The implication is clear: Speak out and you may be jailed.
This is not the first such treatment of a prominent economist in Latin America. A decade ago, it was Domingo Cavallo, who, as Argentina’s finance minister, had pegged the peso to the dollar to bring down the 1,000% inflation that was destroying the economy – and the fabric of society. When he abruptly ended the peg in 2001, a severe recession followed, and he was arrested and jailed. Fortunately, international outrage, including a campaign organized by North American economists, helped to free Cavallo.
I do not agree with all of the policies advocated by Cavallo or Hausmann, or any other policymaker for that matter. But should we really criminalize not corruption or self-dealing, but policy disagreements? Do we want every new government to jail its political opponents – as Ukraine’s deposed President Viktor Yanukovych did to former Prime Minister Yuliya Tymoshenko – because it rejects the policies they enacted or condemns the perceived outcomes?
We have not fallen so far yet in the United States. But even here, it has become far too common to impugn the motives and values, not just the ideas, of those with whom we disagree. Journalists, politicians, and public intellectuals who should know better routinely argue not just that policies and proposals are wrong-headed, but that the proponents themselves must be evil to have enacted or suggested them.
Criticism and disagreement should not be allowed to curdle into the hateful vitriol that demeans so much public discourse today. Words have consequences and can inflame thuggery or worse. Even attempted suppression of free and open debate, or official delegitimization of those with alternative policy proposals, is dangerous. Such outrages must be resisted, before more people like Cavallo and Hausmann are threatened – and before the disease spreads to North America and Europe.


martes, septiembre 23, 2014

ES ESTO POSIBLE ?

CANDIDATO ROJO

Chavistas maniobran para sustituir a Nicolás Maduro en la presidencia

El ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, asegura su poder otorgando responsabilidades a sus allegados en Tribunal Supremo de Justicia
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En las altas esferas del Gobierno de Venezuela no se conoce a este alto funcionario como la figura escogida para una posible transición. (Ilustración Pinilla)
jpernalete@diariolasamericas.com
@jpernalete

El ministro del Interior y Justicia venezolano, Miguel Rodríguez Torres, fue recientemente ratificado por Nicolás Maduro, luego de que el sonado “sacudón” que hiciera el mandatario a los miembros del gabinete, provocó que todos pusieran sus cargos a disposición del gobernante.

Sin embargo, al parecer en Miraflores no se tiene información acerca de los preparativos de una agenda paralela que presentaría a este alto funcionario como la figura escogida para una posible transición, ante unas eventuales elecciones en Venezuela.

Luego de los hechos de violencia registrados en el centro de Caracas el pasado mes de febrero, donde policías del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) que fungían como escoltas de Rodríguez Torres, atacaron con armas de fuego a jóvenes manifestantes, la atención de los observadores se viró sobre la responsabilidad administrativa de este ministro.

Mientras las protestas continuaban y la represión de órganos de control público se recrudecía con ensañamiento contra civiles en las manifestaciones, en la la redacción del periódico El Universal los reporteros fueron sorprendidos con una llamada telefónica inesperada, proveniente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según reveló un periodista testigo de lo ocurrido.

El vicepresidente del máximo tribunal del país, Fernando Ramón Vegas Torrealba, habló con uno de los editores del rotativo de circulación nacional y le pidió “bajar el tono” en las referencias hechas al ministro, donde lo señalan como operador de las agresiones.

La conversación se basaba en que algunas informaciones publicadas proyectaban una imagen negativa del ministro Rodíguez Torres. Lo cual resulta contraproducente con la propuesta de afianzar la aceptación de Rodríguez Torres entre los seguidores del chavismo y lo debilita su imagen como la figura “presidenciable” que pretenden fortalecer desde el TSJ.

El magistrado explicó en la llamada que por los eventos desarrollados hasta ese momento y ante el descontento generalizado, no descartaban la posibilidad de que Maduro dejara de ser presidente y proponer a Rodríguez Torres como candidato oficialista.

Esto sucedió antes de que intereses económicos ligados al Gobierno de Venezuela compraran el diario El Universal. Este medio de destacaba por investigaciones y denuncias críticas a la administración pública.

Luego del cambio de dueños, muchos periodistas y columnistas fueron sacados de la nómina de esta empresa.

Situación preocupante

Para la exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, es “muy probable que se esté creando al próximo candidato” [a la presidencia] dentro del máximo tribunal del país y lo califica como preocupante.

“Está claro que el TSJ legitima las decisiones de los poderes públicos y ahora, si están pensando en este señor [Miguel Rodríguez Torres] como presidente, es asombroso”, aseveró.

Mármol de León apuesta hacia una Asamblea Constituyente para la salida de la crisis sociopolítica que padece Venezuela pero considera que si bien “Nicolás Maduro no sería el candidato del PSUV, tienen ahora a Rodríguez Torres del mismo partido político”.

Nepotismo rojo

Por otra parte, es un hecho que los lazos entre Fernando Vegas [magistrado que hizo la llamada a El Universal] y Rodríguez Torres, determinan en lo que decide en el ministerio de Interior y Justicia.

Melanie Vegas, hija de Fernando Vegas, presidente de la sala electoral del TSJ, es la asistente personal del ministro Rodríguez Torres.

Además, pareciera que este ministro, quien participó en el golpe de Estado contra el expresidente Carlos Andrés Pérez en 1992, prefiere rodearse en su despacho de familiares de sus allegados.

El viceministro del Sistema Integrado de Policía, Marcos Rojas Figueroa, es cuñado de Vegas, quien es vicepresidente del TSJ y en el pasado se desempeñó como comandante general de la Guardia Nacional.

La influencia del magistrado en los ejes de poder a través de Rodríguez Torres han logrado extender los beneficios laborales a toda su familia, pues desde mayo de 2013 fue designada la esposa de Vegas Torrealba, Violeta Clavaud de Vegas, como Directora General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), organismo adscrito al Ministerio de Interior y Justicia.

Al respecto, la exmagistrada Mármol de León recuerda que mientras ejerció su cargo, fue testigo de cómo muchos de los jueces “tenían a su familia bien acomodada en despachos del poder ejecutivo, legislativo y judicial”.

En mayo del pasado año, el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, denunció a través de su cuenta en twitter los vínculos de afinidad entre el ministro y el magistrado.

“El nuevo presidente de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Vegas, es compadre del Ministro (de Interior y Justicia), Miguel Rodríguez Torres ¡¿Ustedes creen que será imparcial?”, escribió Capriles.