organizaciones impulsadas por el Gobierno para gestionar políticas públicas y proyectos locales se ven afectadas por el burocratismo, la partidización y las sospechas de corrupción.
En agosto pasado, la Asociación Civil Ágora, fundada en 2005 por un grupo de profesionales jóvenes para fomentar la convivencia, organizó unas sesiones con los líderes de esa comunidad, que relataron sus experiencias sobre el tortuoso ciclo de presentación de proyectos comunitarios. Los inconvenientes saltaron a la vista.
En el diagnóstico de los problemas participan muy pocos y se pueden tardar semanas investigando cuál institución tiene competencia y cuáles funcionarios pueden ayudarlos. En la última etapa, la de seguimiento, el ciclo frena abruptamente y el entusiasmo colectivo se desinfla. “Esta fase detalla Mariana Bacalao, que condujo el estudio que fue publicado en diciembre puede ser infinita, lo que genera una autopercepción de eficiencia limitada. La mayoría de las cosas muere sin respuesta. La gente se frustra y siente que tiene poco alcance; se preguntan qué hacen allí. Un proyecto solapa a otro y se suman los asuntos sin resolver”.
El relato de un vecino lo ilustra: “Hemos pasado de un mismo problema 18 comunicados y no nos han contestado ni una sola vez. Eso es falta de voluntad de los gobiernos. Sencillamente no hay respuesta ni con materiales ni con recursos”.
Pese a que Ágora observó que los miembros de los consejos comunales tratan de cubrir las necesidades de conocimientos legales, de redacción o administración, notaron que el esfuerzo se desvanece. La concreción de los proyectos recae sobre organismos oficiales e instancias sobre los que no tienen control, como las “salas de batalla social”, que sirven de enlace con el Ejecutivo.
La inconformidad fue detectada también por las investigaciones del Centro Gumilla.
En un estudio publicado en noviembre, hallaron que después de las policías, los sindicatos y los partidos políticos, los consejos comunales más de 41.000 en todo el país están entre las instituciones que más desconfianza generan. De cada 10 personas, 6 piensan que quienes participan en el desarrollo de proyectos comunitarios lo hacen para beneficiarse personalmente.
Trampa burocrática. Los vo- ceros, en el fondo, sienten que son gestores, dice Norma Pérez, directora de Ágora. “La gran debilidad es que tienen poca incidencia en el diseño de políticas públicas. Han sido brazos ejecutores, son instrumentos para que el Gobierno te dé plata para hacer una obra, pero esos recursos casi siempre bajan muy tarde o no llegan”.
Formar parte de la estructura del Estado, señala José Gregorio Delgado, director de la Escuela de Vecinos de Venezuela, transfiere la ineficiencia del sector público a la gestión comunitaria.
Amarilis Andrade, vocera del consejo comunal 9 de Febrero, en la parroquia Altagracia, dice que su casa es un archivo. Guarda cajas con las comunicaciones que ha dejado en la alcaldía y en los ministerios. El principal proyecto que gestiona es la construcción de casas para las casi 150 familias que viven en riesgo en el sector. Después de 5 años de rebotar en organismos públicos, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales asumió la obra y la prometió para febrero de este año, aunque en el terreno no se observa ningún movimiento de tierra ni maquinarias. Los planes más pequeños, como el desmalezamiento de una vía o el mercadito a cielo abierto, los han concretado con los ministerios cercanos. El despacho de Finanzas apadrina a esa parroquia.
Lejos de las sedes del poder central, los vecinos de Lomas de Guaicoco, en el municipio Sucre, acuden a la alcaldía.
Tienen años con una falla de borde que amenaza con dejarlos incomunicados y derrumbarles las casas. Pero el presupuesto del Ejecutivo local para reparaciones es escaso y la vía del sector La Fénix sigue cediendo. María Chacón, vocera del consejo comunal, muestra unas cartas escritas a mano en las que solicitaron a la alcaldía que les dé los recursos que aseguran fueron aprobados en 2008. Dejaron otra carta en el Ministerio de Transporte, pero aún no hay respuesta. “Para hacer una obra tienes que pedir allá y acá. Es muy complicado dar con la oficina en la que tienen que atenderte y la gente quiere ver el muro construido, no le importa si uno ha ido varias veces a la alcaldía o si ha mandado cinco cartas y perdió el tiempo”, indica Pedro Caballero, otro de los voceros.
El trabajo requiere constancia, agrega Andrade. Sin embargo, no todos la tienen. “Algunos dejaron sus comités y el grupo que sí está comprometido tiene que encargarse de todo, nos recargamos de responsabilidades. Quisiera que el Presidente formara un equipo para hacer contraloría a los voceros que no hacen su trabajo”, expresa.
El politólogo Piero Trepiccione, investigador del Centro Gumilla, señala que la expectativa que despertaron los consejos comunales no fue satisfecha. “Los atiborraron de funciones y tienen poca capacidad de gestión. Entran en conflicto con las competencias de las alcaldías, que sí tienen el personal técnico y la estructura necesaria. Se transfieren tareas a un ente participativo que no tiene la capacidad para cumplir las responsabilidades atribuidas y dar respuestas”.
Partidizados. La Ley Orgánica de los Consejos Comunales promulgada a finales de 2009 eliminó los bancos comunales que fueron señalados por corrupción, cambió las estructuras de estas organizaciones comunitarias y requirió la realización de otro censo, así como la obligación de volver a registrarse.
Carlos Romero, asesor jurídico del Frente de Consejos Comunales Excluidos que se constituyó el año pasado, dice que esto generó episodios de discriminación política. “A muchos no los dejaban inscribirse y legitimar a sus voceros porque no se identificaban con el PSUV y con la revolución, por eso se introdujeron amparos en el Tribunal Supremo de Justicia. Eso limita el derecho a la participación”, indica.
El acta constitutiva de los consejos comunales, disponible en la página web del Ministerio de las Comunas, señala que deben estar “orientados a la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social”.
Delgado afirma que la penetración de la ideología y los partidos políticos afecta la labor vecinal: “Se insiste en pedir recaudos fuera de ley como la vinculación con salas de batalla social o batallones del PSUV”.
En los organigramas del ministerio, las salas de batalla social son descritas como espacios para que confluyan los consejos comunales, representantes de misiones y organizaciones sociales. Se encargan de llevar los proyectos ante las instituciones y constituyen el germen de las comunas. Sin embargo, esta instancia no está descrita en las leyes.
El consejo comunal La Coromoto, en Las Minas de Baruta, ha intentado que sus proyectos sean financiados por la alcaldía. María Véliz, una de las voceras, señala que en el despacho local no atienden a los representantes de la sala de batalla que gestionan los proyectos. Desde la dirección general de la Alcaldía de Baruta, Carmen Elisa Hernández aclara que sólo los consejos comunales son interlocutores válidos para discutir asignaciones presupuestarias. “Las salas de batalla social no tienen personalidad jurídica y no se les puede dar recursos. Son estructuras de base electoral del partido de gobierno”.
En informes académicos de la carrera de Estudios Políticos de la Universidad Bolivariana disponibles en la web se encuentran pistas sobre la importancia política de las salas: cuentan con la asesoría de miembros del Frente Francisco de Miranda, una organización de formación y movilización oficialista.
La relación con las instancias políticas confunde a los vecinos de Guaicoco. “Es muy cambiante la relación de los consejos comunales con el Estado, cambia la estructura y la gente se desbanda”, lamenta Caballero. A la elección de los primeros voceros precisa fueron 500 vecinos y a la más reciente, hace 2 meses, apenas acudieron 200. “La gente se fastidia porque te dicen primero que formes las UBE (unidades de batalla electoral del PSUV), luego los consejos comunales y ahora las comunas”.
Bajo sospecha. Para mediados de 2011, la Fiscalía manejaba 1.500 casos de corrupción en consejos comunales. El informe de 2010 de la Contraloría General de la República describe las irregularidades: deficiencias en la selección de contratistas, en la ejecución de obras y en la rendición de cuentas de los proyectos financiados con recursos públicos.
En el informe presentado el año pasado, la Contraloría indicó, por ejemplo, las irregularidades halladas en el consejo La Esperanza Bolivariana, en Mérida: 3 integrantes no presentaron la declaración jurada de bienes; no existía la comisión comunal de contrataciones y no efectuaron el debido proceso de licitación para la construcción de 26 viviendas y un bulevar, que por el monto (2,6 millones de bolívares) era obligatorio por la Ley de Contrataciones Públicas. Al consejo comunal La Playa, también en Mérida, se le asignaron 990.000 bolívares para edificar 18 casas, pero no rindieron cuentas; 3 viviendas tenían defectos y la obra estaba paralizada. En El Playón Alto se asignaron 760.000 bolívares para un viaducto y no se convocó a licitación ni se constituyó la comisión de contrataciones.
Delgado recuerda que hay consejos comunales que no han constituido sus unidades de contraloría social o que tienen miembros que fungen de auditores y son familiares de los que ejecutan los presupuestos. “No se preparó técnicamente a las comunidades para hacer esta tarea, ni se previeron conflictos de interés”.
Agrega que el hecho de que el Ministerio de las Comunas no haya publicado los detalles del censo nacional de consejos comunales hace más oscura la administración de los planes y obras que se ejecutan.
Para calmar las dudas, Zaida Tirado, miembro de un consejo comunal de Antímano, en Caracas, lleva siempre una carpeta llena de fotocopias. “Tengo las facturas de la única obra para la que nos han dado recursos, el arreglo de las fachadas de unas casas. Ya tuvimos una mala experiencia con un vecino que agarró una plata y no compró los materiales”.
El recuerdo la hace evaluar su labor: “No todos somos irresponsables y la mayoría de los que estamos en el consejo comunal somos los que desde hace años nos hemos movido más por la comunidad. Yo, que soy chavista, no siento que nos tomen en cuenta para arreglar los problemas. Pero si no presentas los proyectos, menos posibilidades tienes de que lo hagan”.
Adriana Rivera
