MANAGUA (AFP) - La creación de los controvertidos Consejos de Poder Ciudadano (CPC), impulsados por el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, han desatado un fuerte enfrentamiento y una guerra verbal entre el gobierno y opositores.
El conflicto entró a su tercera semana y sus cauces de solución son impredecibles por cuanto ninguna de las partes involucradas está dispuesta a ceder, según diversas opiniones.
Los analistas responsabilizan al mandatario de propiciar la inestabilidad de su propio gobierno y de conservar su estilo autoritario para gobernar.
"La crisis (institucional) es real" y entre sus causas está que Ortega desde una posición de minoría "esta tratando de refundar el sistema político sin tener un respaldo para ello", dijo a la AFP el ex candidato presidencial del disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín.
Este enfrentamiento ha puesto en evidencia que Ortega "no ha perdido su pérfil autoritario" y está tensionando un acuerdo con el ex presidente Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ya que los diputados de este colectivo se niegan a seguirlo.
"No sé cual es la ganancia del gobierno al haberse metido en un callejón sin salida, en el sentido que si Ortega cede, sale perdiendo; si la oposición no hace nada también pierde", dijo el sociólogo y analista Oscar René Vargas.
"El (Poder) Ejecutivo ha provocado la crisis" al empecinarse en crear los CPC proscritos por el Parlamento, estimó de su lado el ex embajador sandinista ante ONU, Carlos Tunnerman.
Además se ha involucrado en la crisis al Poder Judicial y se sienta un "grave precedente" cuando el tribunal de Apelaciones decide amparar a los dirigentes de los CPC contra el proceso de formación de la ley, explicó Tunnerman.
Para empeorar la crisis la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia legalizó a los CPC mediante una sentencia que "en mi concepto es nula porque tiene defectos de forma y fondo", apuntó.
Ortega reaccionó airado ante la arremetida de sus opositores en el Congreso, que se unieron en su contra en el denominado 'Bloque contra la Dictadura' para frenar lo que consideran su vocación totalitaria.
Ortega calificó de "infamia" y "calumnia" las denuncias de los diputados que acusaron a su gobierno de dictadura y de tener intención de militarizar el país, encarcelar y confiscar a empresarios que se opongan a su proyecto de los CPC.
El mandatario llamó a los legisladores "perros rabiosos" y les acusó de "sonar tambores de guerra" porque según él no gobierna para hacer más ricos a los ricos.
El diputado liberal José Pallais manifestó que el Parlamento en su facultad soberana de legislar desconocerá la sentencia de la Sala Constitucional mediante un decreto legislativo que ya fue presentado en la primera secretaria.
En la acera de enfrente, el diputado opositor Enrique Quiñonez advirtió: Si Ortega "quiere que la crisis se ponga al rojo, se va poner al rojo vivo, porque nosotros no vamos a dar ni un paso atrás".
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