Otra vez a negociar con Venezuela
Sectores políticos exigen, más que una nota de protesta, una estrategia de defensa colombiana contra las arbitrariedades del país vecino.
Por: Daniel Salgar Antolínez
La Canciller colombiana María Ángela Holguín entregó ua nota de protesta a Venezuela el pasado 17 de junio. / David Campuzano
Como lo anticipó El Espectador el miércoles de la semana pasada, el decreto 1787 emitido por la Presidencia de Venezuela el pasado 27 de mayo establece de manera unilateral las fronteras marítimas con Colombia en el área del golfo de Venezuela y traza en zonas reclamadas por Colombia una línea sobre la cual tendría jurisdicción la Zona de Defensa Marítima e Insular (Zodimain) Occidental venezolana. El gobierno colombiano, que históricamente ha mostrado interés en esa zona del golfo e intentado negociar un tratado limítrofe con Caracas, envió nota de protesta al gobierno de Nicolás Maduro, rechazando dicha norma, pues considera que borraría los esfuerzos hechos durante décadas por lograr una solución conjunta.
Los antecedentes del diferendo con Venezuela se pueden remontar a 1830, con la separación de la Capitanía General de Venezuela de la Gran Colombia, y al laudo español de 1891 y el suizo de 1916. La historia es larga y son múltiples los incidentes y tensiones que se han despertado entre las partes en la zona del golfo de Venezuela. Muchos argumentos históricos, jurídicos y económicos han impedido un acuerdo final sobre los límites marítimos, en una zona estratégica por la salida al mar Caribe y por sus recursos energéticos.
Para Venezuela la zona es vital, no sólo por la cantidad de petróleo, sino porque permite la conexión de regiones venezolanas con el mar Caribe, siendo un lazo para el desarrollo interno de estados venezolanos como Zulia, Mérida y Trujillo. Además es la entrada y salida necesaria del lago de Maracaibo, una importante área económica con yacimientos y refinerías.
Las fronteras terrestres entre Colombia y Venezuela fueron pactadas en 1941, cuando se firmó un tratado entre los presidentes Eleazar López Contreras y Eduardo Santos. A partir de entonces Colombia posee 50 km lineales de costa sobre el golfo de Venezuela y los restantes 500 kilómetros son costas venezolanas. El tratado no definió, sin embargo, la delimitación de las áreas marinas y submarinas.
Apenas después de la primera Conferencia del Mar, en 1958, en la que se firmaron las cuatro convenciones de Ginebra sobre el derecho del mar, empezaron las negociaciones en las que Colombia defendió la demarcación de una línea media, a diferencia de Venezuela. En 1969 empezaron diálogos entre ambos estados, pero fracasaron en 1973, cuando el canciller Alfredo Vázquez Carrizosa decidió eliminar la comisión negociadora colombiana e iniciar una nueva negociación directa, que también fracasó en 1974.
Luego subió al poder el presidente Alfonso López Michelsen y simultáneamente, en Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Con dos presidentes que tenían afinidades personales, políticas e ideológicas, parecía factible retomar las negociaciones. Entre 1974 y 1978 se logró un acuerdo que Pérez puso a consideración del Copei, el principal partido de oposición en Venezuela, que lo descalificó y acabó, nuevamente, con la promesa de un acuerdo bilateral.
Una nueva fase de negociaciones se inició en 1979, con Julio César Turbay como presidente de Colombia. Se acordó con el presidente venezolano Luis Herrera Campins crear una comisión de alto nivel para solucionar la disputa de una vez por todas. Venezuela designó como jefe de la comisión al reconocido jurista Gustavo Planchard y por Colombia presidía Julio Londoño, quien había participado en las negociaciones desde 1969 y seguiría participando en los posteriores intentos de negociación. Las partes llegaron a la famosa hipótesis de Caraballeda, una línea que marcaría la división marítima entre los estados y que se incluiría en un acuerdo más grande dividido en cuatro partes: primero, la delimitación marítima; segundo, el cierre del golfo; tercero, la exploración conjunta, y cuarto, acuerdos sobre el suministro del petróleo.
La delimitación marítima, que promediaba las posiciones tanto de Colombia como de Venezuela, dejaba los islotes de Los Monjes bajo jurisdicción venezolana, con derecho a 4 millas de mar territorial, pero sin derecho a zona económica exclusiva ni a plataforma continental. El segundo punto consistía en que, preservando esa delimitación, ambos estados acordaban cerrar el golfo con una línea de base apoyada en Los Monjes y con un mar territorial de 12 millas a partir de esa línea, que iba a ser colombo-venezolano. En el interior del golfo se garantizaría la libre navegación de embarcaciones de ambos países.
El tercer punto consistía en que, si en las labores de exploración dentro del golfo se encontraba al perforar una zona ubicada en el lado venezolano de la frontera pactada, Venezuela se quedaba con el 51% y Colombia con el 49% de los dividendos. Si el petróleo estaba en el sector colombiano, se invertían las cifras. Para entonces se estimaba que había alrededor de 10.000 millones de barriles de petróleo en la zona. Como cuarto punto, dicen las fuentes, se acordó que Venezuela congelaba el precio del petróleo a US$25 barril. Si el precio subía, cada dólar pasaba a un fondo que manejaba el Fondo de Inversiones de Venezuela y que serviría para hacer préstamos a Colombia, al 4% de interés anual y con un período muerto de 10 años iniciales, para el mantenimiento de las cuencas hidrográficas comunes.
Este acuerdo, que había sido socializado por las comisiones negociadoras en sus respectivos países con fuentes del alto gobierno, también fracasó cuando en Venezuela se conoció que la información compartida era parcializada. Las Fuerzas Armadas venezolanas estuvieron a punto de dar un golpe militar a Herrera Campins. Así se frustró la negociación en abril de 1981.
Después de este fracaso vinieron unos cuantos más. Durante el gobierno de Virgilio Barco se restablecieron negociaciones después del incidente generado con la corbeta Caldas, que el 9 de agosto de 1987 navegó por aguas que Venezuela consideraba suyas. Las negociaciones empezaron pero se volvieron crónicas, no avanzaron, aunque tampoco se rompieron formalmente. Más recientemente, en 2007 y 2009, se hicieron intentos de negociación y Venezuela hizo nuevas propuestas, que tampoco arrojaron resultado alguno.
El diferendo se había quedado dormido. Ahora Caracas vuelve a despertar la controversia, al establecer por decreto y unilateralmente una línea de frontera que incluso iría más allá de su aspiración inicial. Esa línea de prolongación de la frontera fue rechazada por Colombia desde 1969. Las fuentes dicen que la línea establecida le daría a Venezuela no 4 sino 12 millas de mar territorial en Los Monjes y seguiría hasta bloquear la proyección marítima de La Guajira.
El decreto no menciona a Colombia, sino la “zona occidental”, que abarcaría zonas reclamadas por Colombia. El decreto venezolano, además, carece de validez desde el punto de vista del derecho internacional, según el cual los límites deben negociarse entre ambos estados mediante un tratado. Dependiendo de la respuesta de Maduro a la nota de protesta colombiana, se verá la posibilidad de reactivar las negociaciones y llegar a una solución de las controversias sobre delimitación marítima.
Por ahora, Colombia se ha limitado a emitir la nota de protesta, 24 días después de emitido el decreto venezolano. Sin embargo, sectores políticos de oposición interpretan éste como una provocación y exigen, además de la protesta, el diseño de una estrategia de defensa contra las arbitrariedades venezolanas.
dsalgar@elespectador.com
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