Por: Luis Pedro España N.
El pasado domingo 26 de septiembre los votos de los venezolanos revelaron la composición de un nueva Asamblea Nacional que quedó constituida con 97 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela; 65 diputados de la Mesa de Unidad Democrática (MUD); 2 escaños del partido Patria para Todos y 1 representante del Movimiento Indígena.
Con este escenario, la Mesa de la Unidad Democrática (oposición) rompe con la mayoría calificada (110 diputados) que aspiraba el gobierno, lo que significa un obstáculo para la aprobación rápida de sus iniciativas para el próximo período de la Asamblea que se inicia el 5 de enero del 2011.
Por su parte, el resultado para el Parlamento Latinoamericano fue de 5.222.364 de votos para el PSUV (46,62%) equivalente a 5 representantes en este organismo, mientras, la Mesa de la Unidad obtuvo 5.054.114 votos (45,10%) lo que constituye igual cantidad de representantes. El total de votos emitidos para el Parlamento Latinoamericano fue de 11.204.679.
Ocho horas después del cierre de las mesas, el CNE comunicó a los venezolanos el primer boletín oficial en el que además de conocerse la cantidad de diputados electos de cada tolda política, se anunció que 66,45% de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral expresaron su opinión acudiendo a las elecciones parlamentarias.
Con este escenario, la Mesa de la Unidad Democrática (oposición) rompe con la mayoría calificada (110 diputados) que aspiraba el gobierno, lo que significa un obstáculo para la aprobación rápida de sus iniciativas para el próximo período de la Asamblea que se inicia el 5 de enero del 2011.
Por su parte, el resultado para el Parlamento Latinoamericano fue de 5.222.364 de votos para el PSUV (46,62%) equivalente a 5 representantes en este organismo, mientras, la Mesa de la Unidad obtuvo 5.054.114 votos (45,10%) lo que constituye igual cantidad de representantes. El total de votos emitidos para el Parlamento Latinoamericano fue de 11.204.679.
Ocho horas después del cierre de las mesas, el CNE comunicó a los venezolanos el primer boletín oficial en el que además de conocerse la cantidad de diputados electos de cada tolda política, se anunció que 66,45% de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral expresaron su opinión acudiendo a las elecciones parlamentarias.
La economía y la política tienen sus niveles de autonomía. El grado en que una tiene que ver con la otra varía de un país a otro. Va de un sistema político y económico que parecieran correr por carriles distintos, hasta realidades donde los eventos políticos, los cambios de gobierno y casi que hasta el humor de los gobernantes repercute sobre las percepciones de los agentes económicos y estos finalmente en los indicadores que dan cuenta de la situación económica.
Resulta más que evidente que la interdependencia entre la política y la economía tiene que ver con el grado de institucionalidad de los países.
En la medida en que las reglas de comportamiento del Estado y el Sistema Jurídico sean más estables, la sociedad tiene más certezas sobre a qué atenerse y por ello los gobiernos pueden cambiar con frecuencia (caso de los de tipo parlamentario) o incluso ser dirigidos por individuos entrenados en otras lides, sea en el campo de la actuación (Reagan o Schwarzenegger) o en el negocio de la comunicación (Berlusconi).
En cualquier caso los negocios estables, las economías que crecen y el mejor ambiente para el desarrollo tienden a ser más favorables allí donde la política interfiere menos con la economía.
Eso no quiere decir que no deban existir regulaciones o políticas que intervengan sobre los mercados, o que los gobiernos no traten de estimular a ciertos sectores económicos, restablezcan equilibrios o intenten corregir males con los cuales el mercado no puede lidiar. Todo lo contrario. Las enseñanzas de los últimos años indican que el mercado necesita del Estado y por ello la interdependencia entre la política y la economía puede que tienda a ser mayor, pero en un marco institucional que no dé espacio a la discrecionalidad de intereses particulares que, desde el gobierno, pretendan cambiar las reglas del Estado o vulnerar la Constitución.
En el contexto latinoamericano, y el venezolano en particular, esta relación entre la política y la economía ha corrido por distintas etapas. Normalmente los gobiernos autoritarios y militares han conducido la economía con fines políticos, es decir, para hacerse o mantenerse en el poder, mientras que los gobiernos civiles y democráticos han tratado de echar las bases de una institucionalidad que permita estimular y corregir las imperfecciones del mercado antes de utilizarla para auspiciar proyectos particulares.
Obviamente no en todos los casos ello ha sido posible. Así como en las dictaduras los negocios se usan para consolidar poder, no son pocas las democracias donde la política se utiliza para hacer riquezas gracias a la corrupción.
La clave entonces para que las relaciones entre la política y la economía sean favorables al desarrollo pasa por un tipo de institucionalidad que permita evitar los excesos de poder y ello solo es posible en los gobiernos que cuentan con contrapesos, además de marcos legales que se respeten. Es por ello que, en nuestro contexto, aun cuando a ningún gobierno le guste demasiado contar con limitaciones, con factores políticos que le son contrarios y que adquieren poder, estos son necesarios para que las reglas impersonales controlen los impulsos de intereses y puntos de vista particulares que se pretenden universales.
Con base en todo lo anterior, no hay la menor duda de que los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela que analizamos arriba, son una extraordinaria noticia para quienes creemos que lo que más le conviene al desarrollo del país es la actuación del gobierno dentro de marcos institucionalizados.
Aun cuando el resultado le arroga la mayoría absoluta al Gobierno; sin embargo, no cuenta con las reglas de decisión que estipula la Constitución para que el Ejecutivo siga obrando como si no existiera ningún otro punto de vista dentro del país. Leyes orgánicas y poderes especiales deberán contar con el respaldo de ese otro pedazo de país que, hasta la fecha, estaba ausente de las acciones del Gobierno, como si la forma de hacer políticas en Venezuela se tratara de una dictadura.
Lamentablemente las primeras reacciones oficiales no parecen leer con claridad las nuevas lecciones que se desprenden del resultado electoral, pero no por desconocimiento sino por intolerancia y arrogancia frente a los nuevos acontecimientos.
El pueblo le está pidiendo al Estado, con 52% de votos, que deje la discrecionalidad y aumente la institucionalidad de sus políticas, que tome en cuenta otros puntos de vista, que pare de actuar por impulsos y que trate de ser más consensual en sus propuestas ideológicas.
El Gobierno, por su parte, pretende comportarse como lo ha hecho hasta ahora. No reconoce que algo cambió, que algo salió o hizo mal, sino todo lo contrario, supone que ha recibido un espaldarazo a su gestión y su manera de conducir la política económica.
Se equivoca, y a menos que esté asimilando el golpe según la lógica adolescente del "no me dolió", los próximos meses serán la evidencia de que si en verdad se quiere seguir produciendo políticas para el desarrollo y el bienestar de la gente, deberá contar con esa otra parte del país que hasta antes del 26 de septiembre era invisible para el Ejecutivo.
El pueblo, que en ocasiones tarda en hablar, esta vez le está indicando a su gobierno que las cosas no van bien, que el socialismo que pretende construir necesita de muchos más consensos que los que se logran dentro de los muros del Palacio de Gobierno y que las leyes, esas desde las cuales se pueden cometer muchos abusos si no existe la institucionalidad que garantice la autonomía mínima entre política y economía, deberán contar con la opinión, el interés y la oposición de la perspectiva que lleva, por lo menos 11 años, sin tener mucho o algo que ver con las políticas públicas.
Amanecimos con una buena noticia esta semana posterior a las elecciones. Esperemos que el Gobierno sepa interpretarla, de lo contrario los votos del pueblo seguirán marcando nuevos caminos y no pocos rumbos de cambio.
Resulta más que evidente que la interdependencia entre la política y la economía tiene que ver con el grado de institucionalidad de los países.
En la medida en que las reglas de comportamiento del Estado y el Sistema Jurídico sean más estables, la sociedad tiene más certezas sobre a qué atenerse y por ello los gobiernos pueden cambiar con frecuencia (caso de los de tipo parlamentario) o incluso ser dirigidos por individuos entrenados en otras lides, sea en el campo de la actuación (Reagan o Schwarzenegger) o en el negocio de la comunicación (Berlusconi).
En cualquier caso los negocios estables, las economías que crecen y el mejor ambiente para el desarrollo tienden a ser más favorables allí donde la política interfiere menos con la economía.
Eso no quiere decir que no deban existir regulaciones o políticas que intervengan sobre los mercados, o que los gobiernos no traten de estimular a ciertos sectores económicos, restablezcan equilibrios o intenten corregir males con los cuales el mercado no puede lidiar. Todo lo contrario. Las enseñanzas de los últimos años indican que el mercado necesita del Estado y por ello la interdependencia entre la política y la economía puede que tienda a ser mayor, pero en un marco institucional que no dé espacio a la discrecionalidad de intereses particulares que, desde el gobierno, pretendan cambiar las reglas del Estado o vulnerar la Constitución.
En el contexto latinoamericano, y el venezolano en particular, esta relación entre la política y la economía ha corrido por distintas etapas. Normalmente los gobiernos autoritarios y militares han conducido la economía con fines políticos, es decir, para hacerse o mantenerse en el poder, mientras que los gobiernos civiles y democráticos han tratado de echar las bases de una institucionalidad que permita estimular y corregir las imperfecciones del mercado antes de utilizarla para auspiciar proyectos particulares.
Obviamente no en todos los casos ello ha sido posible. Así como en las dictaduras los negocios se usan para consolidar poder, no son pocas las democracias donde la política se utiliza para hacer riquezas gracias a la corrupción.
La clave entonces para que las relaciones entre la política y la economía sean favorables al desarrollo pasa por un tipo de institucionalidad que permita evitar los excesos de poder y ello solo es posible en los gobiernos que cuentan con contrapesos, además de marcos legales que se respeten. Es por ello que, en nuestro contexto, aun cuando a ningún gobierno le guste demasiado contar con limitaciones, con factores políticos que le son contrarios y que adquieren poder, estos son necesarios para que las reglas impersonales controlen los impulsos de intereses y puntos de vista particulares que se pretenden universales.
Con base en todo lo anterior, no hay la menor duda de que los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela que analizamos arriba, son una extraordinaria noticia para quienes creemos que lo que más le conviene al desarrollo del país es la actuación del gobierno dentro de marcos institucionalizados.
Aun cuando el resultado le arroga la mayoría absoluta al Gobierno; sin embargo, no cuenta con las reglas de decisión que estipula la Constitución para que el Ejecutivo siga obrando como si no existiera ningún otro punto de vista dentro del país. Leyes orgánicas y poderes especiales deberán contar con el respaldo de ese otro pedazo de país que, hasta la fecha, estaba ausente de las acciones del Gobierno, como si la forma de hacer políticas en Venezuela se tratara de una dictadura.
Lamentablemente las primeras reacciones oficiales no parecen leer con claridad las nuevas lecciones que se desprenden del resultado electoral, pero no por desconocimiento sino por intolerancia y arrogancia frente a los nuevos acontecimientos.
El pueblo le está pidiendo al Estado, con 52% de votos, que deje la discrecionalidad y aumente la institucionalidad de sus políticas, que tome en cuenta otros puntos de vista, que pare de actuar por impulsos y que trate de ser más consensual en sus propuestas ideológicas.
El Gobierno, por su parte, pretende comportarse como lo ha hecho hasta ahora. No reconoce que algo cambió, que algo salió o hizo mal, sino todo lo contrario, supone que ha recibido un espaldarazo a su gestión y su manera de conducir la política económica.
Se equivoca, y a menos que esté asimilando el golpe según la lógica adolescente del "no me dolió", los próximos meses serán la evidencia de que si en verdad se quiere seguir produciendo políticas para el desarrollo y el bienestar de la gente, deberá contar con esa otra parte del país que hasta antes del 26 de septiembre era invisible para el Ejecutivo.
El pueblo, que en ocasiones tarda en hablar, esta vez le está indicando a su gobierno que las cosas no van bien, que el socialismo que pretende construir necesita de muchos más consensos que los que se logran dentro de los muros del Palacio de Gobierno y que las leyes, esas desde las cuales se pueden cometer muchos abusos si no existe la institucionalidad que garantice la autonomía mínima entre política y economía, deberán contar con la opinión, el interés y la oposición de la perspectiva que lleva, por lo menos 11 años, sin tener mucho o algo que ver con las políticas públicas.
Amanecimos con una buena noticia esta semana posterior a las elecciones. Esperemos que el Gobierno sepa interpretarla, de lo contrario los votos del pueblo seguirán marcando nuevos caminos y no pocos rumbos de cambio.
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