El gobernante venezolano Nicolás Maduro ha perdido los pilares de soporte que mantenían de píe al gobierno cuando el fallecido presidente Hugo Chávez se encontraba al timón, y actualmente solo cuenta con la capacidad represiva del estamento militar, concluyó un informe sobre la situación interna del país.
El informe, presentado por la firma de consultores políticos Croes, Gutiérrez & Asociados, también revela que el 70 por ciento de los venezolanos quiere que Maduro salga del poder antes de que culmine el próximo año, y que la oposición aventaja por más de 20 puntos al chavismo en las preferencias del electorado de cara a las elecciones parlamentarias de este año.
Pero el mayor peligro que enfrenta Maduro no es electoral, sino el riesgo de que se produzca un estallido social producto de la grave crisis económica que aflige al país, que obligaría a los militares a decidir entre enfrentar con las armas a una población angustiada o seguir respaldado al régimen, advirtió el documento.
El estudio muestra que el régimen bolivariano ha perdido en gran medida el respaldo de los sectores populares que tradicionalmente han acompañado al chavismo ante el impacto social generado por la grave crisis de desabastecimiento que afecta el país y la considerable disminución de los beneficios sociales brindados por el régimen.
“La militancia en el PSUV [partido de gobierno] de la población chavista ha sufrido una corrida importante”, declara el informe, presentado la semana pasada.
Al momento del fallecimiento de Chávez hace dos años, el 93 por ciento de los que se autodefinían como chavistas declaraban también formar parte del partido de gobierno. Para finales del año pasado, esa cifra representaba sólo un 57 por ciento.
Y en lo que podría ser más preocupante para el régimen, el 25 por ciento de la militancia rechazaba abiertamente la gestión de Maduro, cuya popularidad a nivel nacional no supera el 22 por ciento.
La pérdida de respaldo ha llevado al régimen a aferrarse cada vez más del estamento militar y a acentuar la represión.
“El Estado luce estar en riesgo de perder sus formas democráticas ante el cuadro de deterioro, precariedades y desbalances que conforman la realidad nacional”, resalta el estudio.
“En el periodo comprendido entre el 2013 y el 2014 el gobierno se militarizó. Muchas de las instituciones civiles fueron puestas progresivamente bajo el mandato militar, incluso aquellos que por razonamiento lógico son de naturaleza civil”, enfatizó.
No obstante, el estudio resalta que el proceso de militarización no obedece a un deseo de capitalizar algún talento excepcional para la ejecución de tareas específicas.
“Es básicamente ocupar los cargos de mayor impacto y relevancia con militares para hacerlos copartícipes de la gestión del gobierno y así garantizar sumisión y responsabilidad compartida”, enfatizó.
“La militarización del gobierno intenta mantener la plataforma de sustento del sector militar a Maduro. El costo es que hace al presidente dependiente de los militares y deteriora de manera significativa el balance de poderes entre lo civil y lo militar, con lo que se afecta seriamente el porvenir democrático del país”, añadió.
Según el estudio, las actuales condiciones de precariedad en el abastecimiento, una inflación que es la más elevada del mundo y los cada vez mayores índices delictivos están erosionado la estabilidad política del régimen.
“Han llevado al gobierno a temer por su estabilidad aún más que en el pasado”, sentenció.
Y “quizás el mayor temor de Maduro es a un estallido social. Tal evento pondría al alto mando militar a decidir entre reprimir al pueblo o retirarse a sus cuarteles. El costo político de cualquiera de los dos casos es impagable para el gobierno”, sentenció.
Ese temor está llevando al régimen a incrementar medidas de represión contra blancos selectivos.
Esto busca mantener las manifestaciones de descontento dentro de un cuadro de “convulsión no desbordada”, señaló.
“El gobierno está procurando desalentar las protestas por vía de represión a sectores que pueden ser impulsores o canalizadores de la protesta social -estudiantes y partidos”, enfatizó.
Paralelamente, el régimen ha procedido a reproducir el efecto conocido en Venezuela como “el Dakazo”, en el que el gobierno interviene a empresas para apoderarse de sus mercancías que luego vende a precios muy inferiores, criminalizando el proceso al sector comercial.
En un reciente caso, el gobierno intervino a la cadena de farmacias conocidas como Farmatodo, en un intento por recuperar parte del respaldo perdido entre los sectores comerciales.
“La intención del gobierno es amedrentar a los sectores sociales potencialmente beligerantes a través de claras señales de represión, mientras aumenta su radicalización para enviar una señal de hasta donde podrían llegar, en función de evitar estallidos que los pudieran hacer tambalear en su estabilidad en el poder”, señaló el documento.
Pero el régimen está ejerciendo grados de cautela en la aplicación de la represión y en las medidas económicas que toma.
“La estrategia para evitar salir del cuadrante de confort es la gradualidad en todas sus acciones. Sacudón sin sacudir, tasas cambiarias mas o menos iguales, campañas para subir el precio de la gasolina sin hacerlo, etc.”, resaltó el informe.
“El gobierno se mueve adelante con mayor radicalización y su objetivo es mantener la tensión social en su mínimo para evitar caer en el cuadrante de violencia extrema y tratar de pasar al escenario de ‘Resignación a la Revolución’”, sostuvo.
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