BUENOS AIRES (Reuters) - La presidenta argentina, Cristina Fernández, decretó el viernes la derogación de un controvertido impuesto móvil a las exportaciones de granos, que desató la furia del sector agropecuario y hundió al Gobierno en una profunda crisis política tras cuatro meses de conflicto.
El decreto, que regirá a partir del próximo lunes cuando se publique en el boletín oficial, retoma la política arancelaria previa a la polémica resolución, con una alícuota fija que para la soja, la principal exportación del país, quedará en el 35 por ciento.
La presidenta decidió dar marcha atrás después de que el Senado diera un duro golpe el jueves al negar el apoyo parlamentario que reclamaba el Gobierno, con el voto decisivo del vicepresidente Julio Cobos.
"Tal vez más adelante" se envíe un nuevo proyecto impositivo al Congreso, dijo a Reuters el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tras anunciar la medida.
Los productores agrícolas de Argentina, uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos, celebraron la anulación del impuesto, aunque se mostraron cautos.
"Se acabó el conflicto", dijo a la televisión Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Pese a que aplaudió la decisión del Gobierno, una de las entidades que representa a los productores de baja escala reclamó otros cambios en las políticas oficiales para el sector.
"Celebramos (la medida). Ahora veamos cómo a los productores pequeños y medianos se les mejoran las condiciones", afirmó Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina.
El Gobierno anuló el esquema de retenciones móviles, pero también las compensaciones que había anunciado durante los últimos cuatro meses para los pequeños y medianos productores, con las que buscaba destrabar el conflicto.*,
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