Resulta ingenuo, por decir lo menos, pensar que Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa durante 10 años y ministro de Petróleo y Minería por doce años, desconociera las operaciones fraudulentas y los entramados de corrupción que corroían a la petrolera. En especial cuando logró el control de importantes áreas de la industria a través de la designación en puestos clave de familiares y amigos, como detallamos en el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos.
Fue en el sector de las finanzas y seguros de la petrolera donde Ramírez aprovechó al máximo las habilidades de sus parientes. Diego Salazar Carreño, su primo hermano, y Baldo Sansó, su cuñado, manejaron durante años las multimillonarias transacciones financieras que los ubicaron en la lista de los boliburgueses más acaudalados del país.
Dentro de este contexto, es imposible que Ramírez estuviera al margen de las fraudulentas operaciones con la compra, venta y permuta de bonos que realizó el ex asesor de la petrolera, Francisco Illarramendi, con PDV Insurance y el fondo de pensiones de los trabajadores de Pdvsa, en las cuales Diego Salazar y Eudomario Carruyo, director de finanzas, resultaban cómplices necesarios. Por este fraude piramidal que costó a Venezuela 500 millones de dólares, Illaramendi cumple una condena de trece años en EEUU. En Venezuela, las autoridades competentes se negaron a investigar el caso.
Responsabilidad directa tiene Ramírez también en el escandaloso caso del Banco Espirito Santo (BES). En agosto de 2014, en la víspera de la intervención del BES por parte del Banco Central de Portugal debido a su quiebra técnica, el gobierno de Venezuela, a través de Bandes y Fonden, inyectó 800 millones de euros al grupo lusitano con la compra de títulos de deuda.
Además, Pdvsa también tenía en BES otros intereses: la gestión del Fondo de Inversión Internacional de la petrolera y las cuentas bancarias donde Pdvsa recibía el dinero de sus exportaciones de crudo y derivados. La relación entre Pdvsa y BES no podía ser más estrecha. En Lisboa se comentaba sobre “el rescate de Venezuela a su principal banco privado”. A los pocos días, el banco cerró sus puertas.
Dos años después, nada se sabe de los recursos venezolanos invertidos de manera irresponsable en un banco quebrado por decisión del exministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, actual ministro de Alimentación, y del presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. La recuperación será por demás difícil ya que las autoridades financieras de Portugal dividieron en dos partes el intervenido BES, una que mantiene su nombre y otra llamada de manera eufemística Novo Banco, en el que reposan los fondos tóxicos y donde fue a parar la garantía bancaria que supuestamente respaldaba la inversión venezolana.
A Rafael Ramírez también se le atribuye la idea de vender Citgo, el conjunto de seis refinerías que posee Venezuela en EEUU y la red de 7.000 estaciones de servicio asociadas. Los argumentos dados en el momento eran débiles y contradictorios: “Pdvsa no es una empresa de refinación de petróleo sino de producción y Citgo no da ganancias”, decía Ramírez meses antes de ser defenestrado de Pdvsa.
Expertos petroleros se mostraron contrarios a la idea y al mismo tiempo denunciaron el secretismo con el que Ramírez adelantaba las negociaciones. Las verdaderas causas apuntaban a la disminución de la producción petrolera y a la necesidad de enfrentar el serio problema de caja de Pdvsa, ambas circunstancias producto de la pésima gerencia de Ramírez.
En enero de 2015, con Eulogio del Pino en la presidencia de la petrolera, se anunció que CITGO no se vendería, ya que se había concretado un plan financiero que incluía la emisión de bonos y un préstamo con Deutsche Bank, por un total de 2.500 millones de dólares. Una vez más, quedaron en evidencia las mentiras de Ramírez.
Los nexos de Ramírez con contratistas que se beneficiaron de manera permanente de contratos millonarios asignados a dedo constituyen uno de los aspectos más oscuros de sus diez años al frente de la petrolera.
La emergencia eléctrica dejo al descubierto varios de ellos: Derwick Associates y el empresario Roberto Rincón, uno de los contratistas más cuestionados de Bariven – hoy preso y enjuiciado en Texas -, fueron algunos de los favoritos junto con Majed Khalil de Pacific Rim Energy entre una veintena de empresas transnacionales cuyos contratos son “secreto de Estado” y que costaron al país 60.000 millones de dólares sin que se haya podido solucionar la terrible crisis eléctrica que padecemos. El capítulo referente a los opacos negocios con plantas de gas y bombillos ahorradores que generaron miles de millones de dólares en sobreprecios a favor del gobierno de Cuba, también debe ser investigado de manera urgente.
La responsabilidad en el desastre que se ha convertido la que fuera una de las empresas petroleras más prestigiosas del mundo tiene nombre y apellido: Rafael Ramírez. Apunta el periodista Juan Carlos Zapata: “La historia le reclamará a Ramírez ser corresponsable de haberla endeudado; haberla convertido en una extensión del aparato político y del proselitismo chavista; y haber permitido que permeara la corrupción a gran escala. La historia le reclamará el trasvase de recursos al Estado y al Gobierno para el uso clientelar. Le reclamará, en una palabra, haber convertido una empresa modelo en un brazo del PSUV”.
A estas alturas, hay sólidos indicios que apuntan hacia que la responsabilidad de Rafael Ramírez en el desarrollo de las redes de corrupción en Pdvsa va mucho más allá de la simple permisividad o de la ceguera voluntaria.
Actualmente, el antiguo zar petrolero busca la protección de Raúl Castro y también coquetea con el Gobierno norteamericano para tratar de obtener un salvoconducto hacia la impunidad que le permita disfrutar lo robado al pueblo venezolano. En vez de haber sido premiado por Maduro con el cargo de embajador de Venezuela en la ONU, debería estar enjuiciado y tras las rejas.
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