LUIS ZAMBRANO y SU RESUMEN

Luis Zambrano Sequín no duda en señalar que las circunstancias por las que atraviesa Venezuela superan por mucho a una recesión cíclica o a un choque transitorio por el declive de los precios del petróleo. Advierte que, bajo el conjunto de políticas que conforman el corazón del chavismo, al país le será imposible ingresar en una senda de crecimiento sostenido. Por lo tanto, afirma que es necesario un conjunto de reformas estructurales que reviertan estas condiciones y no algunas medicinas del botiquín de primeros auxilios, como devaluar o incrementar el precio de la gasolina.

Miembro de la Academia de Ciencias Económicas, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, graduado en la Illinois State University, complementa su diagnóstico analizando por qué la administración de Nicolás Maduro tiene muy pocas posibilidades de realizar los cambios que necesita el país, además de preguntarse cómo el ciclo electoral complica todavía más las perspectivas a corto plazo y cuáles son esas claras señales que alertan sobre el riesgo de la hiperinflación.

En 2013 y durante el primer semestre de 2014 la economía venezolana ya había ingresado en una senda de desaceleración del crecimiento y aceleración de la inflación. ¿Qué lectura hace de este proceso?
Como dices, ese proceso es clarísimo a partir de 2013. Lo primero que hay que entender es que la crisis financiera internacional que hubo entre 2008 y 2009 afectó severamente a Venezuela porque el precio del petróleo cayó a unos niveles que hacían inviable el modelo económico que estaba aplicando Hugo Chávez. El ajuste que se instrumenta para enfrentar esa situación es de muy mala calidad: no había capacidad para aplicar un ajuste expansivo como el que se hizo en el resto de América Latina y el país redujo el crecimiento económico a la par de que se deterioraron los indicadores básicos: fiscales, monetarios, inflacionarios. Y este deterioro pesó en 2010 y 2011, pero cuando se entró en el ciclo electoral de 2012 se amplificaron los problemas porque el Gobierno incrementó el gasto público cuando la oferta interna no podía reaccionar por fallas estructurales acumuladas durante la última década. Además, se comenzó a hacer uso extensivo del financiamiento monetario del déficit fiscal, hubo una utilización creciente de las reservas internacionales y de los activos externos, además de que se continuó con el mensaje hostil hacia la empresa privada. En estas circunstancias las presiones inflacionarias fueron inevitables, porque se combinaron la incapacidad de respuesta de la oferta interna con la expansión de la demanda agregada. Entonces, el Gobierno optó por profundizar los controles, retrasar el ajuste en los precios controlados, mantener las tarifas de los servicios públicos y anclar el tipo de cambio nominal. Cuando Maduro asume como Presidente de la República la situación no podía ser peor: desequilibrios macroeconómicos muy grandes, un gran exceso de liquidez, financiamiento monetario en torno a 6% o 7% del PIB y un entorno externo adverso porque el precio del petróleo comenzaba a debilitarse.

En un texto de su autoría, publicado en julio de 2014 con el título Notas sobre las reformas económicas para el crecimiento y el rol de las instituciones, usted señaló que la administración de Nicolás Maduro no estaba en condiciones de implementar medidas para enfrentar ese cuadro adverso. El tiempo le ha dado la razón en el sentido de que no ha habido ningún ajuste. ¿Por qué hizo este pronóstico?
El gobierno de Nicolás Maduro comenzó con muy poca musculatura política. Ganó unas elecciones con un margen muy pequeño y se enfrentaba a la disyuntiva de si aplicar o no un ajuste para corregir los desequilibrios. Pero un ajuste, en esas circunstancias, ya no era simplemente un cambio en algunos instrumentos de política para corregir una recesión cíclica o un choque transitorio en el sector petrolero. Ya no se trataba de eso. Aplicar reformas estructurales que implican la reversión de políticas centrales en la agenda política chavista tenía un alto costo político que iba a ser absorbido exclusivamente por el Gobierno y se corría el riesgo de ingresar en una fase de mayor inestabilidad. Obviamente, en el contexto de un ciclo político electoral inminente, la decisión fue no hacer nada. Es decir: prolongar, profundizar los desequilibrios. Y en eso estamos.

Desde el punto de vista de algunos analistas sólo había que devaluar, aumentar la gasolina, tomar dos o tres medidas que disminuyeran el déficit fiscal y corrigieran la apreciación del tipo de cambio. ¿Usted qué opina?
Esos ajustes cosméticos no hubiesen conducido a nada sustancial. Creo que ése fue el diagnóstico que se hizo en el ámbito mismo del Gobierno: que podían producir efectos más costosos que tratar de administrar la crisis. Creo que el Gobierno dejó de lado la idea de las medidas cuando se profundizó la caída de los precios del petróleo y el barril descendió hasta 40 dólares. Las medidas cosméticas en un contexto externo desfavorable no tienen ninguna capacidad de corregir. La devaluación tendría que estar acompañada por una corrección fiscal que el Gobierno no está en condiciones de hacer. No hay ninguna garantía de que si hace la corrección fiscal gane las elecciones del próximo diciembre, pero si la hace con toda seguridad las pierde.

¿Devaluar sin un ajuste fiscal de fondo y, al poco tiempo, volver a devaluar para aumentar salarios y cubrir gasto público?
Es el ciclo que conocemos muy bien en Venezuela: devalúas y tienes que volver a devaluar al poco tiempo si no haces una corrección fiscal o si no cambia el entorno externo de manera favorable. Pero aquella circunstancia era un deterioro en el sector petrolero, un ciclo electoral que obligaba a mantener un nivel de gasto elevado y un problema inflacionario estructural. En esas condiciones, las medidas correctivas que están diseñadas para corregir un efecto recesivo en el ciclo o un ajuste transitorio ante un choque externo no son suficientes. El nivel de los desequilibrios son de tal magnitud y los problemas estructurales son de tal envergadura que no hay salida a largo plazo que no implique una importantísima revisión y una reversión de los aspectos centrales que definen el régimen económico.

¿La administración de Nicolás Maduro puede implementar ese cambio de políticas?
Creo que no. No puede asumir los costos políticos que esas reformas implican. Este tipo de programas y este tipo de ajuste suelen darse o bien en situaciones en las que se ha llegado a un nivel de criticidad tal que la sociedad está dispuesta a asumir los costos de esas correcciones, o bien en circunstancias en las que los agentes políticos fundamentales pueden acordar un programa de transición, algo que normalmente implica distribuir los costos políticos. Y en las actuales circunstancias yo no veo esas condiciones.

Entonces, la perspectiva es el deterioro: un Gobierno al que ya no le sirven los ajustes cosméticos y tiene ante sí la necesidad de un ajuste estructural cuyos costos políticos son tan grandes que lo paraliza.
Sobre todo porque el ciclo político electoral termina en 2015, pero un día después comienza otro ciclo político. Es muy probable que como resultado de estas elecciones parlamentarias surjan una serie de circunstancias nuevas que promuevan una mayor inestabilidad interna. Y en ese entorno es mucho más difícil tomar medidas correctivas. Por ejemplo: si la oposición sale fortalecida de este proceso, como parece que va a pasar según las encuestas, y se abre la posibilidad de sustituir al Gobierno, van a aumentar los incentivos para continuar expandiendo el gasto público y para financiarse con la emisión monetaria. A menos que el precio del petróleo se incremente súbitamente, algo que nadie predice en este momento.

¿Puede el Gobierno hacer una reforma tributaria en una economía que se está contrayendo 7,5% este año? ¿A quién le van a aumentar los impuestos? ¿Va a reducir más el gasto? ¿Va a reducir más las importaciones? Seguirán tratando de administrar la crisis, profundizando los desequilibrios, porque no veo qué otra posibilidad tienen. Éste es un Gobierno que no puede apelar a los organismos multilaterales para tratar de conseguir recursos que le permitan acompañar un programa de ajuste. Políticamente hablando, es casi imposible que el Gobierno acuda al Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera al Banco Interamericano de Desarrollo. Ya ha utilizado casi todas las posibilidades que tenía para generar liquidez y el financiamiento chino o ruso ya lo hemos visto.

Entonces, ¿cuáles serían las reformas estructurales?
Rescatar los derechos de propiedad, garantizar libertad económica, levantar los mecanismos de control de precios, el control de cambio. En resumen, seguridad jurídica, algo que involucra modificaciones sustanciales en el ámbito institucional que tiene que ver con la administración de justicia, un asunto que en Venezuela está claramente debilitado. Además de flexibilizar el mercado de trabajo, sometido por una serie de reglas que lo hacen inflexible. Y abordar el tema del mercado financiero, una tasa de interés controlada en términos reales negativos desde hace muchos años, junto a evaluar el funcionamiento de un sistema bancario que está muy atado a la existencia del control de cambio.

Una reforma profunda para revertir políticas centrales en el sector minero y petrolero, donde tenemos claras trabas que impiden la inversión en esas áreas. Se estima que la Faja necesita entre 50 mil y 60 mil millones de dólares. Y el Gobierno no tiene ninguna capacidad de emprender ese tipo de inversiones. ¿Cómo recuperar esos sectores sin apelar a la inversión extranjera? Y no sólo por el tema financiero, sino por la experticia y a empresas que puedan garantizar mercados.

Hay un serio problema institucional. No hay manera de recuperar la credibilidad en la política económica sin una reforma que le devuelva la autonomía al Banco Central de Venezuela y la capacidad de control y seguimiento de las políticas públicas a la Asamblea Nacional. Son reformas sin las cuales no hay posibilidad de que retornen los capitales o la inversión de empresas con suficiente capacidad financiera y técnica.

Luis Zambrano Sequín retratado Julio Estrada ©2015

Ese listado de reformas implica pedirle a Nicolás Maduro que desmonte el chavismo, que acabe con los controles, que vire hacia el mercado y que desconcentre el poder para fortalecer a las instituciones. ¿Qué capacidad tiene este Gobierno de hacer eso?
Creo que una muy baja. Maduro no puede vivir sin chavismo, pero el país requiere desmontar los aspectos centrales vinculados con el chavismo. A mi juicio, esos son los grandes dilemas que tiene que resolver la sociedad venezolana. Venezuela está en una circunstancia que requiere un cambio en el sentido de la orientación de políticas de largo plazo. La agenda de política económica, de políticas púbicas en general, que se instauró durante los últimos 15 años hace inviable el crecimiento económico a mediano y largo plazo. Se requiere un cambio en el régimen económico y político. No meras políticas cosméticas que si mover el tipo de cambio aquí, aumentar unos impuestos allá, reducir el gasto en estas partidas… no se trata de eso.

¿La agenda de reformas requiere un gran acuerdo nacional?
Se requieren acuerdos políticos trascendentes. Hay sociedades que han alcanzado acuerdos políticos que trascienden el corto plazo: el caso chileno, el caso español, para citar sólo dos, donde las fuerzas políticas y económicas se han sentado a negociar una transición y un programa a largo plazo. Venezuela está requiriendo este tipo de acuerdos.

¿Y estamos en condiciones de entrar en ese proceso?
Parece que no. Al parecer todavía nos queda crisis por transitar hasta llegar a una circunstancia donde la sociedad misma clame por ese tipo de soluciones, que sólo pueden alcanzarse a través de la negociación. Aunque en el ínterin puede haber intentos de imponer soluciones por otras vías.

Hay quienes piensan que, si hubiese un cambio de Gobierno, con unos pocos anuncios en la dirección correcta se podría estabilizar la economía. ¿Usted qué opina?
Cuando se tienen procesos en una situación tan crítica como la nuestra, algunos mensajes en la dirección correcta pueden generar modificaciones en el corto plazo muy importantes. Pero una cosa es producir una reacción a corto plazo y otra cosa es sostener eso a mediano y largo plazo. Si tienes un cambio de Gobierno y viene un mensaje distinto, más amigable con la inversión, seguramente habrá una reacción positiva. Pero necesitas mucho más que eso para sostener el crecimiento. Necesitas hacer el delivery, tener una agenda de reformas, instrumentarlas, mostrar que tienes la capacidad para llevarlas adelante, el músculo político para garantizarlas y la eficacia necesaria para que no sean revertidas en el futuro. Se necesitan reformas que sean políticas y socialmente viables, eso es lo que hace que estos procesos sean muy complejos. Hay muchos ejemplos de reformas fracasadas.

Hay analistas que insisten en que Venezuela no tiene, en este momento, un problema de solvencia sino de liquidez. ¿Usted qué cree?
Cada vez es más claro que el problema que tiene Venezuela es de solvencia. Los mercados internacionales lo han analizado y lo entienden claramente, por eso el riesgo país de Venezuela es tan elevado. De acuerdo con las cifras que he visto, los activos externos se ubican en torno a 110 mil o 120 mil millones de dólares. Y los pasivos externos están en 160 mil millones, tomando en cuenta la deuda del Gobierno Central, PDVSA, Fondo Chino, expropiaciones…

¿Sería un problema para el Gobierno pagar el vencimiento de los bonos de PDVSA y de los bonos la República? Son 16 mil millones de dólares en lo que queda de año más 2016. Es probable que la deuda con las empresas privadas del país, las expropiaciones y las demandas en el CIADI no sean canceladas.
Hay que precisar que en 2017 habrá que cancelar otros 12 mil millones de dólares por el vencimiento de bonos de PDVSA y bonos de la República. Ciertamente el Gobierno no va a pagar eso que mencionas, pero aunque lo descuentes las cuentas no cuadran. El problema no es de dos o tres años: es el largo plazo. Cuando analizamos problemas de solvencia no sólo estamos analizando un momento específico del tiempo. No pagar las expropiaciones, los juicios en el CIADI, la deuda con los proveedores… eso significa que no habrá la posibilidad de renovar créditos ni de tener acceso a los mercados internacionales. Y así será muy difícil atraer inversión de largo plazo. Eso significa que los activos no van a evolucionar. Los mercados analizan cuál es la capacidad del país para crecer: sin un cambio radical en el precio del petróleo, no hay nada que nos diga que este país tiene condiciones para reanudar su crecimiento económico en las condiciones actuales. Y ése es el punto. Además, esta situación se puede complicar, sobre todo por las implicaciones que tendría una mayor inestabilidad política interna.

El Banco Central de Venezuela oculta las cifras, pero se habla de una inflación de 150% en los últimos 12 meses. ¿Cree que el país marcha hacia una hiperinflación o estamos lejos de las tasas en las que sucede este fenómeno?
Lo primero que hay que precisar es que la hiperinflación, como fenómeno económico, no es un problema de magnitud. Era muy diferente hablar de los procesos inflacionarios cuando el promedio mundial era de 30% o 40% a hacerlo hoy en día, cuando el promedio es de 3%.

Desde el punto de vista de los economistas, el tema de la hiperinflación básicamente se define como un proceso en el cual la tasa de inflación no converge a un equilibrio. Es decir: cuando está comportándose en una senda explosiva de constante aceleración y no hay nada previsible que nos diga que esa tasa de inflación se va a estabilizar en determinado nivel. Es un proceso en el cual la política para tratar de intervenir sobre el incremento de precios está fuera de control: no hay política.

Por otro lado, la hiperinflación siempre está asociada con desequilibrios fiscales: no hay proceso inflacionario cuya causa última no sea la manera en la que se está financiando el gasto público. En todos los fenómenos hiperinflacionarios siempre vamos a conseguir que hay un financiamiento monetario desatado, fuera de control, para tratar de mantener los niveles de gasto. Y son niveles de gasto que, una vez que se ha perdido el control sobre la inflación, sólo pueden mantenerse con emisiones crecientes. Entnces surge un proceso en el que todo el mundo quiere convertir el dinero en algo que pueda sostener la riqueza real. Porque la gente entiende que la riqueza es real, no monetaria. Cuando eso sucede, ya no es un problema de magnitud de la tasa: es un problema de expectativa.

Si por lo que dijimos antes hay muchas dificultades para tomar un ajuste fiscal, o para aplicar medidas que claramente tengan un corte recesivo, y estamos inmersos en un problema de inestabilidad política, esos son los elementos tradicionales que alimentan un proceso hiperinflacionario. Normalmente esos ciclos hiperinflacionarios no son de larga duración y siempre terminan en procesos muy dramáticos de ajustes con altos costos sociales. Y creo que hay razones para pensar que eso es un escenario probable: la hiperinflación es un escenario probable.

¿Ya estamos en un proceso de inflación descontrolada?
El proceso de inflación, de ajuste de precios, está fuera de control. Se ha perdido completamente la noción de los precios relativos. Es decir: ya nadie sabe qué es caro y qué es barato. Estás en una circunstancia en la cual compras cualquier cosa a cualquier precio y lo único que te restringe es el ingreso y tu capacidad adquisitiva. Los precios ya no te sorprenden y eso es típico de un proceso hiperinflacionario. Se pierde la capacidad del cálculo económico, no sólo a mediano y largo plazo sino a corto plazo. El consumo crece en forma exorbitante. Hoy los inventarios ya no están en los comercios ni en las industrias: están en los hogares en manos de los consumidores. Y eso es típico de unos procesos inflacionarios elevados.