Si no ponemos orden en la política monetaria, pagar mil bolívares por un cafecito en barra está a la vuelta de la esquina. Como si se tratara de la saga de algún héroe intergaláctico, apenas ocho años después del estreno de “La reconversión monetaria”, ahora le sigue “El regreso de los ceros”, donde los inescrupulosos villanos intentar expropiar la riqueza de todo un país a punta de imprimir dinero inorgánico. Una película harto conocida, que debemos parar antes de que llegue a su trágico desenlace.
Cierta expectativa generó el reciente titular de prensa que indicaba que pronto entrarán en circulación los billetes de quinientos y mil bolívares, pues además de enfrentar la pérdida de poder adquisitivo, la población debe lidiar con un cono monetario totalmente desfasado, a tal punto que más del 40% de los billetes actualmente en circulación corresponden al de mayor denominación. Incluso si uno tomara por buena la cifra oficial de inflación (180% en 2015), ya hoy en día hace falta el billete de dos mil bolívares y para finales de año el de cinco mil.
Puesto que no es cierto que billetes con denominación mayor a cien bolívares estén por salir a la calle, nos encontramos con una autoridad monetaria que no solo incumple su deber de mantener la estabilidad de los precios, sino que falta a la obligación mínima de garantizar la disponibilidad de medios de pago, con el consiguiente impacto en los procesos productivos. Esta lamentable situación no es producto de la ausencia de experticia, pues los equipos técnicos del Banco Central de Venezuela han formulado reiteradamente propuestas a sus autoridades para la actualización oportuna del cono monetario, solo para ser rechazadas por un Directorio atado a los designios del Ejecutivo.
La semana pasada, la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional celebró una serie de jornadas de consulta pública sobre el Proyecto de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, a las cuales estuvieron invitados diversos especialistas en la materia, representantes de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y las mismas autoridades del ente emisor.
Un punto coincidente entre todos los expositores es la necesidad de que, conforme a la norma constitucional, el BCV recupere su autonomía frente al Ejecutivo y rinda cuenta de sus actuaciones ante la Asamblea Nacional.
En este sentido, el proyecto de reforma en discusión apunta, entre otros aspectos, a restablecer el papel del Legislativo en la designación y remoción de las autoridades del BCV, lo que si bien no agota las oportunidades de mejora en la legislación, al menos revierte las más graves distorsiones introducidas por vía habilitante y nos evitamos maniobras ulteriores, pues el resultado de esta reforma será el mismo texto legal que estaba vigente hace apenas dos meses, con el cual venía actuando de lo más feliz el ente emisor y sobre cuya constitucionalidad no se escuchó la menor queja.
Esta semana se presentará en la plenaria el informe sobre el proyecto de reforma de la Ley del BCV y tendremos una segunda discusión que debería ser seguida atentamente por toda la población, pues se trata de un tema crucial para el futuro de la economía familiar y nacional. Repito, si no comenzamos a poner orden en la política monetaria, pagar mil bolívares por un cafecito en barra está a la vuelta de la esquina.
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