"Candidato de oposición puede ser el que quiera el gobierno"
"Si son legitimadas las inhabilitaciones , el gobierno tendrá luz verde para quitar y poner candidatos"
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Leopoldo López sostiene que la rehabilitación de sus derechos políticos tendrá repercusiones, favorables a la democracia, tanto en Venezuela como en todo el continente (Enio Perdomo)
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ROBERTO GIUSTI | EL UNIVERSAL
domingo 27 de febrero de 2011 12:00 AM
Este 1 de marzo la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) comienza a ventilar el caso de la inhabilitación política de Leopoldo López. El juicio responde a una demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual López presentó su caso en el año 2009, poco después de su inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República. López, quien no niega sus aspiraciones presidenciales, reclama su causa como la de todo el continente.
-Tienes años luchando por la recuperación de tus derechos políticos. Esa perseverancia, ¿no obedece a tu ambición personal?
-Cuando a uno se le violentan los derechos humanos se siente más identificado con los venezolanos a quienes les asesinan a un familiar y no se hace justicia, a quienes le prometen una vivienda que nunca llega o va a un hospital y no es atendido. Cuando te mienten y pisotean con la bota del poder, uno toma conciencia de que la reivindicación de los derechos de una persona es la reivindicación de los derechos de todos.
-Tú perdiste tus derechos políticos porque se te acusa de cometer dos delitos.
-Nunca cometimos un delito. Nunca se comprobó nada ilegal. Se ha montado todo un caso sobre la mentira, la descalificación y el asesinato moral, práctica común en gobiernos autoritarios. Ante eso hay que pelear y yo busqué la restitución de mis derechos acudiendo a instituciones nacionales. No lo logré. Recurrí, entonces, a las instancias internacionales: el sistema interamericano.
-Por qué tú?
-No sólo yo. Somos muchos.
-Pero tú eres el único presidenciable.
-Las inhabilitaciones hay que entenderlas en su dimensión, es decir, en el número de personas afectadas y también en sus implicaciones. Un inhabilitado no sólo no puede presentarse para un cargo de elección popular. Esa es un parte, quizás la menor.
-No creo que para ti sea la menor.
-Para mi no. Hablo del grueso de los inhabilitados, quienes no pueden formar parte de la estructura del Estado. Y en un país donde más de la mitad de los empleos formales los otorga el Estado hay más de mil personas que, además de ser privadas de sus derechos políticos, también han sufrido la supresión de su derecho al trabajo. Hoy hay 575 personas inhabilitadas y ha habido unas mil despojadas de sus derechos a lo largo de este proceso.
-Igual estás involucrado.
-Está claro que también lucho porque quiero reconquistar mis derechos políticos, tener la posibilidad de participar en elecciones y hacer lo que hice cuando fui alcalde. Nosotros le presentamos a Caracas una opción porque ese es el núcleo de los derechos políticos: participar en una contienda electoral en la que decida la gente. Pero si ese derecho se nos arrebata arbitrariamente, sin posibilidad de defendernos y violando la Constitución, ponemos en juego el proceso de cambios a través de la democracia. Hoy puedo ser yo, pero si no frenamos las inhabilitaciones como mecanismo dirigido a colocar y quitar candidatos, por parte del Gobierno, ponemos en riesgo todo lo que está planteado para el 2012.
-Es decir, las elecciones.
-Imagínate si aquí se legitiman las inhabilitaciones, vamos a las mega-primarias y el Gobierno comienza a quitar y poner candidatos. O decide inhabilitar al candidato electo para la presidencia.
-Es decir, que sea Chávez quien elija al candidato presidencial de la oposición.
-Al final puede terminar haciéndolo. De eso se trata la inhabilitación desde el punto de vista del Gobierno. Ese es el gran riesgo que corre la alternativa democrática. Este no es un problema solamente mío, sino también de otros que, en el 2008, no estaban inhabilitados y ya lo están. Pero no sólo eso, están los que puedan venir si se legitima la inhabilitación. En otras palabras, puede ser cualquiera y si el Gobierno tiene luz verde podrá seguir poniendo y quitando candidatos.
-Según eso, no pareces ser tú el candidato al que quiere enfrentarse Chávez.
-Que lo decida el Gobierno. Yo simplemente esperaría recuperar mis derechos.
-Si te rehabilitan y Chávez lo acepta, se podría decir que él te eligió.
-No lo creo. Nuestra lucha es que rehabiliten a todo el mundo, cesen las inhabilitaciones y quien ponga los candidatos sea la gente. Por eso estoy muy contento por la decisión de la MUD, que reivindica nuestra tesis, de celebrar primarias para todos y propiciar una unidad incluyente, participativa y democrática. De esa manera serán los ciudadanos deseosos de un cambio, quienes elijan a los líderes en cada municipio, estado y a nivel nacional. Lo importante de este proceso es que vamos a escoger líderes y no candidatos. Poner 335 candidatos para los municipios es fácil, lo difícil es que se escojan líderes a través del mecanismo aprobado por la MUD. Mecanismo que nosotros promovimos y lo hicimos público en una entrevista contigo que generó toda clase de controversias. Eso, resuelto el problema de las inhabilitaciones, nos coloca, con mayor fortaleza, en la ruta para la victoria que debemos construir para el 2012.
-Si la razón política privó en las inhabilitaciones, ¿por qué no habría el Gobierno de mantener esa actitud cuando se hace más necesaria ante la coyuntura electoral?
-Por varias razones. Nosotros hemos llevado el caso a todos los niveles y ya estamos en el más alto. Pasamos por la CIDH y ahora estamos en la Corte, que por primera vez en su historia, debe ventilar una demanda sobre derechos políticos. Esto cobra especial relevancia para Venezuela y para el continente porque las inhabilitaciones no sólo se han practicado en Venezuela. Fujimori las utilizó en Perú y lo mismo ha ocurrido en México y Colombia. De manera que la decisión de la CIJ será de impacto continental. Luego, el Estado está participando, va a Costa Rica con una delegación de peritos, expertos, ex magistrados. Pero yo tengo la seguridad de que en un proceso como ese, con participación de las partes (la Comisión, el Estado y nosotros), habrá una decisión que el Estado debe asumir con seriedad y coherencia, de acuerdo a la Constitución, la Convención y el mismo proceso.
-Parece obvia tu seguridad en el fallo, considerando que fue la CIDH la que introdujo la demanda ante la CIJ.
-No. Me voy a sentir escuchado por jueces imparciales, cosa que no logré en mi país. Yo hubiese querido ir a juicio aquí, defenderme de las acusaciones infundadas, presentar los elementos probatorios de mi inocencia y como no hay delito no hay condena y sin condena no puede haber inhabilitación.
-Si el Gobierno controla al poder judicial, ¿por qué no te llevaron a juicio?
-Porque no hay delito.
-¿Crees que eso le importa? Lo pueden inventar.
-Pudieron inventar un caso administrativo en la oscuridad de la Contraloría, con la arbitrariedad del contralor y de quienes loa asistieron en la maniobra. Pero en un juicio hubiéramos tenido la oportunidad de defendernos y demostrar que no cometimos delitos porque no hay nada que lo demuestre.
-Si el fallo de la Corte no es. ¿qué harías?
-Continuaría haciendo política sin un cargo de elección popular, construyendo una nueva mayoría desde las comunidades. Pero las implicaciones de un fallo favorable al Estado serían negativas para el continente. Seguirían las inhabilitaciones y una espada de Damocles pendería sobre la cabeza de los candidatos con posibilidades de éxito.
-Si la sentencia es favorable y el Estado no acatara.
-Está obligado a acatarla porque participará en el juicio y la Constitución establece que la decisión es vinculante. Si la sentencia se da en términos inequívocos, sin que se preste a interpretaciones de lado y lado, no hay manera de que se niegue a acatarla. En el mundo están cayendo gobiernos ante el avance de los derechos humanos y de la democracia. Y eso, aunque ocurra a 10 mil kilómetros, es la vuelta de la esquina. Sobre todo por las vinculaciones del Gobierno con países censurados por sus prácticas autoritarias y asesinas. (Libia)
-¿Si el fallo resulta favorable y el Gobierno lo acata?
-Evaluaría cómo materializar la reconquista de mis derechos. Es decir, si participo en un proceso electoral. ¿Para qué espacio? Sería algo a decidir en su momento.
-¿Me estás diciendo que aúno sabes si serás candidato a alcalde o a presidente?
-Primero debo restituir mis derechos, entonces decidiré.
-Tienes años luchando por la recuperación de tus derechos políticos. Esa perseverancia, ¿no obedece a tu ambición personal?
-Cuando a uno se le violentan los derechos humanos se siente más identificado con los venezolanos a quienes les asesinan a un familiar y no se hace justicia, a quienes le prometen una vivienda que nunca llega o va a un hospital y no es atendido. Cuando te mienten y pisotean con la bota del poder, uno toma conciencia de que la reivindicación de los derechos de una persona es la reivindicación de los derechos de todos.
-Tú perdiste tus derechos políticos porque se te acusa de cometer dos delitos.
-Nunca cometimos un delito. Nunca se comprobó nada ilegal. Se ha montado todo un caso sobre la mentira, la descalificación y el asesinato moral, práctica común en gobiernos autoritarios. Ante eso hay que pelear y yo busqué la restitución de mis derechos acudiendo a instituciones nacionales. No lo logré. Recurrí, entonces, a las instancias internacionales: el sistema interamericano.
-Por qué tú?
-No sólo yo. Somos muchos.
-Pero tú eres el único presidenciable.
-Las inhabilitaciones hay que entenderlas en su dimensión, es decir, en el número de personas afectadas y también en sus implicaciones. Un inhabilitado no sólo no puede presentarse para un cargo de elección popular. Esa es un parte, quizás la menor.
-No creo que para ti sea la menor.
-Para mi no. Hablo del grueso de los inhabilitados, quienes no pueden formar parte de la estructura del Estado. Y en un país donde más de la mitad de los empleos formales los otorga el Estado hay más de mil personas que, además de ser privadas de sus derechos políticos, también han sufrido la supresión de su derecho al trabajo. Hoy hay 575 personas inhabilitadas y ha habido unas mil despojadas de sus derechos a lo largo de este proceso.
-Igual estás involucrado.
-Está claro que también lucho porque quiero reconquistar mis derechos políticos, tener la posibilidad de participar en elecciones y hacer lo que hice cuando fui alcalde. Nosotros le presentamos a Caracas una opción porque ese es el núcleo de los derechos políticos: participar en una contienda electoral en la que decida la gente. Pero si ese derecho se nos arrebata arbitrariamente, sin posibilidad de defendernos y violando la Constitución, ponemos en juego el proceso de cambios a través de la democracia. Hoy puedo ser yo, pero si no frenamos las inhabilitaciones como mecanismo dirigido a colocar y quitar candidatos, por parte del Gobierno, ponemos en riesgo todo lo que está planteado para el 2012.
-Es decir, las elecciones.
-Imagínate si aquí se legitiman las inhabilitaciones, vamos a las mega-primarias y el Gobierno comienza a quitar y poner candidatos. O decide inhabilitar al candidato electo para la presidencia.
-Es decir, que sea Chávez quien elija al candidato presidencial de la oposición.
-Al final puede terminar haciéndolo. De eso se trata la inhabilitación desde el punto de vista del Gobierno. Ese es el gran riesgo que corre la alternativa democrática. Este no es un problema solamente mío, sino también de otros que, en el 2008, no estaban inhabilitados y ya lo están. Pero no sólo eso, están los que puedan venir si se legitima la inhabilitación. En otras palabras, puede ser cualquiera y si el Gobierno tiene luz verde podrá seguir poniendo y quitando candidatos.
-Según eso, no pareces ser tú el candidato al que quiere enfrentarse Chávez.
-Que lo decida el Gobierno. Yo simplemente esperaría recuperar mis derechos.
-Si te rehabilitan y Chávez lo acepta, se podría decir que él te eligió.
-No lo creo. Nuestra lucha es que rehabiliten a todo el mundo, cesen las inhabilitaciones y quien ponga los candidatos sea la gente. Por eso estoy muy contento por la decisión de la MUD, que reivindica nuestra tesis, de celebrar primarias para todos y propiciar una unidad incluyente, participativa y democrática. De esa manera serán los ciudadanos deseosos de un cambio, quienes elijan a los líderes en cada municipio, estado y a nivel nacional. Lo importante de este proceso es que vamos a escoger líderes y no candidatos. Poner 335 candidatos para los municipios es fácil, lo difícil es que se escojan líderes a través del mecanismo aprobado por la MUD. Mecanismo que nosotros promovimos y lo hicimos público en una entrevista contigo que generó toda clase de controversias. Eso, resuelto el problema de las inhabilitaciones, nos coloca, con mayor fortaleza, en la ruta para la victoria que debemos construir para el 2012.
-Si la razón política privó en las inhabilitaciones, ¿por qué no habría el Gobierno de mantener esa actitud cuando se hace más necesaria ante la coyuntura electoral?
-Por varias razones. Nosotros hemos llevado el caso a todos los niveles y ya estamos en el más alto. Pasamos por la CIDH y ahora estamos en la Corte, que por primera vez en su historia, debe ventilar una demanda sobre derechos políticos. Esto cobra especial relevancia para Venezuela y para el continente porque las inhabilitaciones no sólo se han practicado en Venezuela. Fujimori las utilizó en Perú y lo mismo ha ocurrido en México y Colombia. De manera que la decisión de la CIJ será de impacto continental. Luego, el Estado está participando, va a Costa Rica con una delegación de peritos, expertos, ex magistrados. Pero yo tengo la seguridad de que en un proceso como ese, con participación de las partes (la Comisión, el Estado y nosotros), habrá una decisión que el Estado debe asumir con seriedad y coherencia, de acuerdo a la Constitución, la Convención y el mismo proceso.
-Parece obvia tu seguridad en el fallo, considerando que fue la CIDH la que introdujo la demanda ante la CIJ.
-No. Me voy a sentir escuchado por jueces imparciales, cosa que no logré en mi país. Yo hubiese querido ir a juicio aquí, defenderme de las acusaciones infundadas, presentar los elementos probatorios de mi inocencia y como no hay delito no hay condena y sin condena no puede haber inhabilitación.
-Si el Gobierno controla al poder judicial, ¿por qué no te llevaron a juicio?
-Porque no hay delito.
-¿Crees que eso le importa? Lo pueden inventar.
-Pudieron inventar un caso administrativo en la oscuridad de la Contraloría, con la arbitrariedad del contralor y de quienes loa asistieron en la maniobra. Pero en un juicio hubiéramos tenido la oportunidad de defendernos y demostrar que no cometimos delitos porque no hay nada que lo demuestre.
-Si el fallo de la Corte no es. ¿qué harías?
-Continuaría haciendo política sin un cargo de elección popular, construyendo una nueva mayoría desde las comunidades. Pero las implicaciones de un fallo favorable al Estado serían negativas para el continente. Seguirían las inhabilitaciones y una espada de Damocles pendería sobre la cabeza de los candidatos con posibilidades de éxito.
-Si la sentencia es favorable y el Estado no acatara.
-Está obligado a acatarla porque participará en el juicio y la Constitución establece que la decisión es vinculante. Si la sentencia se da en términos inequívocos, sin que se preste a interpretaciones de lado y lado, no hay manera de que se niegue a acatarla. En el mundo están cayendo gobiernos ante el avance de los derechos humanos y de la democracia. Y eso, aunque ocurra a 10 mil kilómetros, es la vuelta de la esquina. Sobre todo por las vinculaciones del Gobierno con países censurados por sus prácticas autoritarias y asesinas. (Libia)
-¿Si el fallo resulta favorable y el Gobierno lo acata?
-Evaluaría cómo materializar la reconquista de mis derechos. Es decir, si participo en un proceso electoral. ¿Para qué espacio? Sería algo a decidir en su momento.
-¿Me estás diciendo que aúno sabes si serás candidato a alcalde o a presidente?
-Primero debo restituir mis derechos, entonces decidiré.
