Desde 2009 un grupo creciente de economistas venezolanos, de trayectoria académica y/o experiencia en el sector público, de distintas generaciones y regiones del país, hemos dado a conocer nuestros puntos de vista coincidentes en documentos colectivos, disponibles en
www.pensarenvenezuela.org.ve. Los problemas económicos, políticos y sociales tratados en anteriores oportunidades probaron ser persistentes, agravándose ante las políticas seguidas por el gobierno nacional. Abordaremos en este documento un breve análisis de la política económica y petrolera, que luego de varios años, ha causado la serie de problemas críticos que ahora enfrenta Venezuela y que han hecho imposible abastecer al país con mayor producción nacional, estabilizar los precios y contar con un mercado cambiario funcional. Esta situación ha originado un grave problema socioeconómico de desabastecimiento y de escasez generalizada de productos alimentarios, medicamentos, equipos, maquinaria e insumos para las distintas actividades productivas del país.
Los desequilibrios acumulados en materia fiscal, monetaria y cambiaria de la última década se manifiestan en una tasa de inflación anual de las más altas del mundo, una escasez desbordada, un déficit del sector público consolidado excesivamente alto, el indebido e inconstitucional financiamiento monetario del BCV del déficit público y una severa restricción en la entrega de divisas petroleras al BCV por parte de PDVSA. Estas divisas petroleras, a su vez, se administran bajo un régimen de control de cambio propenso a la corrupción, en medio de un amplio diferencial cambiario entre la tasa oficial y la tasa no oficial, promovido por la misma política de gasto público deficitario con financiamiento monetario. Se trata de un auténtico círculo vicioso de prácticas gubernamentales incapaces de proveer estabilidad económica a Venezuela.
Cualquier futura estrategia de rectificación y recuperación económica en Venezuela deberá concentrarse en atender con sensatez y sensibilidad social la causa de los desequilibrios económicos y no en realizar campañas mediáticas para mostrar parte de las consecuencias de las políticas erradas por varios años y señalar a presuntos culpables, quienes, evidentemente, responden a los mismos perversos incentivos derivados de las políticas gubernamentales.
1. Los serios problemas económicos del 2014 no son coyunturales, se han acumulado y agravado. Hasta 2008 el gobierno de Hugo Chávez presentó como resultados favorables de su gestión el crecimiento de la economía, la reducción del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad en la distribución del ingreso. Argumentó reiteradamente que dichos resultados eran consecuencia del control directo que se ejercía sobre PDVSA desde 2003 y sobre el BCV desde 2005, así como de la sucesiva creación de Misiones sociales desde 2003. Los problemas económicos que se mantuvieron sin resolver, como la inflación y la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial (que condujeron mayores importaciones, en reemplazo de la producción nacional y a la pérdida de valor del bolívar ante el dólar en el mercado no oficial), fueron atribuidos por el gobierno a desviaciones capitalistas, campañas de opositores políticos y especuladores. En 2007 el presidente Chávez se declaró socialista del siglo XXI, de corte guevarista y maoísta, e inició un proceso de expropiaciones y de ampliación de los controles de cambio y precios vigentes desde 2003.
A partir de 2012, a los problemas de inflación y mayor dependencia de las importaciones de toda clase de productos antes elaborados en el país, se sumaron una ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el no oficial, además de escasez persistente de alimentos, medicinas e insumos básicos para producir bienes de primera necesidad y para el sector construcción. El gobierno de Nicolás Maduro, con el apoyo del Directorio del BCV, afirmó que no hay “razones económicas” para la inflación de 56,2% que sufrimos durante el 2013, ni para una escasez que alcanzó el 22.2% en diciembre de dicho año. Situación que llevó a posponer la publicación detallada de estadísticas de precios y escasez desde noviembre. El Gobierno tampoco admitió “razones económicas” para el comportamiento del tipo de cambio no oficial o paralelo, cuyo impacto negativo sobre los precios descartan, ni para la rápida caída del ritmo de crecimiento de la economía. Sin embargo, y aunque el gobierno prefiera presentarse como víctima de una presunta “guerra económica”, existen bien conocidas y documentadas razones económicas para esta difícil situación socioeconómica de Venezuela.
Desde el 2010 el acentuado deterioro de sectores productivos públicos y privados, las fallas del régimen de control de cambio y los manejos fiscales-monetarios distantes de la sensatez y las pautas de la Constitución, se han hecho sentir sobre la población. En este nuevo documento público, retomamos cuatro aspectos centrales de la problemática económica descritas en previas presentaciones, no resueltos desde entonces y que ahora ejercen una influencia muy adversa sobre la situación económica del país.
Primero, es evidente que ya no existe la simple relación directa entre un precio del petróleo más alto y una mayor actividad económica venezolana, ni tampoco existe un mínimo control gubernamental sobre la presión inflacionaria, ni han podido organizar un mercado cambiario funcional y estable. Las distorsiones inducidas en la asignación de recursos en las actividades económicas (entre ellas sobrefacturación y contrabando), asociadas un control cambiario con amplia corrupción y la caída de reservas internacionales del BCV, debido a compromisos externos de PDVSA cercanos a un 50% de los ingresos brutos en divisas por exportación petrolera, comenzaron a deteriorar aún más el panorama económico del país a partir de la segunda mitad del 2012. Estas desviaciones de divisas petroleras fuera del BCV, se explican por grandes transferencias a fondos gubernamentales con cuentas en el exterior, al pago de los compromisos financieros adquiridos con China; y, entre otros factores, en la caída de ingresos de PDVSA por el financiamiento preferencial en ventas petroleras a largo plazo otorgado a Petrocaribe, Petrosur, Petroandina y Cuba.
Segundo, esta crisis no obedece exclusivamente a políticas económicas desacertadas sino a una conducción gubernamental sin respeto a límites legales en el área económica-financiera y a una concepción ideológica radical que justifica el fin revolucionario por encima de cualquier otra consideración en una democracia moderna, abierta al escrutinio público. Se trata de una crisis económica causada simultáneamente con el deterioro de una institución pública clave, el Banco Central de Venezuela, el cual ha tenido 4 presidentes designados en menos de un año. Otras instituciones fueron deliberadamente convertidas en entes inoperantes, como fue el caso del Fondo de Estabilización Macroeconómica, bajo el Gobierno de Hugo Chávez. De hecho, la profundización y ampliación de controles cambiarios, de precios y de las ganancias, que ahora se propone, desconoce toda la experiencia internacional en contra de dicha respuesta gubernamental a una crisis cambiaria, de más controles distorsionantes, y refleja más bien los prejuicios ideológicos provenientes de la llamada “lucha de clases”, citada por voceros oficiales y promovida por el fracasado socialismo marxista.
Tercero, desde 2009 la pérdida de la eficacia productiva y del potencial de producción en prácticamente todos los sectores de la economía, agravada por restricciones al acceso oportuno de divisas, se ha convertido en un impedimento más para el amplio y normal abastecimiento con producción nacional; también impide la generación de empleos estables y mejores remuneraciones a los trabajadores que no sean menguadas por la inflación. En Guayana, las empresas básicas han reducido alarmantemente su producción y su capacidad potencial en los últimos años. Siguen operando con fuertes pérdidas y baja calidad gerencial, lo que en conjunto impide la nueva inversión y renovación tecnológica. Algunas empresas estatales subsisten con transferencias de recursos desde el Gobierno Central, el Fondo Chino (préstamo a ser pagado con petróleo) y el inflacionario financiamiento monetario del BCV. El sector eléctrico también refleja la debilidad y vulnerabilidad de las empresas públicas antes mencionadas y no puede haber desarrollo sostenido de actividades económicas sin alta inversión y gerencia eficaz en el sector eléctrico.
Cuarto, el sector agrícola, base de la producción nacional de alimentos, sigue seriamente golpeado por la política de expropiaciones, confiscaciones e importaciones masivas de alimentos por parte del Estado (un 30% pasa vía contrabando a países vecinos según declaración reciente de un alto funcionario gubernamental); por los controles de precios, rezagados respecto a la presión inflacionaria sobre los costos y por la nacionalización de Agroisleña, empresa clave de servicios al sector agrícola privado; además, el potencial productivo del sector agrícola también se ha reducido drásticamente. En este sector la absoluta mayoría de las nuevas unidades estatales de producción socialistas han fracasado.
Estos puntos anteriores fueron descritos, desde 2009, como obstáculos en previos documentos difundidos por economistas venezolanos y lamentablemente siguen teniendo vigencia. La política gubernamental no sólo no ha resuelto estas dificultades, sino que ha permitido que se agraven con el tiempo.
2. Los problemas en la industria petrolera y su impacto sobre la crisis cambiaria. Entre 2012 y 2013 las exportaciones petroleras representaron 96,3% del total de exportaciones del país, la más alta tasa de dependencia jamás registrada desde que en 1950 se comenzaron a llevar las cuentas nacionales. El precio del petróleo promedio anual ha mantenido una trayectoria alcista desde 2002 hasta 2012, con la excepción de 2009 y 2010. En 2013 el precio de la canasta de exportación venezolana fue de US$99,49. Aún así, el Plan Siembra Petrolera anunciado en 2006 con una meta de producción de 5.800.000 de barriles diarios (b/d) para 2012 no avanzó en sus objetivos. La petrolera estatal produjo en 2013, según cifras provistas por empresas internacionales que siguen el comercio petrolero, unos 2.645.000 b/d de crudo, más unos 100.000 b/d de condensados. Es decir, menos de la mitad de la meta del Plan Siembra Petrolera. Este monto de producción de 2013 cayó 1,7% respecto a 2012. Distintos entes internacionales han alertado sobre la sistemática diferencia entre las cifras observadas en el comercio internacional y las provistas por el gobierno venezolano, que ha mantenido un alto perfil de noticias manejadas con sentido político y propagandístico.
Las exportaciones petroleras del 2013 fueron según las fuentes señaladas, de 1.928.000 b/d, lo cual revela un significativa caída de 6,4% respecto a las exportaciones del 2012. Las exportaciones totales, al precio promedio de la canasta venezolana de 2013 de $99,49 el barril, lleva a estimar el total de ingresos por exportación en US$70.013 millones, cifra substancialmente por debajo de la estimación de 2013 de US$84.000 millones, que se deriva de las cifras disponible de balanza de pagos del BCV (limitado a usar los datos provistos por el Ministerio de Energía y Petróleo). El Directorio del BCV además de decidir postergar la publicación de las cifras en detalles de precios de noviembre y diciembre, también suspendió o postergó la presentación del Informe de Fin de Año sobre la economía en 2013, por lo que contamos con insuficiente información oficial para dilucidar estas grandes y preocupantes diferencias en el valor y volumen de las exportaciones petroleras.
Por otra parte, el deterioro de las grandes refinerías venezolanas por falta de mantenimiento y experticia, corroborado por la frecuencia de los accidentes que paralizan parcialmente algunas instalaciones; y el aumento del consumo nacional, incluyendo un elevado contrabando de extracción a países vecinos, tuvo como consecuencia que las importaciones de derivados se elevaran a 165.000 b/d en 2013, un aumento de 8,2% respecto a 2012; adicionalmente, las importaciones de crudo para ser usado como diluyente de petróleo extra-pesado se estiman en 15.000 b/d en el 2013; estas importaciones tuvieron un costo total estimado en US$8.400 millones. Estas crecientes cifras de importaciones de productos y crudo en nuestra actividad económica dominante, reducen el ingreso neto por exportaciones petroleras y dichas importaciones representan ahora dos veces y media el monto de nuestras menguadas exportaciones no petroleras, reducidas a un estimado de US$3.300mills en 2013. Además de crecientes importaciones de nafta y otros componentes para producir gasolina, hay grandes importaciones de gasoil y diesel para plantas eléctricas, diseñadas para utilizar gas, que tampoco se produce en cantidades suficientes para abastecer el mercado nacional (ahora producen un 20% de la generación eléctrica).
El balance financiero de PDVSA del 2012, el último disponible, revela que la empresa ha sido incapaz de pagar con regularidad a contratistas y proveedores. Al cierre del 2012 había acumulado cuentas por pagar a contratistas y proveedores por US$16.747 millones, cifra que siguió elevándose en 2013, lo cual sin duda incidió adversamente en el desempeño de la producción y exportación descrito anteriormente. También, debido a su restringida capacidad financiera, ha venido acumulando deudas por pagar con socios y contratistas de las empresas mixtas, estimadas a finales de 2013 en casi US$10.000 millones, aunque parte de estas deudas fueron titularizadas y convertidas en financiamiento de socios a PDVSA, ahora con pago de intereses.
Son notorios los reclamos de los socios internacionales sobre la falta de recursos humanos calificados y fondos en PDVSA para mantener los planes de inversión conjuntos, necesarios para elevar la capacidad de producción de crudo y productos refinados. Por el contrario, las fuentes de comercio internacional indican una tendencia a caer en la producción y exportación propia de PDVSA de crudos ligeros y medianos, compensada parcialmente por la mayor producción de crudos extra-pesados en los consorcios de la Faja del Orinoco; aunque sin contar con nuevos mejoradores de estos crudos, que son los que elevan su valor agregado y su precio internacional.
Otra señal inequívoca de dificultades financieras en PDVSA, es que no ha podido cumplir con las obligaciones fiscales con sus propios recursos financieros, a pesar de altos precios del petróleo; y desde 2010 recurrió a entregar pagarés al Tesoro Nacional como medio de pago de sus obligaciones fiscales. Este ente los ha intercambiado por efectivo en el BCV, autorizado por otra modificación a la Ley del BCV en 2010, que claramente viola el artículo 320 de la Constitución que establece que el BCV no convalidará políticas fiscales deficitarias. En el cuadro de fuentes de base monetaria se registra al final del 2013 un monto de BsF. 407.827 millones (US$64.734millones) de créditos netos acumulados a PDVSA, un incremento de 146,5% respecto a 2012; y BsF. 21.254 millones (US$3.373 millones) para empresas no petroleras, un incremento anual de 37% en un año; ambas cifras cubren los respectivos déficit de caja de PDVSA, a la cual el BCV proporcionó casi US$40.000 millones en financiamiento monetario en 2013; y de empresas básicas de Guayana y otras empresas socialistas no petroleras.
El acuerdo que PDVSA promueve recientemente con el BCV para intercambiar acciones de una empresa de explotación de oro por los pagares acumulados en manos del BCV, valoradas dichas acciones en dólares a la tasa SICAD, apunta a reducir los enormes pasivos contables de la estatal petrolera en su balance financiero por dichos pagares, pero no reduce en nada el problema monetario-cambiario originado, ni resuelve las enormes necesidades de financiamiento en bolívares presentes en 2014 de la principal empresa del país.
La consecuencia, universalmente conocida, del financiamiento monetario del banco central al gasto deficitario de empresas del sector público, es la presión alcista en el mercado cambiario (no oficial) e inflación más alta. Es aquí donde la crisis cambiaria o de balanza de pagos se comienza a tornar en una crisis social, además de deteriorar aún más el aparato productivo nacional, bajo un asfixiante régimen de control de precios y de cambio, muy rezagado en suplir divisas al sector privado; además, con una amplia demanda de divisas, alimentada por la rápida expansión de la masa monetaria (creada para financiar el déficit de PDVSA y de otras empresas) y un creciente diferencial cambiario sobre la tasa no oficial.
Esta especie de círculo vicioso, de centrífuga muy perjudicial, de déficit público, restricción en entrega de divisas petroleras al BCV, emisiones de dinero sin respaldo del BCV, depreciación del bolívar y elevación de la inflación y caída de salario real; para luego tener un nuevo impacto alcista sobre el déficit del sector público, constituye un gran desafío a la política económica actual, de escasa coherencia económica y renuente a atacar las causas de estos graves problemas.
La estabilidad económica y social de Venezuela se ve seriamente amenazada en 2014 de continuar este perverso círculo de políticas erradas, además de elevar la percepción de riesgo país, acompañada de una política comunicacional que intenta promover la desviación de la responsabilidad central del Gobierno hacia otros actores secundarios, a través de la amplia red de medios de comunicación sujetos a la influencia de la propaganda oficial.
En realidad estamos ante una crisis cambiaria compleja de grandes dimensiones, originada por excesos con recursos fiscales y petroleros dentro y fuera del país, que han causado una altísima sobrevaluación en la tasa de cambio oficial. La tendencia a mantener una tasa de cambio oficial sobrevaluada en la última década llevó al Gobierno a exigir, bajo distintos mecanismos de aportes a cuentas externas, una mayor proporción de los ingresos en moneda extranjera de PDVSA, creando desde 2010 una aguda limitación financiera en esta empresa y restringiendo el suministro de divisas petroleras al BCV y por tanto a CADIVI. Para cubrir el déficit de caja creado en la estatal petrolera y sin detenerse en consideraciones sobre sus desastrosas consecuencias inflacionarias, cambiarias y sociales, se recurrió al ya explicado financiamiento monetario, vía el BCV, del déficit en bolívares de PDVSA y de otras empresas públicas, violando además los artículos 318 y 320 de la Constitución Nacional.
3. La rectificación en política económica para el bien de Venezuela. El impacto de la devaluación del bolívar de febrero 2013 y de enero 2014 sobre los precios al mayor y al consumidor, acompañada por la limitada e irregular entrega de divisas al sector privado y la rápida depreciación del bolívar en los mercados no oficiales de las fronteras, llevó a elevar la expectativas privadas sobre el costo de reposición de mercancías importadas. Estas circunstancias cambiarias confusas también suelen ser acompañadas por fraudes y prácticas especulativas. Los precios en bienes importados o nacionales con componentes importados, se dispararon de tal manera, que el poder de compra del venezolano comenzó a caer rápidamente.
La respuesta gubernamental desde finales del 2013, de centrarse en atacar y pretender controlar parte de las consecuencias de los problemas económicos previamente descritos, al sancionar con amplio despliegue mediático algunos casos de especulación y el fraude cambiario, práctica generalizada aún dentro de las compras del sector público, evidentemente no enfrenta las causas económicas primarias de las alzas de precios, el desabastecimiento y la escasez creciente de bienes de consumo, equipos, repuestos e insumos intermedios para la industria, agricultura y construcción.
Las dificultades de suministro de bienes importados a los consumidores no terminan con el problema de la restricción en la entrega de divisas a los importadores. Las importaciones registradas a tasa oficial sufren sistemáticamente de sobrefacturación o fraude cambiario, estimada por analistas dentro y fuera del Gobierno en aproximadamente un tercio del total. Esto suele ocurrir en los regímenes de control de cambio cuando su uso se prolonga en el tiempo y es muy difícil de reducir con funcionarios que tienden a pasar a participar, impunemente, en la corrupción cambiaria, tal como fue narrado por un destacado periodista de Venezolana de Televisión, directamente vinculado al sector oficialista, en mayo de 2013.
Van 11 años desde el establecimiento de CADIVI y las distorsiones inducidas en los sectores productivos han sido muy negativas para el desarrollo económico del Venezuela. Cambiar el nombre a la misma plataforma tecnológica y cuerpo de funcionarios, no va a hacer al Centro Nacional de Comercio Exterior menos propenso a prácticas de corrupción impunes, ni permitirá detectar la fallas de suministros de decenas de miles de insumos y productos, cuya ausencia o retraso detienen líneas de ensamblaje y paralizan el abastecimiento a las redes de distribución nacional. La respuesta del consumidor preocupado por la ausencia cíclica o permanente de algunos productos es comprar una mayor cantidad de bienes. Esto, nuevamente, es una consecuencia y no una causa primaria del problema económico. Detener este proceso de deterioro económico y social debería ser la prioridad de un Gobierno con genuina sensibilidad social.
Además, para agravar la crisis de escasez, tanto en las importaciones privadas como en las públicas, así como con los bienes nacionales sujetos a regulación de precios por debajo de costos de producción, se observan rutas de contrabando, bien establecidas con alto tráfico, hacia los mercados de los países vecinos, así como para los mercados negros locales. Los diferenciales de precios reales entre los bienes e insumos en bolívares (muy bajos a la tasa no oficial) y los internacionales, han convertido la tarea de mantener el suministro normal de productos e insumos dentro del país, en una misión prácticamente imposible de lograr.
En una economía abrumada por controles cada vez más ineficaces en sus objetivos, la corrupción florece y crea grandes fortunas compartidas entre funcionarios y oportunistas del sector privado; todo esto ocurre bajo los perversos incentivos originados en la ineficiente asignación de recursos, fomentada por la misma política oficial de controles, para fines más políticos y electorales que económicos. La inflación en alza y las amplias distorsiones cambiarias empobrecen más a los pobres y aumentan la riqueza de los pocos que tienen acceso a ahorros en moneda dura, lo cual deteriora rápidamente la distribución del ingreso nacional. De continuar el Gobierno en el presente curso, los problemas económicos de los venezolanos se agravaran en forma dramática. El alza sostenida de los precios, la caída del ingreso real, las limitadas oportunidades de empleos bien remunerados y la escasez de alimentos, medicinas y una variedad de bienes de uso frecuente, harán de la vida de los venezolanos un proceso de empobrecimiento y padecimiento por pesadas dificultades económicas, todas relacionadas entre sí.
El camino a la solución de los problemas petroleros y económicos descritos, la verdadera causa, se puede iniciar con la reorganización del flujo de divisas de PDVSA, lo cual debe facilitar el aumento de la capacidad de producción petrolera y aumentar el suministro de divisas al BCV, el cual fue de 98% del total de las exportaciones petroleras antes de 1999; y fue disminuyendo hasta representar sólo 53% de las exportaciones en los tres primeros trimestres de 2013. No obstante, es imperativo establecer simultáneamente un balance fiscal en el sector público (reducción del enorme déficit) con disciplina monetaria (eliminar el financiamiento monetario del BCV al sector público), para poder orientar la política económica a alcanzar un régimen cambiario con una sola tasa de cambio, con libre convertibilidad y acceso a divisas, tal como lo disfrutan hoy Bolivia y Ecuador, países del ALBA con mucho mejor sentido de responsabilidad fiscal y estabilidad económica.
Las reservas internacionales deben elevarse al recibir el BCV nuevamente un alto porcentaje de las divisas por exportación petrolera; y la República y PDVSA deben diseñar un plan inmediato de recuperación pronta de las enormes cifras de ventas petroleras financiadas a largo plazo o en morosidad, a varios países de la región. Estos son lineamientos básicos, para buscar una solución definitiva a la crisis cambiaria, aumentar la oferta de divisas en forma racional a la economía nacional y contribuir a un plan de corto y mediano plazo para acabar con el desabastecimiento/escasez y bajar la inflación.
Las políticas aisladas, tomadas únicamente por razones fiscalistas, tales como devaluar o incrementar el precio de la gasolina, sólo generan malestar en la población sin resolver el problema de fondo del desbalance fiscal y sin frenar el círculo vicioso de más controles, menor producción, más contrabando y corrupción, causando mayor inflación y escasez, lo cual impide el desarrollo de una economía productiva y una sociedad próspera. Es necesaria una política económica coherente, sin prejuicios ideológicos arrastrados del siglo XX, que enfrente de modo gradual y decidido los problemas económicos acumulados en los últimos 10 años.
Un sector petrolero fuerte y en crecimiento, una política cambiaria adecuada y sostenible, conjuntamente con un sólido balance fiscal transparente (sin fondos públicos en divisas en el exterior para gasto extra-presupuestario discrecional) es compatible con una amplia política social contra la pobreza, un banco central autónomo y distante de financiar el déficit público. Instituciones sólidas y respetadas, con políticas sanas, son condiciones esenciales para reducir la inflación y el endeudamiento, elevar el salario real y estimular el crecimiento de la producción nacional, para así alcanzar una estabilidad económica duradera. Al alcanzar la estabilidad económica Venezuela podrá entonces contar con capacidad para elevar su producción de bienes servicios e insertarse exitosamente en el MERCOSUR, lo cual hará también necesario un entendimiento entre el sector público y sector privado.
Gracias a esta clase de estabilidad económica, las políticas sociales han podido cumplir con mayor efectividad sus objetivos en casi todos los países grandes y pequeños de América Latina, contribuyendo a mejorar efectivamente la calidad de vida de sus habitantes y a protegerlos de los males que nos agobian hoy a nosotros en Venezuela. Inculcar el valor de vivir del ingreso provisto por el trabajo propio y no de la renta administrada por el Estado, exige un marco de política económica y petrolera muy distinta al actual. Confiamos en que el interés nacional lleve al gran esfuerzo de rectificar en estas áreas, de la cuales depende el bienestar presente y futuro de los venezolanos.
47 economistas venezolanos con trayectoria académica y/o experiencia en el sector público suscriben este documento: Sary Levy, Patricia Hernández, Orlando Ochoa, Ronald Balza, Tamara Herrera, Ángel García Banchs, José Guerra, Asdrúbal Oliveros, Isaac Mencia, Alejandro Grisanti, Richard Obuchi, Víctor Olivo, Pedro Palma, Domingo Sifontes, Francisco Ibarra, Gustavo Rojas, Luis Carlos Palacios, Henkel García, Héctor Silva Michelena, Adicea Castillo, Teodoro Petkoff, Eduardo J. Ortiz F., Humberto García Larralde, Neuro Villalobos, Francisco Faraco, Tarquino Barreto, Héctor Malavé Mata, Luis Oliveros, Edison Morales, Luis Beltrán Petrossini, Alejandro Gutiérrez, Alcides Villalba, Marcos Morales Quintero, Gustavo Guevara, Jesús Cacique, Édgar Cárdenas Medina, Pablo Polo, León Sarcos, Gustavo Machado, María Alejandra Paublini, Jorge Sánchez Meleán, Rafael Piña Pérez, Edison Medina Jiménez, Alberto Castellano, Douglas Ramírez, José Manuel Puente, Antonio Paiva, Marcos Sandoval.
Caracas, jueves 30 de enero 2014
